15 de mayo 2019
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Un día después de que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia rechazara la creación de una Ley de Amnistía, como propuso la delegación del régimen de Daniel Ortega, el tema de la liberación de los presos políticos volvió a ocupar el centro del debate en el diálogo nacional, sin que hasta el momento salga humo blanco de las negociaciones que se realizan en el INCAE. Situación que, según los opositores, comienza a preocupar a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los representantes de la Alianza Cívica sostuvieron este martes una reunión vía Skype con siete de los ocho embajadores de la OEA, que forman parte del Grupo de Apoyo para Nicaragua. Los diplomáticos les explicaron el proceso que realizan en ese organismo regional para lograr una solución a la crisis sociopolítica nicaragüense.
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Mario Arana, delegado propietario de la Alianza Cívica en las negociaciones, indicó que el Grupo de Apoyo “está escuchando los dos puntos de vista que existen en el país” y la “preocupación” de los embajadores es el “tema de la voluntad política. ¿La hay o no la hay?, porque ellos también tienen que tomar decisiones sobre Nicaragua para apoyar a la salida (de la crisis)”.
El negociador expresó además que los embajadores promueven sanciones contra el régimen de Ortega y Rosario Murillo, debido a que “es un medio para restablecer la democratización del país, lograr que se respeten los derechos humanos y para que hayan libertades”.
El régimen insistió, una vez más, en el levantamiento de las sanciones internacionales, exigencia que Arana llamó: “mucho maniobreo político y poco compromiso”.
Presiona para la liberación de los presos políticos
Arana adelantó que posiblemente, antes de que finalice mayo, suscriban nuevos acuerdos para conseguir la liberación de los presos políticos, antes del próximo 18 de junio, fecha en que vence el plazo de 90 días estipulados en los primeros acuerdos entre las partes.
“Esperamos que en mayo realmente arranque la salida de los prisioneros políticos. Esperamos que con suerte podamos cerrar un primer combo de acuerdos —que son los que están sobre la mesa, que se han estado trabajando y que han sufrido estancamiento—, para luego entrar de lleno a los dos temas de sustancia que quedan, que son los de justicia y democracia”, dijo Arana.
“Nuevamente tocamos el asunto del tratamiento a los presos políticos, hicimos una queja formal porque tanto en la (cárcel) La Esperanza como en La Modelo estamos conociendo del maltrato que está dándose. Nuevamente insistimos en que es importante respetar lo acordado, porque se dijo que habría un trato que guardara los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos de los privados de libertad”, continuó el también dirigente empresarial.
La delegación del régimen disminuyó sus insultos en la negociación de este martes y demandó a la Alianza Cívica, a través de un comunicado leído por el canciller Denis Moncada, “madurez y conducta seria”.
“No es con disputas protagónicas entre los miembros de la contraparte, que se puede avanzar. El retraso calculado de los acuerdos sólo refleja cálculos mal intencionados, con agendas políticas desfasadas y ya fracasadas, que perturban más la confianza, y revelan una conciencia nada cristiana, de intereses ajenos, que se propone generar y fortalecer escenarios, para provocar reacciones lesivas del bien común, y del interés nacional”, dice el escrito.
No negociarán amnistía
Los miembros de la Alianza Cívica dejaron claro esta semana que ellos no negociarán una Ley de Amnistía, ya que eso dejaría impune a los funcionarios del Estado y a los paramilitares que reprimieron a la ciudadanía nicaragüenses.
Juan Sebastián Chamorro, delegado propietario de la Alianza Cívica, expresó: “Se nos ha adelantado de que el Gobierno insiste en la idea de la promoción de una amnistía como solución jurídica; nosotros decimos que la solución al tema de justicia es más complicado que eso. No es a través de un plumazo de una ley o de un decreto, que se puede traer reparación y justicia a los familiares de todas las personas que han sido afectadas con esta crisis”.
Chamorro señaló también que para la Alianza Cívica “la prioridad es el cumplimiento de lo ya acordado, porque consideramos de que es una violación a la misma palabra firmada del Gobierno”.
La propuesta de una Ley de Amnistía ha sido rechazada también por las madres de las víctimas de la represión, quienes a un año del asesinato de sus hijos continúan demandando justicia.
