22 de mayo 2018
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Las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, ratificadas en el demoledor informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este lunes tras su visita al país, confirman la urgencia de una comisión internacional de la verdad independiente y creíble, según juristas nacionales y defensores de los derechos humanos.
La CIDH recomendó al Gobierno de Nicaragua “crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables”.
Las 15 recomendaciones iniciales de la @CIDH para #Nicaragua pic.twitter.com/8ll7AP7sMi
— Paulo Abrāo (@PauloAbrao) 22 de mayo de 2018
Para el jurista Alejandro Aguilar, el problema es que el colapso institucional de Nicaragua genera un descrédito total en el sistema judicial y en la misma "Comisión de la Verdad" juramentada semanas atrás por la Asamblea Nacional.
“Estado violador de los derechos fundamentales”
Para la directora del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, Haydeé Castillo, con el informe de la CIDH, “ha quedado clarísimo para todas las personas que tenemos un Estado violador de los derechos fundamentales”.
Juana García es consolada a su llegada a la Fiscalía, donde exigió justicia por el asesinato de su hijo. Yader Luna | Confidencial
“El mismo Estado ha reconocido la cantidad de los asesinatos. Se ha negado el derecho a la vida, el derecho a la salud, hubo tortura… Ha quedado claro que las instituciones no tienen la capacidad de llegar a la verdad. Y la CIDH ha dejado claramente que se requiere una comisión de la verdad a nivel internacional y autónoma”, dijo Castillo.
El jurista Alejandro Aguilar valora que “cuando una institución pierde su naturaleza y se convierte en una pieza de un engranaje, en el que el engranaje se mueve al compás de las más altas autoridades del Estado es imposible asumir que ese engranaje va a funcionar para encontrar a los responsables”.
“Por tanto —añade Aguilar— es ineludible, inevitable, que si realmente se quiere encontrar justicia tiene que haber cooperación internacional”, que a su juicio “solo puede venir del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas o del sistema de protección interamericano”.
El Movimiento "Madres de abril" protestó frente a la Fiscalía. Yader Luna | Confidencial
Según Aguilar, “ese nivel de compromiso de la comunidad internacional va requerir técnicos, peritos experimentados en la investigación de los hechos para poder determinar responsabilidades, porque de esta manera nunca va a ser posible”.
Un cambio rotundo en el sistema de justicia
En entrevista con el programa de televisión Esta Noche, el también jurista y experto en Derecho Constitucional, Gabriel Álvarez reconoció la amplia desconfianza en la Fiscalía y el sistema judicial para garantizar la atención del reclamo generalizado de justicia.
“Para lograr la justicia hay que cambiar totalmente a las personas que integran a los órganos superiores de los servicios que tienen que ver con la administración de justicia”, sugiere Álvarez, tal como también ya lo han demandado los estudiantes y la sociedad civil en la mesa de diálogo.
“Si no hay un cambio, para mí no va a ser posible impartir justicia, reparar a las víctimas, ni siquiera llegar a la verdad”, alerta.
Álvarez reitera que “todos sabemos que la administración de la justicia en Nicaragua es corrupta, partidizada, ineficiente y que por lo tanto no está en posibilidad de subsanar una herida tan profunda y grande infligida por el Gobierno de Ortega y Murillo a la sociedad nicaragüense”.
Homenaje en Managua al periodista Ángel Gahona, asesinado en Bluefields. Carlos Herrera | CONFIDENCIAL
“Hay que cambiarla rotundamente y eso hay que hacerlo lo más pronto posible. En cuanto más tardemos de hacer ese paso, desde mi punto de vista, se disminuyen las probabilidades de lograr justicia en Nicaragua”, sentencia.
“Represión monstruosa”
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, valora que el alcance de la represión oficial “trasciende” al número de asesinados. En su informe, la CIDH contabilizó 868 heridos y 438 detenidos.
“La represión era tan monstruosa que no teníamos conciencia de la magnitud de los daños”, admite.
