20 de noviembre 2020
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Por más de año y medio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Contraloría General de la República (CGR) han funcionado con sus máximos dirigentes con los períodos constitucionales vencidos, sin que esto haya supuesto un problema para el régimen orteguista; sin embargo, fuentes vinculadas al Frente Sandinista revelaron a CONFIDENCIAL que, en los próximos meses, se avecinan reemplazos en la cúpula de estos poderes del Estado, después que la Asamblea Nacional apruebe la reforma electoral ordenada por el Daniel Ortega. “Los cambios van, pero la fecha aún no ha sido decidida”, dijo la fuente.
El diez de abril de 2019 se vencieron los períodos constitucionales de cinco años de 12 de 16 magistrados de la CSJ, donde otras cuatro sillas están vacantes por muerte o renuncias. La situación se repite en nueve magistrados del CSE —que cuenta con seis propietarios y tres suplentes, más la vacante que dejó Roberto Rivas Reyes, sancionado por Estados Unidos—; y ocho contralores, de los cuales cinco son propietarios y tres son suplentes.
La mayoría de reemplazos se darán en el máximo tribunal de justicia, donde hay tres magistrados que ya superan la edad límite, de 75 años, para reelegirse en el cargo: el liberal Manuel Martínez Sevilla, y los sandinistas Yadira Centeno González y Francisco Rosales Argüello. Además, hay cuatro vacantes. Tres por renuncias de Rafael Solís (por ruptura política con el régimen), Carlos Aguerri (por salud) y José Adán Guerra (sin especificar la causa) y una más desde el fallecimiento de Antonio Alemán.
Según fuentes del FSLN, en total podría cambiarse a nueve magistrados de la CSJ, para los cuales la vicepresidenta Rosario Murillo “tiene planes de reemplazo con magistrados de apelaciones, jueces, y hasta algunos que no vienen de carrera judicial”.
“La vicepresidenta quiere reponer a cuatro sandinistas con gente más alineada a su estilo de mando”, dijo una de las fuentes.
Otro cambio posible, en la cúpula de Justicia, es el de la magistrada oficialista y presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, de 71 años, quien de forma privada ha expresado su deseo de retirarse del cargo. Ramos es la magistrada con más tiempo en la Corte: 32 años, pero la decisión final está en manos de Ortega.
“El liderazgo sandinista de la CSJ quedaría en manos de los magistrados Marvin Aguilar y Juana Méndez”, según la fuente.
Los magistrados de la CSJ Manuel Martínez Sevilla (78), Yadira Centeno (77) y Francisco Rosales (76) superan el límite de edad para ser reelectos en el cargo. // Fotos: Archivo | Carlos Herrera | Confidencial
En relación con los cambios de los magistrados liberales (Manuel Martínez y Virgilio Gurdián) y los otros dos que llegaron a la Corte por negociaciones con el sector privado (Carlos Aguerri y José Adán Guerra), las fuentes del FSLN indicaron que Ortega y Murillo aún no han indicado si estos serán reemplazados por sandinistas, o promoverán una negociación con el PLC y el sector privado para los nuevos nombramientos.
Magistrados “eternos” con cargos vencidos
Pese a que en Nicaragua los cargos de la CSJ no son vitalicios, al igual que Ramos hay magistrados con varias décadas en el cargo, como Aguilar, Rosales y Centeno, nombrados hace 24 años, en 1996; o Armengol Cuadra, nombrado hace dos décadas, en 2000. Junto con ellos, Martínez y Méndez, con 16 y 13 años, respectivamente, completan la lista de los magistrados con más tiempo en la Corte. Los más “recientes” son los cinco nombrados en 2014, que completan seis años en el puesto: Armando José Juárez, Gerardo Arce Castaño, Ellen Joy Lewin, Ileana Pérez y Virgilio Gurdián.
Magistrados de la CSJ, el CSE y contralores con los períodos vencidos. // Foto: Confidencial
Los magistrados electorales y de justicia permanecen en sus cargos amparados en una reforma hecha en 2014 por la Asamblea Nacional al artículo 130 de la Constitución Política, que indica que: “los funcionarios electos por la Asamblea Nacional continuarán en el ejercicio de su cargo, después del vencimiento de su mandato para el que fueron electos, hasta que sean elegidos y tomen posesión quienes deban sustituirlos de conformidad a la Constitución Política”. La misma que establece para estos el período de cinco años.
Para el experto constitucionalista, Gabriel Álvarez, los magistrados pueden quedarse en sus cargos, mientras no se nombren a unos nuevos, pero “sería irresponsabilidad política y deslealtad institucional convertir subrepticiamente esa cláusula excepcional en una magistratura vitalicia. Peor —opina— si tienen mayoría parlamentaria de sobra para nombrarlos”.
Las vacantes en el CSE
El portal web del Poder Electoral está “desconectado en mantenimiento” desde hace más de un año y sus magistrados no se han visto públicamente desde enero de este año cuando asistieron a un acto público en la Asamblea Nacional. Es un poder del Estado que pareciera silenciado, a pesar de que estamos en un año preelectoral.
Siete de sus diez magistrados tienen los periodos vencidos, el cargo del presidente del CSE está vacante y solamente dos de sus magistradas han cumplido con cuatro años de los cinco para los que fueron nombradas.
Lumberto Campbell, actual presidente en funciones del Consejo Supremo Electoral, en enero de 2018. Confidencial | Carlos Herrera
Los magistrados con los períodos constitucionales vencidos son Lumberto Campbell Hooker —desde 2018 presidente en funciones del CSE por la renuncia de Roberto Rivas, tras la sanción de EE. UU. en diciembre de 2017—; Emmet Lang Salmerón; Luis Benavidez Romero; y Judith Silva Jaen.
