4 de diciembre 2020
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Una decena de opositores al régimen de Daniel Ortega y organizaciones de la sociedad civil interpusieron un recurso por inconstitucionalidad parcial en contra de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que fue aprobada el 15 de octubre pasado con 70 votos a favor de la bancada sandinista en el Parlamento controlado por Daniel Ortega.
Según los opositores, esta ley viola por lo menos 17 artículos de la Constitución de Nicaragua y cuatro numerales, por lo que solicitan que la ley sea derogada parcialmente en sus artículos 1 y 3 numeral 2, 4, 6, 9, 10, 14, 15 y 17.
"Este recurso lo interponemos contra los titulares de los órganos que emitieron la referida ley, siendo en este caso el presidente de la Asamblea Nacional, señor Gustavo Eduardo Porras Cortés; y el presidente de la República, José Daniel Ortega Saavedra, cargos ejercidos al momento de su aprobación, sanción, promulgación y publicación en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 192 de 19 de octubre de 2020", dicen los opositores en el documento de petición.
Según ellos, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros va en contra de una serie de convenios que Nicaragua ha firmado a nivel internacional, principalmente algunos relacionados con la protección de los derechos humanos, el derecho al trabajo, a la libertad de reunión y al derecho político de participación ciudadana.
Pero también mencionan que, con la aprobación de esa ley, el Estado de Nicaragua estaría incumpliendo con sus responsabilidades con la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Contra opositores
Desde que se promovió la Ley de Agentes Extranjeros en la Asamblea Nacional, los opositores al régimen de Ortega han expresado su preocupación de que esta deja a criterio de la dictadura las definiciones de qué es un agente extranjero y qué es una injerencia extranjera, por lo que temen que pueda ser aplicada, en su contra, de forma discrecional.
Expertos jurídicos, que han sido consultados por CONFIDENCIAL, analizaron que con su aprobación, el régimen creó dos tipos de ciudadanos: los "verdaderos", que serán aquellos simpatizantes del régimen que acepten todo lo que se les diga, y los "agentes extranjeros", definición donde estarían los opositores.
"El artículo 14 de la Ley N° 1040 establece prohibiciones que limitan los derechos de participación ciudadana y de participación política partidaria. Estos derechos, según el texto constitucional tienen como titular a ciudadanos, de manera que son personas naturales que gozan de ciudadanía quienes resultan lesionadas en sus derechos, a la vez que pueden ser integrantes de una persona jurídica también afectada por la Ley", dicen los opositores entre sus argumentos.
Pero la ley además indica en su artículo 14 que quienes sean catalogados como agentes extranjeros no podrán optar a cargos públicos, y tampoco podrán intervenir en actividades de política interna y externa, de lo contrario serán penalizados según lo establecido en la misma legislación.
La opositora Violeta Granera calificó a la legislación como "aberrante", y dijo además que está cumpliendo con su "derecho como ciudadana", de presentar un recurso en contra de la misma.
El excandidato presidencial Edmundo Jarquín dijo que la ley "no sola viola el orden jurídico de Nicaragua, además viola los derechos humanos de conformidad con las diferentes convenciones que tutelan los derechos humanos. De tal manera que no solamente es una ley represiva, sino que viola lo establecido en las convenciones internacionales".
Para Suyen Barahona, del Movimiento Renovador Sandinista, la ley pretende "coartar las posibilidades de organización, también de los medios de comunicación y las organizaciones que están siendo vistas como opositoras que puedan apoyar a las comunidades afectadas por los huracanes Eta y Iota".
MAM también recurrió contra ley
El Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) también presentó, el pasado primero de diciembre, un recurso por inconstitucional contra la misma Ley de Agentes Extranjeros.
"Particularmente señalamos que se ha violentado el principio de inocencia de los ciudadanos nicaragüenses, pero también se violenta el derecho de ser nicaragüense. Ningún ciudadano nicaragüense dentro del territorio nacional puede ser considerado extranjero y esa ley con su registro de agentes extranjeros pretende obligar tanto a ciudadanos individuales como a sus organizaciones a registrarse", dijo Juana Jiménez, abogada e integrante del MAM.
Jiménez se refirió a que la legislación obliga al Ministerio de Gobernación a crear una oficina de control de agentes extranjeros donde todas las personas que entren en esta categoría deberán registrarse y reportar sus ingresos y egresos, así como la forma en que gastan este dinero.
Marlen Chow, integrante de la agrupación defensora de los derechos de las mujeres, expresó que muchas organizaciones trabajan con recursos extranjeros que les permiten atender las necesidades que el Estado de Nicaragua ha olvidado y con esto se disminuirían las capacidades de las organizaciones.
"Pero ya sabemos el abandono en el que están los programas de atención de las mujeres y ahora quieren acabar con el trabajo que han hecho las organizaciones", expresó Chow.
