6 de abril 2021
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Los abusos de derechos humanos cometidos en 2018 provocaron que Nicaragua se asomara a un abismo y no se avizora por ahora una luz al final del túnel. Esta es la conclusión del peruano Jorge Valladares, investigador de Transparencia Internacional (TI), quien observa un proceso de “autocratización y captura del Estado” en el caso nicaragüense.
Valladares trabaja en el área de reforma democrática, en que analizan temas como financiamiento político, elecciones y parlamentos como parte del equipo del secretariado Internacional de TI en Berlín, Alemania.
El menú de temas sobre Nicaragua es variado: desde corrupción hasta la opacidad con la que los partidos administran sus ingresos. La nación ocupó en enero pasado el puesto número 159 entre 180 países en el informe sobre percepciones de corrupción que este organismo realiza cada año y en el cual no se observa mejoría desde hace hace más de una década hasta ubicarse a la par de naciones como Venezuela y Haití con problemas severos de este flagelo.
La situación del país es consecuencia de un modelo, cuya herencia en el caso del régimen de Daniel Ortega, que busca la reelección en noviembre próximo y que ha sido denunciado por el abuso de los fondos estatales, violaciones a derechos humanos y la impunidad.
“Autocratización y captura estatal se mitigan con pluralismo político y genuina competencia en el acceso al poder, y control sobre el ejercicio de dicho poder. El camino hacia ese pluralismo competitivo pasa por unas elecciones libres, con reglas justas. ¿Nicaragua se conduce hacia una reforma electoral creíble? Muy poco parece indicar que sea así”, expresa en esta entrevista con CONFIDENCIAL.
Cuando uno revisa los informes de Transparencia Internacional hay países que nunca avanzan en los índices de percepción de corrupción como Nicaragua, ¿por qué?
El deterioro de las percepciones sobre la corrupción en Nicaragua acumula ya una década En términos de nuestro índice, el país cae desde 2012. Obviamente el agravamiento de la corrupción ha crecido a la par que la concentración de poder. Es por tanto un problema estructural que se manifiesta tanto en el servicio público que da la cara al ciudadano, hasta en las reglas del juego para la inversión privada. La calificación de Nicaragua en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional cae en ambos casos.
¿Cuando usted usa el verbo caer a qué se refiere en el caso nicaragüense?
Me refiero a un problema estructural. Hay indicios de que la función estatal de proveer servicios y bienes públicos para el beneficio de toda la nación, de toda la población, ha sido capturada, deformada, por la concentración de poder de quién está ejerciéndolo en este momento. Lo que está pasando en Nicaragua, similar a lo que ha pasado en Guatemala, Venezuela y otros países de la región —también en Sudáfrica, Vietnam— es que el Estado ha dejado de servir a la sociedad en su conjunto y los resultados de la acción estatal se están privatizando de facto. Es decir, están siendo apropiados, ya sea por determinados grupos económicos, políticos, etc. Lo que estamos viendo en Nicaragua, es que además de haber dejado de ser una democracia libre, también es un caso de captura estatal, no solo de corrupción. Es más profundo.
Por las condiciones que uno percibe desde afuera es un caso de los más agravados en América Latina de autocratización. Nicaragua ya ha dejado de ser una democracia libre, abierta, competitiva, plural, lo cual representa un retroceso significativo. Pero hay dictaduras que producen desarrollo en otros lugares del mundo. Sin embargo, además de haber dejado de ser una democracia, Nicaragua corre el riesgo de ser un Estado que funcione.
¿Hasta dónde puede llegar este proceso si se agudiza?
Los procesos de captura estatal son difíciles de revertir. Hay que ver lo que ha ocurrido en el vecindario como Venezuela y Honduras donde la pérdida de calidad democrática ha permitido que organizaciones criminales capturen instituciones del Estado, incluido el poder judicial, para su propio enriquecimiento. Capturas de este tipo conlleva una inestabilidad profunda.
La preservación de estos grupos en el poder con frecuencia requiere de más control y abuso, que puede ser violento. Hay que evitar por sobre todo un escenario de conflicto social con pérdidas de vidas humanas, como la que vemos hoy en Birmania y hemos visto en la propia Nicaragua hace poco más de dos años.
