22 de mayo 2017
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El gobernante Frente Sandinista controla desde 2012 al menos 127 de las 153 alcaldías municipales de Nicaragua, pero las decisiones de sus alcaldes, e incluso las de sus secretarios políticos locales, importan poco o nada ante las órdenes de una estructura partidaria de carácter nacional, que desde Managua, orienta y supervisa las líneas del gobierno central, según analistas políticos nicaragüenses, en entrevista con el periodista Carlos Fernando Chamorro, en el programa de televisión Esta Semana.
El sociólogo y experto en temas municipales, Silvio Prado, y el abogado constitucionalista, Gabriel Álvarez, coinciden en que el acto más reciente de esta dinámica, que profundiza la anulación de la autonomía municipal, es la intervención de funcionarios de la Alcaldía de Managua en un reclamo de los comerciantes del mercado municipal de Masaya, que pasó por anular el mandato del alcalde del FSLN, Orlando Noguera.
A bordo de camiones y camionetas, tras superar retenes policiales en la salida de Masaya y Nindirí, decenas de comerciantes llegaron la semana pasada hasta Managua, con el objetivo de plantear su reclamo ante la Secretaría Nacional del FSLN, desde donde despacha el comandante Daniel Ortega.
Sin embargo, los comerciantes fueron escoltados por la Policía hacia las instalaciones de la Alcaldía de Managua, donde el secretario municipal, Fidel Moreno, los recibió para anunciar que quedaba sin efecto la decisión de reubicar sus tramos, que semanas atrás les había notificado Noguera.
“Ya no se guardan ni las formas. La anulación de la decisión del alcalde de Masaya por Fidel Moreno, salta todas las normas y todos los formatos”, valora Prado.
Moreno, Campbell y los súper alcaldes
Fidel Moreno, el poder real en la Alcaldía de Managua. Foto | Carlos Herrera | Confidencial
El secretario municipal Fidel Moreno es el rostro más visible en una Alcaldía de Managua, donde la alcaldesa Daysi Torres solo figura en las fiestas patronales de la capital.
No obstante, Prado considera que la intervención de Moreno sobre el conflicto en Masaya ocurre como coordinador del Consejo de Gobiernos Locales, del que también son miembros el vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Lumberto Campbell, la presidenta ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom), Guiomar Irías, y los alcaldes Sadrach Zeledón (Matagalpa), Leónidas Centeno (Jinotega) y Francisco Valenzuela (Estelí).
Prado subraya el carácter partidista de esta instancia, que de acuerdo con Álvarez tampoco está reconocida en ninguna ley nacional.
“En eso (el caso de Masaya) se demostró que las relaciones intergubernamentales no pasan por lo administrativo ni por lo político, sino por lo partidista”, sostiene Prado. Y añade: “Es totalmente absurdo”.
Votaciones sin transparencia ni sentido
Un hombre exige elecciones libres en el denominado Miércoles de Protesta. Carlos Herrera/Confidencial.
El caso de Masaya, como el acto más reciente de la “aniquilación” de la autonomía municipal, a menos de seis meses de las próximas votaciones locales, es según el sociólogo y experto en temas municipales, Silvio Prado, la antesala de “un futuro poco promisorio para los 153 gobiernos que se elegirían en noviembre”.
La atención del electorado independiente —que según diversas encuestas es más de un 45 por ciento de los nicaragüenses que no se identifica con ningún partido político— , está centrada en la falta de transparencia del sistema electoral, controlado desde la cúpula hasta el último municipio por el Frente Sandinista, y señalado de perpetrar fraudes en elecciones anteriores, incluida la votación nacional del año pasado, en la que se conculcaron los derechos a la competencia política y la observación electoral.
El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez estima que la firma de un acuerdo entre el gobierno de Ortega y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), para permitir una misión de observación electoral en noviembre y la revisión de otros aspectos relacionados al proceso, genera expectativa entre algunos sectores.
El secretario General de la OEA, Luis Almagro, junto a Daniel Ortega, a principios de diciembre de 2016, en Managua. Foto / Presidencia
Igualmente, se presta atención a la aprobación de la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad, integrado por simpatizantes y aliados del extinto Movimiento Vamos con Eduardo, a favor del exbanquero y excandidato presidencial Eduardo Montealegre, quien lideró la opositora Coalición Nacional por la Democracia, inhabilitada en las elecciones nacionales de 2016, pero ahora apartado de la actividad política.
Sin embargo, aún no hay certeza si el acuerdo Ortega-OEA bastará para dar transparencia a las elecciones y tampoco están confirmados los 18 millones de dólares que la OEA solicita para su misión de tres años en Nicaragua.
