Política

El silencio y la intimidación: respuestas a la investigación de CONFIDENCIAL

Dos policías vestidos de civil fueron a la casa del periodista de CONFIDENCIAL cuando se consultó a la Presidencia sobre hallazgos de investigación

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha callado durante los últimos seis meses frente a los hallazgos de esta investigación periodística de CONFIDENCIAL, que revela el grupo empresarial de los negocios de su familia, constituido por 22 empresas, en las cuales participan cinco abogados y dieciocho ejecutivos cercanos como socios, accionistas o testaferros.

La mañana del 6 de agosto de 2021, la vicepresidenta Murillo recibió, en su correo electrónico oficial, un cuestionario de CONFIDENCIAL con los principales cuestionamientos tras meses de indagación, cuyos hallazgos están soportados en documentos del Registro Mercantil de Managua y análisis de datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). La siguiente respuesta del hermético régimen fue la intimidación.

Cuatro horas después de enviar el correo, dos policías vestidos de civil llegaron a la casa del periodista Octavio Enríquez, asignado a la investigación, quien no se encontraba en su casa. Sin embargo, los oficiales advirtieron a la familia que él debía presentarse en la Fiscalía a una cita urgente.

El 20 de agosto, el reportero reveló que había tomado la decisión de exiliarse. Decenas de reporteros, incluido Enríquez, han sido objeto de persecución durante la escalada represiva iniciada a finales de mayo, la misma que inició con la incursión de la Policía en las oficinas de CONFIDENCIAL, por segunda vez desde 2018, y posteriormente el allanamiento ilegal de la casa del director Carlos Fernando Chamorro, bajo falsas acusaciones.

Estas son las preguntas que Murillo evitó responder:

1. Una investigación de CONFIDENCIAL, basada en escrituras públicas y actas de juntas directivas, ha comprobado que existen al menos 22 empresas relacionadas con miembros de la familia Ortega Murillo, que operan en estrecha relación con el Estado. ¿Cuál es la relación y participación de la pareja presidencial con estas empresas?

2. ¿Qué papel tienen en esta red de compañías privadas los accionistas Yadira Leets, José María Enríquez Moncada, José Mojica Mejía, Mayling Patricia Alegría Doña y Eduardo Germán Morales?

3. Si el Gobierno de Ortega se propuso la recuperación de empresas para el Estado de Nicaragua como DNP-Petronic, ¿por qué esta empresa está bajo control de miembros de la familia presidencial, después que fue adquirida con fondos de la cooperación estatal venezolana?

4. El abogado José María Enríquez Moncada, directivo de varios canales privados de televisión, controlados por miembros de su familia, adquirió el 30% de las acciones de la empresa Xinwei Intelcom NIC S. A. ¿Qué relación tiene la pareja presidencial con Enríquez Moncada y Xinwei Intelcom NIC S.A.?

5. ¿Por qué NEPISA, una empresa privada, relacionada con miembros de la familia presidencial, representa a Canal 6 si esta es una televisora estatal?

6. Según el artículo ocho de la Ley de Probidad, están prohibidos los nombramientos que tengan parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con la autoridad que hace el nombramiento. ¿Cómo justifica el nombramiento de al menos seis funcionarias y funcionarios, relacionados familiarmente con la pareja presidencial, en su Gobierno, en violación a la ley?

7. El artículo 130 de la Constitución establece la prohibición directa de contratar con el Estado a los funcionarios públicos o de obtener alguna concesión estatal. Tampoco pueden actuar como gestores y apoderados de empresas en el mismo tipo de casos descritos anteriormente. Sin embargo, las empresas privadas que gestionan varios miembros de la familia presidencial han suscrito contratos con el Estado. ¿Investigará su Gobierno estas violaciones a la ley y la Constitución?


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