5 de abril 2022
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Treinta y ocho eurodiputados demandan al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, conceder el régimen de “arresto domiciliario” a todos los presos políticos mayores de 60 años, según una carta enviada por los europeos al mandatario sandinista. Además, los parlamentarios solicitan que, “para evitar una segunda muerte en prisión —en referencia al fallecimiento de Hugo Torres—”, se dé “atención médica” a los reos de conciencia “particularmente vulnerables”.
Los diputados europeos inician su misiva, enviada este lunes, con un señalamiento frecuente en previas cartas o resoluciones dentro del Parlamento Europeo. “Le escribimos para expresarle nuestra preocupación por la deteriorada e inaceptable situación de los derechos humanos en Nicaragua”.
La carta fue una iniciativa de la eurodiputada luxemburguesa Tilly Metz, del grupo político Los Verdes, y fue firmada por otros 37 parlamentarios de diversos países y agrupaciones políticas. Entre los signatarios están: Leopoldo López Gil, del Partido Popular; Nikolaj Villumsen, de la Izquierda Unitaria Europea; Soraya Rodríguez Ramos, del grupo Renovar Europa; Giuliano Pisapia, de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas; Ladislav Ilčić, de los Conservadores y Reformistas Europeos; Maria Manuel Leitão Marques, de los socialistas; y Javier Nart, de Renovar Europa y exguerrillero sandinista.
Desde 2018, los eurodiputados han aprobado seis resoluciones sobre la situación nicaragüense. En todas han condenado la represión del régimen de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, y han exigido la liberación de los presos políticos.
“Estamos extremadamente preocupados por las condiciones de detención de los presos políticos en Nicaragua, con denuncias de arrestos arbitrarios, acosos, tratos inhumanos y degradantes, que en algunos casos equivalen a tortura; y que violan las leyes internacionales de los derechos humanos”, señalan.
Para los eurodiputados, los juicios contra estos presos han sido “ilegales” y “no respetan las normas mínimas del debido proceso”, por lo que “rechazan los juicios arbitrarios y condenas ilegales”, y además piden “la nulidad de todos los procesos judiciales en su contra, incluidas las sentencias”.
“Exigimos la liberación inmediata e incondicional de los 169 presos políticos arbitrariamente detenidos por haber ejercido sus derechos políticos”, destacan.
Muerte de Hugo Torres
Los eurodiputados subrayan que “si bien esperan que (Ortega) libere a todos los presos políticos”, están “muy preocupados por la vida y la integridad física y mental” de los reos de conciencia.
“Estamos profundamente conmocionados por la muerte, el 12 de febrero de 2022, de Jorge Hugo Torres Jiménez, detenido en El Chipote. Su familia pidió su liberación por motivos humanitarios, pero esta solicitud fue ignorada”, recuerdan los parlamentarios a Ortega.
Torres, general de brigada en retiro, estaba preso desde junio de 2021 y falleció a los 73 años de edad, tras más de dos meses en los que la dictadura de Ortega y Murillo mantuvo oculto su paradero físico y condición de salud.
Los europarlamentarios advierten que “para evitar una segunda muerte en prisión, demandan una acción inmediata y atención médica en los casos de los presos políticos particularmente vulnerables”.
Alertan que “el estado de salud de Víctor Hugo Tinoco, también recluido en el penal de El Chipote, es alarmante”, por lo que “corre riesgo de muerte, como consecuencia de su alta presión arterial, trastorno del ritmo cardíaco y glóbulos blancos bajos”.
Tinoco, de 69 años de edad y exvicecanciller de Nicaragua en los años ochenta, está encarcelado injustamente desde el pasado 13 de junio. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) alertó en marzo pasado que la vida del opositor “corre peligro” y exigió su liberación inmediata.
Salud de presos políticos
Los eurodiputados indican que “en similares problemas de salud” se encuentran las presas políticas Violeta Granera, de 70 años, y Eveling Pinto, de 63 años, y el reo de conciencia Eliseo de Jesús Castro Baltodano, de 57 años.
“También nos preocupa —prosiguen— la situación de salud de los siguientes presos políticos, cuyas familias han denunciado públicamente su deterioro físico y la falta de atención médica: Pedro Joaquín Chamorro, de 70 años; Bernardo Ramos, de 67 años; Nidia Barbosa, de 66 años; Dora María Téllez, de 66 años; Harry Chávez, de 65 años; Baltazar Dávila, de 65 años; Irving Larios, de 63 años; y José Adán Aguerri, de 60 años”.
Tras enumerar a estos presos políticos, los europeos solicitan a Ortega “otorgar arresto domiciliario a todas las personas mayores de 60 años de edad”, tal y como lo hicieron con los reos de conciencia “Arturo Cruz, Francisco Aguirre Sacasa, José Bernard Pallais Arana, Edgar Parrales y Mauricio Díaz”.
La dictadura orteguista ha arrestado ilegalmente al menos a 21 ciudadanos mayores de 60 años, de estos 15 se encuentran en diversas cárceles del país.
“Las familias informan que hay varios presos políticos tanto en el penal de El Chipote como en otros centros penitenciarios que están presentando síntomas relacionados con la covid-19 y no reciben tratamiento médico adecuado. Esto debe garantizarse de inmediato”, resaltan.
Visitas de familiares
“Asimismo, le hacemos un llamado a garantizar condiciones dignas de detención y, en particular, abogamos por la liberación de una celda de aislamiento de la defensora de derechos humanos Tamara Dávila, de 41 años, quien ha estado detenida por más de nueve meses, sin ningún contacto con nadie excepto con los guardias de la prisión (El Chipote)”.
“Finalmente, también le pedimos que permita el acceso regular y programado a los representantes legales y visitas familiares, especialmente en el caso de los niños de los presos políticos. Escuchamos que los hijos e hijas menores de edad han sido restringidos de cualquier contacto con sus padres y madres, lo cual no es aceptable y es una seria amenaza para su desarrollo”, apuntan.
Los europarlamentarios le mencionan a Ortega que, “como Estado firmante, Nicaragua está obligada a cumplir con la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
“Sin embargo, —continúan— por todas las razones subrayadas anteriormente, está claro que su régimen está ignorando una resolución del Consejo de Derechos Humanos, en la que solicita al Estado de Nicaragua abordar la violaciones de derechos humanos”.