Además, Álvarez añade que “la gente no se engaña” y cita que el caso de Masaya también “envía un claro mensaje sobre lo poco que cuenta la autoridad local, supuestamente electa, frente a otras estructuras creadas por el gobierno para resolver desde Managua”.
Secretarios políticos, “la aberración más grande”
A finales de abril, Confidencial publicó una investigación sobre las condiciones en que al menos 34 alcaldes y vicealcaldes han sido destituidos desde 2008 por el gobierno de Ortega, entre ellos varios del mismo Frente Sandinista.
Prado estima que el estilo de este gobierno “ni siquiera responde ya a un modelo de recentralización del gobierno, sino a una ‘vertebración’ partidista”, porque sostiene que las otroras estructuras representativas, hoy son objeto de dominación.
“Han hecho de estas, eslabones no para que la gente se represente, sino para controlar, para dominar, para disminuir al mínimo el margen de incertidumbre que padecen todos los gobiernos autoritarios”, critica.
Según Prado, “los secretarios políticos son la aberración más grande que puede haber dentro de la administración pública, porque (estos) son entidades externas, son foráneas, son del ámbito privado, respecto a los electos, que incluso cuando son alcalde, como los alcaldes de Estelí y Matagalpa, se deben al partido, no a la población”.
E insiste: “Actúan como los enlaces verticales del aparato de dominación que funciona de arriba hacia abajo. Son entidades encargadas de controlar la línea del partido, dentro de los gobiernos municipales, para que se cumpla”.
Álvarez añade que este sistema además funciona bien en la medida en que el régimen de Ortega continúa vaciando de contenido los sistemas electorales.
“Eso significa que la legitimidad política de los supuestamente electos no es tal, como que puedan exigir el respeto de su institucionalidad y su competencia”, destaca.
Según Álvarez, a Ortega solo le interesan las elecciones siempre y cuando no se elijan a quienes los ciudadanos realmente quieren, “mientras de paso presenta a la comunidad internacional las elecciones como una condición aparentemente democrática”.
Pierde la gente y sus demandas
Prado valora que en este modelo de gobierno “se abre una brecha importante para el Frente Sandinista, a medida que se cierra el espacio a su propia gente”.
El especialista recuerda que antes de 2008 los mismos candidatos a alcaldes del FSLN eran seleccionados en primarias o “consultas populares”, pero a partir de 2011 se recentralizó todo. “E inclusive a los secretarios políticos locales se les restó poder”, destaca.
“Dentro de este esquema de elecciones sin autonomía, también las bases del Frente, las que supuestamente creen que el gobierno les dará mejoras, se ven impedidas de proponer a las mejores opciones y personas que piensan en los problemas y no solamente tienen la capacidad de obedecer las líneas en las reuniones que tienen todas las semanas en Managua”, añade.
Prado rechaza que el argumento oficial de que este sistema garantice una atención y monitoreo eficiente de las demandas locales. A su juicio, no lo puede ser más que el diálogo entre las autoridades locales legítimamente electas y la participación ciudadana de los habitantes de cada localidad.
Álvarez, por su parte, advierte que “las meras elecciones no van a resolver en Nicaragua el grave problema institucional nacional ni local”.
Según el constitucionalista, en el supuesto que un alcalde logre destacar haciendo uso de la autonomía que le confiere la Ley, “este va a estar acosado por un sistema que está diseñado y que funciona para ahogar la autonomía municipal”.
[destacado titulo="De operadores a cargos decorativos"]
*Secretarios políticos utilizados para guiar hilos del poder y luego marginados
La organización del Consejo Nacional de Alcaldes que coordina Fidel Moreno, se encarga de recibir y gestionar las demandas de los alcaldes sandinistas, pero sobre todo de “bajar” las líneas u orientaciones políticas del gobierno central.
El sociólogo y experto en temas municipales, Silvio Prado, adelantó que actualmente realiza una investigación sobre hasta qué punto los secretarios políticos son determinantes para la carrera política de los electos, para su permanencia o destitución.
“Los avances que tenemos en este momento apuntan a que son decisivos para la renovación de los cargos, para la circulación de las élites locales”, detalla.
Sin embargo, destaca que también han identificado que los secretarios políticos locales “cada vez pesan menos” ante las estructuras partidarias departamentales o regionales, como el Consejo citado o las estructuras regionales integradas por el alcalde de la cabecera departamental correspondiente, un diputado y un operador político del Frente.
“Estos son los que ahora ejecutan el poder, o los que intervienen ante ese poder central, o por el”, describe. [/destacado]
