16 de enero 2018
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Las denuncias de corrupción contra el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas no son nuevas y ante su ingreso en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, de Estados Unidos, los bancos nicaragüenses han cumplido con el protocolo de cerrarle sus cuentas y entregarle el dinero. Además, en Costa Rica, donde Rivas viaja con frecuencia y posee lujosas propiedades, la fiscalía inició una investigación en su contra, bajo la sospecha de blanqueo de capitales.
El presidente Daniel Ortega y su vicepresidenta y vocera Rosario Murillo han callado sobre el tema durante tres semanas, imponiendo una disciplina de silencio en el gobierno y el partido, hasta que el asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce, este viernes cuestionó la corrupción y violaciones de derechos humanos atribuidas al polémico magistrado, y calificó las sanciones estadounidenses como un “arrebato imperial”.
“¿Cuáles son los actos de corrupción y de violación de los derechos humanos con los que acusaron a Roberto Rivas?”, retó Arce ante un grupo de periodistas que lo abordaron sobre el tema. Según Arce, Estados Unidos actuó contra el magistrado “porque se creen los dueños del mundo”.
El asesor de agencia de promoción de inversiones ProNicaragua e hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo; el canciller Denis Moncada, y el jefe de la bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, Edwin Castro, se habían rehusado antes a brindar declaraciones.
Rivas fue sancionado por la Global Magnitsky, e incluido en la lista OFAC, el pasado 21 de diciembre, un día después que la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) avaló las votaciones municipales nicaragüenses del pasado noviembre. Rivas no ha tenido ninguna aparición pública desde un par de semanas antes, incluso, faltó a principios de enero al acto de juramentación de los alcaldes electos de Managua, en el cual fue sustituido por el vicepresidente del CSE, Lumberto Campbell.
Fiscalía tica investiga a Rivas
Mientras el gobierno de Nicaragua y los entes fiscalizadores como la Contraloría General de la República y el Ministerio Público callan sobre las sanciones al magistrado que acumula señalamientos y denuncias por sospecha de enriquecimiento ilícito, la Fiscalía General de Costa Rica informó el martes que abrió una investigación en su contra, bajo sospecha de legitimación de capitales o blanqueo de dinero en ese país.
En Costa Rica se denomina legitimación de capitales al lavado de dinero, un delito grave cuya finalidad es esconder el origen sucio del dinero obtenido por organizaciones criminales o personas señaladas por corrupción.
El diario costarricense La Nación informó que la Fiscalía de su país anunció que “se abrió de oficio la causa 18-000038-058-PE luego de analizar unas publicaciones compartidas por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en relación con informaciones difundidas en Estados Unidos sobre presuntos hechos delictivos aparentemente cometidos por Rivas en Costa Rica”. Las autoridades pretenden “probar o descartar la existencia de un delito”.
Desde 2009, el mismo diario informó que Rivas es dueño de un terreno de 3,514 metros cuadrados, valorado en 193 mil dólares y localizado en un condominio exclusivo. Además, en una sociedad anónima junto con su esposa, registró cuatro casas de un total de 2,441 metros cuadrados, en el mismo condominio. Ese mismo año, también ingresó dos vehículos de lujo, exonerados de impuesto y aprovechando privilegios diplomáticos de la Embajada de Nicaragua en Costa Rica, a cargo de su hermano Harold Rivas.
Los cuestionamientos sobre el numero patrimonio de Rivas y sus gustos exclusivos señalan que el ingreso anual del magistrado ronda solo los 60 mil dólares.
La Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica pidió a los bancos bajo su supervisión revisar si Rivas mantiene cuentas en los bancos ticos. En Nicaragua, la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Siboif) no se ha pronunciado sobre el tema. Sin embargo, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, confirmó en su conferencia semanal que los bancos nicaragüenses cerraron las cuentas del magistrado y le regresaron su dinero.
¿Y en Nicaragua?
El catedrático de la Universidad Americana (UAM) y contador público, Giovanni Rodríguez, explicó en una entrevista con el programa de televisión Esta Noche que aun cuando la Siboif no lo informe, los bancos están obligados a seguir sus protocolos de actuación ante este tipo de situaciones, como las listas de riesgo de la OFAC.
“Entrar a una lista de control de activos significa que no se pueden hacer transacciones en (el sistema financiero de) ese país y que los ciudadanos estadounidenses, en cualquier parte del mundo, tampoco podrían hacer transacciones con estos”, reiteró Rodríguez. Las listas de la OFAC incluyen a señalados por narcotráfico, lavado de dinero, corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Rodríguez igual precisa que los países pueden proceder y tomar medidas en contra de los sospechosos, según los avances de sus investigaciones, como podría hacer Costa Rica.
El excontralor de la República, Agustín Jarquín Anaya, considera que aunque las sanciones de Estados Unidos son contra Roberto Rivas, el caso “trasciende al Estado” y considera que la Contraloría y la Fiscalía deberían estar investigando de oficio. Además, la Asamblea Nacional podría exigir una rendición de cuentas.
El exprocurador y experto en Derecho Penal, Alberto Novoa, critica que “el problema es que en Nicaragua prima la cooptación de todos los poderes, que hablan en coro, cuando tienen que hablar, porque la autonomía no existe”.
Jarquín iniste en que “se debería ir a fondo en estas investigaciones (a Rivas) y se le debería retirar del Poder Electoral”, donde llegó como un magistrado más desde 1995.
Novoa añade que el delito de enriquecimiento ilícito obliga al señalado a demostrar que su patrimonio fue obtenido de forma transparente, “de dónde viene, o de donde sale”. Es decir, develar el mayor misterio sobre la fortuna y exclusiva vida del magistrado Rivas.
El historial de Roberto Rivas
1995
Es propuesto por el cardenal Miguel Obando y Bravo, su eterno benefactor, como magistrado del CSE, cuando el religioso fue interlocutor de las reformas constitucionales. En los veinte años anteriores, Rivas había trabajado directamente con Obando.
2000
Es reelecto como presidente del CSE, tras el pacto entre el PLC y el FSLN. Públicamente, Roberto Rivas respondió hasta 2006 a los intereses del expresidente Arnoldo Alemán. Luego, se plegó a Daniel Ortega, igual que en 2002 había hecho el cardenal.
2002
Se archiva una resolución de la Contraloría General por presunción de responsabilidad penal en contra de Rivas. La Contraloría lo señalaba “por haber perjudicado deliberadamente el patrimonio económico del Estado en 278 mil 481 córdobas”.
2007
Ortega regresa a la Presidencia. El CSE, a cargo de Rivas, nunca reveló el 8% de los resultados electorales. Al año siguiente, el CSE asignó de forma fraudulenta unas 40 alcaldías al FSLN. Luego, en 2009, Rivas acató la sentencia reeleccionista de Ortega.
2009
Se confirma en Costa Rica que Rivas posee en un residencial exclusivo un conjunto de lujosas propiedades, valoradas hasta en tres millones de dólares. Rivas viaja a Costa Rica en vuelos privados. Se le atribuyen tres aviones, valorados en 2.3 millones de dólares.