“Hay que contar con una administración de justicia completamente saneada, porque en Nicaragua tenemos que hablar de refundación del Estado en ese sentido. Estas masacres implican que la Fiscalía abra una investigación, pero eso aquí es impensable”, lamenta.
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Confidencial | Carlos Herrera
La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, reconoció que en Nicaragua “tenemos muchas expectativas con la CIDH, pero no debemos pensar que ya terminó nuestro trabajo… tiene que continuar”.
Núñez estima que el informe de la CIDH “es solo un coadyuvante de carácter internacional junto al otro coadyuvante es el diálogo, pero la lucha primordial la debe dar la gente con sus manifestaciones, demandado en las calles, haciendo uso a nuestro derecho a la protesta. La situación de un Gobierno dictatorial y represivo sigue”.
Para la dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Juanita Jimenez, “la oficina del Alto Comisionado debe llegar a Nicaragua porque hay crímenes gravísimos que se han cometido. Los asesinatos, las ejecuciones que se han plantado son crímenes de lesa humanidad y eso solo lo puede calificar el sistema universal”.
El defensor de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Denis Darce, añade que “toca presionar al Estado en el diálogo nacional para poder lograr que estas recomendaciones sean asumidas por el Estado. Como sociedad nos toca imponérselas al Gobierno”.
Gobierno agota salidas
El jurista Gabriel Álvarez advierte que “ningún Gobierno puede lanzarse a dar instrucciones para que se produzcan este tipo de crímenes desde el Estado, que se supone que está estructurado para garantizar los derechos de los ciudadanos. Estamos frente a una violencia institucional sin precedentes, (que) denota que este colapso nos coloca en la situación de que requerimos el auxilio de la comunidad internacional”.
Cientos de personas exigen la renuncia del presidente Daniel Ortega durante en una marcha desde el centro de Managua hasta la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI). EFE | Bienvenido Velasco | Confidencial
Carrión coincide en que las observaciones de la CID dejan en evidencia que “el Estado comprometió su responsabilidad internacional y su responsabilidad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de la población nicaragüense”.
“En vez de garantizar y proteger, la Policía desde el 18 abril persiguió junto a las fuerzas parapoliciales. El colapso inicia desde que todo el Estado se dispuso como una estructura criminal”, critica el defensor de derechos humanos.
“Si tuviéramos institucionalidad estaríamos con la confianza de que aquí se van a establecer la responsabilidad y eso aquí no está garantizado”, lamenta.
Daniel Ortega y Rosario Murillo en la mesa del diálogo nacional. EFE | Jorge Torres | Confidencial
Álvarez, opina que el Gobierno de Ortega y Murillo no tiene muchas salidas.
“Yo sigo viéndolo aturdido, sin un discurso que refleje una estrategia única o coherente, mejor dicho y por lo tanto, piensan que esto lo pueden seguir llevando hasta un determinado momento y luego lo puedan maniobrar”, estima.
El jurista Alejandro Aguilar también valora que el nivel de violencia del Gobierno, señalado en el informe de la CIDH, “es una clara manifestación del colapso institucional”.
“Si no hay voluntad política yo digo que estos mecanismos se pueden pervertir. Eso siendo un paso gigantesco, no garantiza desde ningún punto de vista si no hay voluntad política de reconstruir la institucionalidad nacional, eso se puede comprometer con los organismos internacionales que otorguen protección a las víctimas”, reclama.
Aguilar añade que “el presidente Ortega tiene que entender que el puente que tiene de salida cada día que pasa se va estrechando. No se va ampliando ese puente, al contrario. De manera que es él mismo quien puede determinar si quiere atravesar ese puente antes que se quede sin puente. Cuando se quede sin puente es porque ya no hay salida. Yo entendería que una salida por la vía de la renuncia es totalmente viable”.
Sin embargo, sostiene que “cual sea la opción que se busque, necesitamos acompañamiento de la comunidad internacional. No solamente para el tema los asuntos específicos de los actos criminales, sino también un acompañamiento en el propio proceso de democratización del país”.