Los magistrados suplentes son: Virginia Molina Hurtado, Emiliano Enríquez Lacayo, y Miguel Ángel Meléndez. De ellos solo el último es militante del PLC, mientras Enríquez, originalmente del Partido Conservador, se plegó al pacto y al FSLN.
Magistrados propietarios del FSLN
Campbell fue también sancionado por EE. UU. en noviembre de 2019; según el Departamento del Tesoro porque “el CSE continúa involucrado en tácticas antidemocráticas para garantizar que el presidente Ortega y sus aliados ganen elecciones, incluido el pedido a los empleados del Gobierno de votar por Ortega y otros candidatos del FSLN”.
Lang Salmerón, quien lleva 20 años en el CSE. Fue vicepresidente del Poder Electoral hasta 2014, cuando fue sustituido por Campbell. Este coronel retirado es considerado uno de los hombres de confianza de Ortega, por lo que su remoción, según fuentes gubernamentales, se debió a que no es cercano a la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo.
Benavides Romero llegó al CSE en 2005 nombrado por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). En 2008 cuestionó públicamente los resultados de las elecciones municipales alegando que estuvieron plagadas de “nulidades y artimañas”. En febrero de 2010, cuando venció su cargo, anunció su renuncia, pese a un decreto de Ortega que le permitía permanecer de facto en sus funciones, pero cuatro meses después volvió a reintegrarse. Desde entonces no volvió a hablar con los medios de comunicación y se plegó al FSLN.
En el CSE también está Judith Silva Jaen, quien antes ocupaba el cargo de presidenta ejecutiva del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) y fue electa en julio de 2015 para ocupar la vacante del magistrado del PLC, José Marenco Cardenal, quien falleció el 11 de junio de ese año.
Un año después, Norma Moreno Silva y Mayra Salinas Uriarte, fueron nombradas magistradas, y son las únicas que no tienen sus cargos vencidos.
Moreno Silva es hermana del secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno. Es abogada, exintegrante de la Juventud Sandinista y fue secretaria política del FSLN del Distrito IV de Managua. Fue nombrada en el Poder Electoral tras la renuncia del magistrado Johnny Tórrez.
Mientras, Salinas Uriarte llegó al CSE tras la renuncia del magistrado José Luis Villavicencio, del FSLN. Antes, ocupaba el cargo de codirectora del Instituto de Cultura tras ser removida en 2015 del cargo de directora ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur).
En línea con las reformas de Ortega
Según las fuentes del FSLN, los cambios en el Poder Electoral “responderían al interés de la vicepresidenta de reforzar el control, en la misma línea de las reformas electorales que serán efectuadas sin cambiar el Consejo Supremo Electoral”.
Otras fuentes vinculadas al partido FSLN revelaron recientemente a CONFIDENCIAL que el presidente Daniel Ortega creó un grupo de trabajo con operadores políticos de la Asamblea Nacional y la CSJ para diseñar un proyecto de reformas a la Ley Electoral, enfocado estrictamente en aspectos de “orden técnico” que estará listo en las próximas semanas.
Las reformas que impulsará Ortega no contemplan, por ahora, cambios mayores en las estructuras del CSE, controladas actualmente por el FSLN.
“El presidente dio algunas orientaciones específicas sobre lo que debe contener la reforma”, dijo la fuente, y especificó que esta debe centrarse en aspectos técnicos de la Ley, como el padrón electoral, la composición de las Juntas Receptoras de Votos, y el papel de los fiscales.
El proyecto de Ortega para la reforma electoral ante los comicios de 2021 no reconoce ninguna de las condiciones previas que demanda la propuesta del Grupo Pro Reformas Electorales (GPRE) ni los grupos opositores, como la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades democráticas.
La propuesta del GPRE sostiene que en el sistema electoral actual no existen condiciones para garantizar elecciones libres, justas y transparentes, mientras el régimen también ha conculcado el derecho a la observación electoral nacional e internacional.
José Antonio Peraza, miembro del GPRE, afirmó recientemente que la propuesta orteguista “va a tratar de dar lo mínimo que se pueda”.
“Si no tocan el Consejo (Supremo Electoral) significa no tocar a los magistrados, entonces ahí ya se acabó la negociación política. ¿Qué vamos a negociar en eso?”, cuestionó.
Por su parte el jurista y exdiputado opositor, José Pallais, miembro de la Coalición Nacional, recordó que el cambio de magistrados puede hacerse sin necesidad de una reforma, porque los miembros actuales tienen sus cargos vencidos, pero ha faltado voluntad política.
“La integración de nuevos miembros, honorables, respetables, creíbles, puede hacerse en cualquier momento y eso ya debió haberse hecho y para nosotros es fundamental”, insistió.
Cargos vencidos en CGR
La Contraloría General de la República (CGR) es otra de las instituciones dirigidas por funcionarios públicos con cargos vencidos. Todos sus miembros (actualmente cuatro propietarios y tres suplentes, con una vacante) fueron ratificados en abril de 2014, por lo que ya llevan más de seis años en el cargo.
En noviembre de ese año, falleció el entonces presidente de la CGR, Guillermo Argüello Poessy, y fue sustituido por Luis Ángel Montenegro. Sin embargo, este renunció en 2019 y fue nombrado como presidente de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Siboif).
El cargo de Montenegro como presidente fue ocupado por la doctora María José Mejía y hay una vacante en la CGR desde entonces.