Nicaragua se asomó al abismo en el 2018. La profundización de esa situación es lo que se quiere evitar. Una cosa clara para los países es que esa decisión de tocar fondo es bien relativa: siempre es posible para los países descender en profundidad aún mayores. Me parece que la dirección de las reformas, del proceso político nicaragüense, no está en la dirección contraria a ese abismo que conoció en 2018.
¿En qué ruta ve usted el proceso de deterioro nicaragüense?
Autocratización y captura estatal se mitigan con pluralismo político y genuina competencia en el acceso al poder, y control sobre el ejercicio de dicho poder. El camino hacia ese pluralismo competitivo pasa por unas elecciones libres, con reglas justas. ¿Nicaragua se conduce hacia una reforma electoral creíble? Muy poco parece indicar que sea así.
En Confidencial, publicamos recientemente una investigación sobre los ingresos del partido de Gobierno en la cual se denunció la opacidad de la administración de los mismos, ¿por qué es importante que las organizaciones políticas transparenten sus finanzas?
El financiamiento de la política cumple dos funciones claves. En primer lugar, igualar el terreno, es decir que todos los que compiten en una elección tengan las mismas oportunidades. Necesitas un mínimo de condiciones para la competencia democrática. Sin ese mínimo, el dinero terminaría decidiendo quién es el ganador y no los votos. El otro objetivo, que es tan importante como el primero, es evitar el ingreso de intereses corruptos en el proceso de toma de decisiones, porque las campañas electorales abren una ventana grande de oportunidad para que intereses particulares corruptos puedan comprar voluntades, políticos. En Nicaragua ninguna de las dos se cumple.
En cualquier democracia que se respete, el donante se identifica y entrega dinero hasta cierta cantidad, lo que gastas los registras y tienes la obligación de declarar tus gastos e ingresos uno por uno a la Contraloría. En Nicaragua, lo único que se conoce son los estados financieros, un resumen que no da ninguna información sobre los intereses a los cuales los partidos políticos responden, ni en qué han gastado el dinero público. Estamos hablando de un montón de dinero público, y el ciudadano tiene derecho a saber.
Si uno hace una transacción por un banco existen controles. Pero si entrego el dinero al partido es mucho más seguro, porque los controles son tan débiles que son casi una invitación de pasar el dinero a través de la política para lavarlo.
Me parece que esto es importante en el contexto de la ley Putin (De Agentes Extranjeros). ¿Qué hace una sociedad para cambiar esto? Es ponerle la luz a este tipo de cosas. El trabajo que Confidencial ha hecho es extraordinario para que el ciudadano pueda entender qué intereses están ejerciendo influencia sobre nuestros representantes. Esa función la podrían ejercer organizaciones de la sociedad civil, pero para eso necesitan recursos. Si no pueden recibir ayuda de fuentes extranjeras están debilitando la posibilidad de construir, tener capacidad de darle al ciudadano control sobre su vida democrática.
¿Cómo llegó Nicaragua a esta situación? ¿Fue el populismo o la corrupción?
Cada pueblo tiene su propia historia y las respuestas se encuentran en esa historia. Me parece que hemos fallado en la región en que no hemos sabido construir instituciones al margen de liderazgos personales. El populismo en América Latina no es un problema nuevo. Hemos vivido con el caudillismo desde que tratamos de ser repúblicas independientes. Este personalismo ha trabado, ha impedido que podamos construir instituciones ante las cuales los ciudadanos podamos sentirnos iguales.
Construir instituciones no significa construir el edificio de un ministerio, significa el entramado de relaciones entre distintos grupos de ciudadanía, basadas en reglas iguales para todos, derechos y redes de protección social, que garanticen el acceso a la educación, salud y eso se logra por supuesto por la construcción de confianza en la sociedad, sino apartando y cerrando la entrada a la corrupción.
En las últimas décadas, y lo podemos ver en otras partes de América Latina, a partir del escándalo Odebrecht, estos procesos han sido interrumpidos por la corrupción. Me parece que la misma tiene un rol en este resurgimiento del populismo en la región, porque ha habido la oportunidad de privatizar de facto recursos públicos para beneficio personal.
¿Cómo valora el impacto de la corrupción en la vida de los ciudadanos, en casos como en Nicaragua donde todos los poderes del Estado se encuentran en manos de un solo partido?
La corrupción estructural convierte a los servicios públicos en bienes de lujo, inalcanzables. Hace ganadores a pocos, y nos hace perdedores a todos los demás. Y la captura estatal legaliza esta injusticia.
