21 de diciembre 2020
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La iniciativa de ley “defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz”, que anula la competencia política para los comicios generales de 2021 y sería aprobada este 21 de diciembre en la Asamblea Nacional, es “ilegal”, porque violenta la Constitución Política de Nicaragua y los tratados internacionales a los que el país está suscrito, advierten analistas políticos, opositores y expertos en derechos humanos.
El especialista en Derechos Humanos, Uriel Pineda, afirma que la iniciativa, enviada con carácter de urgencia por Daniel Ortega el 18 de diciembre, incurre en una clara “violación al derecho de participación política, que es un derecho fundamental contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y la Convención Americana de Derechos Humanos”.
El proyecto de ley establece que no podrán optar a cargos de elección popular “los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, la autodeterminación” de Nicaragua. Un argumento que inhibe a la oposición del país, a la que el régimen acusa de un "intento fallido de golpe de Estado", en referencia a las masivas protestas ciudadanas que estallaron en abril de 2018, mismas a las que Ortega y Murillo respondieron con muerte y represión, dejando 325 asesinados, decenas de desaparecidos, miles de heridos, 100 000 exiliados por la persecución política y más de mil presos políticos, de los cuales 106 aún continúan en prisión.
Pineda señala que cualquier restricción a los derechos contenidos y reconocidos en los tratados antes mencionados y de los que Nicaragua es firmante debe “superar el llamado test de proporcionalidad para ser legítimo”, por lo que considera que dicha iniciativa no lo cumple, porque la propuesta de Ortega “tiene el exclusivo propósito de excluir a los verdaderos opositores”.
La iniciativa también inhibe a quienes, desde la perspectiva del régimen, “inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”.
Ortega, quien gobernó en los ochenta y regresó a la Presidencia en 2007, sostiene un discurso en contra de los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea, a quienes acusa de imperialistas. Su Gobierno también aprobó en octubre una Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que segrega a los nicaragüenses entre los "verdaderos", de acuerdo con la condiciones del régimen, y los "agentes extranjeros", a quienes conculca sus derechos políticos, que ahora intenta agravar con esa nueva iniciativa que llega a menos de un año de las elecciones previstas para 2021.
Iniciativa del régimen “violenta” la Constitución
Eliseo Núñez, abogado, analista político y afiliado a la Alianza Cívica, señala que el proyecto de ley incurre en “ilegalidades” de carácter constitucional, pues explica que esta, además de tener una redacción legal “muy mala”, “violenta el debido proceso y no define el tipo legal a aplicarse, violentando el principio de legalidad”.
A la vez indica que este tipo de iniciativas, por su contenido y técnica legal, se tienen que “insertar en un cuerpo mayor”, correspondiendo en este caso --según Núñez-- en la Ley Electoral, en la parte de los delitos electorales que tiene su propio procedimiento, o en el Código Penal.
“Tal como está esa iniciativa es una ley autónoma que está desconectada de todos los demás cuerpos legales, entonces, violenta el principio de legalidad que está establecido en la Constitución”, señaló.
Cierre del espacio electoral
La iniciativa enviada por Ortega se da mientras la oposición y la misma comunidad internacional espera que el Gobierno implemente reformas al sistema electoral, para el desarrollo de elecciones libres, justas, transparentes y observadas en 2021.
La Asamblea General de la OEA, en octubre pasado, aprobó una resolución en la que demanda al régimen de Ortega que reforme el sistema electoral para dar estas garantías, con plazo a mayo de 2021.
Contrario a esto, Ortega optó por enviar la propuesta de inhibición política, que dio por aprobada el pasado viernes, en un acto público con el Ejército de Nicaragua, al decir que un nicaragüense que solicita sanciones, como las que han afectado a sus familiares y allegados, “ya perdió los derechos de optar a cargo públicos”.
Los Gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Suiza han sancionado a varios funcionarios y operadores del régimen. Las de Estados Unidos ya han alcanzado a más de veinte funcionarios y allegados, entre ellos la esposa de Ortega y vicepresidenta, Rosario Murillo, y tres de sus hijos: Rafael, Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo.
Núñez valora que este proyecto --de ser aprobado por la bancada sandinista-- significa para la oposición el “cierre del espacio electoral”. Sin embargo, advierte que la situación debe ser valorada “de forma muy fría puesto que es muy probable que esta iniciativa sea más parte de la estrategia de Ortega consistente en presentar escenarios sin salidas con el fin de inutilizar la vía electoral ante los ojos de la población”.
La excarcelada política Yaritza Rostrán refiere que como Unión de Presos Políticos de Nicaragua (UPPN), desde antes de la iniciativa, no han visto “una salida electoral como algo viable”, pues asegura están claros que “la dictadura no va a ceder un ápice de su poder y que, posiblemente, vayan a darse escaladas de violencia y que los perjudicados vamos a ser los más vulnerables”.
La opción, desde la perspectiva de las víctimas de encarcelamientos políticos, es que la oposición “no dé ningún tipo de legitimidad a la dictadura de Ortega” y “desconozca” desde ya “totalmente las elecciones programadas” para 2021.
La excarcelada política asegura que debe haber un llamado a los partidos políticos para que “no participen” en “un futuro circo electoral” y “hagan una Coalición en la cual demanden como precondición la liberación total de los presos políticos, respeto de todos los derechos humanos, reformas electorales y una reestructuración de todo el sistema electoral”.
Para Pineda una de las opciones que tiene la oposición es que los “rostros visibles de la oposición continúen en el trabajo de organización, autoexcluyéndose de aspiraciones políticas en este momento, acudiendo a un proceso electoral viciado sin mayor aspiración que la documentación de un fraude electoral que busque el desconocimiento internacional del régimen como línea de acción”.
La acción sugerida por Pineda para la oposición tiene como premisa que, una vez ejecutada, podría traer como consecuencia que el régimen de Ortega sea declarado ilegítimo ante la comunidad internacional, especialmente ante los Gobiernos de las Américas reunidos en la OEA.
