Política

Dictadura va contra financieras y microfinancieras: Gustavo Porras advierte “ordenamiento”

El presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, adelantó que —una vez concluido el “proceso de ordenamiento” de las organizaciones no gubernamentales, que ha dejado 273 oenegés canceladas desde 2018— continuarán con el “ordenamiento” de financieras y microfinancieras que actualmente se encuentran registradas como organismos sin fines de lucro ante el Ministerio de Gobernación (Migob).

“Hay más de tres decenas de organismos que se dedican a los aspectos de financiamiento, a dar préstamos, y jurídicamente nacieron como organismos sin fines de lucro. A todas luces tienen una actividad lucrativa y a partir de esa actividad lucrativa ellos reportan todos sus balances a la Siboif (Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras) y a la Conami (Comisión Nacional de Microfinanzas)”, expresó el legislador durante una entrevista retransmitida por el Canal Parlamentario.


Según lo expuesto por el diputado Porras, el “ordenamiento” de las financieras y microfinancieras será a través de una ley similar a la Ley Especial para el Cambio de Régimen de Personas Jurídicas, que fue aprobada semanas atrás y mediante la cual cinco clubes sociales que estaban registrados como organizaciones sin fines de lucro fueron trasladados al régimen mercantil.

Todas estas financieras y microfinancieras “cumplen con sus deberes frente a los organismos reguladores de la actividad financiera, pero no lo hacen frente al Ministerio de Gobernación”, advirtió Porras. “Entonces, nosotros no vamos a actuar sobre ellas —porque al no cumplir ante Gobernación debiéramos de cancelar la personería— pero tampoco somos ciegos ni somos irresponsables”, continuó.

“Todo seguirá funcionando igual”, según Porras

De acuerdo con el legislador, en la Asamblea Nacional ya se está trabajando un proyecto de ley sobre la materia y cuando el documento esté listo será consultado con los organismos reguladores del sistema financiero y con los socios de las financieras y microfinancieras que se  serán afectadas “para que estén tranquilos”.

“Ellos van a seguir operando —incluso— siguen siendo supervisados, regulados, regidos por la Conami y la Siboif. Lo que no puede ser es que tengan una personalidad jurídica de organismos sin fines de lucro, porque no lo son y esa cobija puede prestarse a confusiones y en —algunos casos— a que no cumplan con sus obligaciones tributarias”, comentó Porras.

En la práctica “todo tiene que seguir funcionando igual”, señaló el legislador. Por eso, el primer paso fue la identificación de las organizaciones que serán cambiadas al régimen financiero y ahora se pretende continuar con entrevistas a los socios.

“Vamos a ir entrevistándolos a partir de la Conami y de la Siboif, y vamos a ir avanzando hasta que vayamos viéndolos uno a uno. Estos organismos tienen —incluso— refinanciamiento del exterior y si tomamos acciones ahí puede haber una preocupación, nosotros no queremos eso y por eso queremos imponer tranquilidad en cuanto al funcionamiento de estos organismos”, agregó Porras.

Para el diputado Porras, el cambio que se pretende realizar a las financieras y microfinancieras “no tiene por qué tener” ningún impacto en los créditos, ya que todas estas organizaciones “se han venido apegando a las regulaciones de las instituciones financieras” del país.

La cruzada contra los organismos sin fines de lucro

En los últimos cuatro años el régimen de Daniel Ortega ha anulado 273 organizaciones de sociedad civil, 199 solo en lo que va de 2022. A todas ellas el Migob las acusó por supuesto incumplimiento con la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y su reglamento, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y recientemente con la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, que entró en vigencia el pasado 6 de mayo.

Según el diputado Porras, actualmente hay cerca de 7000 organismos sin fines de lucro inscritos ante el Migob, de los cuales “hay una gran cantidad, 6000 y tantos, que están en incumplimiento de sus obligaciones” legales.

“Lo que estamos haciendo es avanzando, llamando a que cumplan y aquellos que no aparecen, o que no cumplen, se pasa a la cancelación”, comentó Porras.

Redacción Confidencial

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