23 de agosto 2021
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En las próximas dos semanas se vence el plazo de investigación de los 90 días para Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, los primeros cuatro precandidatos presidenciales presos por el régimen Ortega Murillo, de un total de 33 presos políticos secuestrados en los últimos tres meses. “Todas son detenciones arbitrarias”, dice el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y “la comunidad internacional está esperando que, en la medida en que se van cumpliendo esas fechas, se deben ir liberando a estas personas”.
Mientras Ortega se encamina a su tercera reelección consecutiva sin competencia política, con su esposa Rosario Murillo como vicepresidente, el jurista chileno José Miguel Vivanco considera que al anular la competencia electoral “Ortega se sepulta a partir del 7 de noviembre, con una total falta de credibilidad y legitimidad, y las demandas de una transición democrática van a ser mucho más fuertes”.
Este es un fragmento de la entrevista que brindó Vivanco en el programa Esta Semana.
¿Cómo valora Human Rights Watch la crisis de derechos humanos y la crisis política de Nicaragua? Hay siete precandidatos presidenciales presos; los partidos políticos opositores despojados de su personería jurídica; la Iglesia católica dice “no hay condiciones” para una elección transparente, y la gente dice “no hay por quién votar”.
Esta es una situación absolutamente insólita, sin precedentes en nuestra región, nos remonta a las épocas de las dictaduras militares, de los 70 y de los 80. Han detenido a medio mundo, y específicamente a los precandidatos presidenciales, pero no solo eso, a personas clave de la sociedad civil, del sector privado, de los medios de comunicación, líderes estudiantiles; es una, realmente, una avalancha de abusos que se pueden cometer en un país cuando quien manda tiene todo el poder concentrado en sus manos, como es el caso de Ortega y Murillo,
Creo que todo el mundo entiende, tanto en Nicaragua como fuera de Nicaragua, que las elecciones ya se dieron, hay un cronograma electoral que debería traducirse en una elección competitiva, entre varios candidatos, y eso no se va a dar. Sabemos el resultado, no hace falta esperar hasta el 7 de noviembre. La comunidad internacional lo tiene clarísimo, no solo no hay condiciones para esas elecciones, aquí se han dado unos abusos de tal envergadura que invalidan, deslegitiman cualquier proceso electoral programado y, por supuesto, contribuye a descalificar, aun más, a esa dictadura sanguinaria.
¿Qué impacto tiene en la legitimidad del resultado el cierre de la vía electoral, el hecho de que estas elecciones se dan sin competencia, sin condiciones, para ese Gobierno de Ortega, que se va a reelegir sin competencia y sin condiciones?
Yo creo que, salvo Venezuela, que está dirigida por otra dictadura; Cuba, en la región, y Bolivia, no creo que vayan a conseguir más reconocimiento que estas dos dictaduras; y fuera de esta región, Rusia, desde luego Putin; probablemente China. No son países menores, son dictaduras también, equivalentes, que tienen intereses, en el caso de Rusia de carácter geopolítico.
Yo me atrevería a decir que, incluso México y Argentina, que han actuado de una manera tan decepcionante al escudarse en la no injerencia, aquellos países que dicen, preferimos no meternos en los asuntos internos de Nicaragua, le va a quedar muy difícil felicitar y terminar por reconocer un cuarto mandato, absolutamente ilegítimo, completamente irregular del actual dictador Daniel Ortega.
Las opciones políticas en la OEA
¿Cuáles son las opciones que están planteadas en la Organización de Estados Americanos? Muchos Gobiernos condenan las violaciones a los derechos humanos, pero no todos se inclinan a tomar una decisión de separar a Nicaragua de la OEA, con las implicaciones que eso tiene. Mencionaste México y Argentina, en la última votación se abstuvieron, igual que Honduras, igual que Belice.
Sí, es cierto. En el contexto de la OEA, la cosa se complica porque hay varios Gobiernos, entre los que se encuentran Argentina y México, por supuesto, que han llegado a la conclusión que -nada con Almagro-, no quieren acercarse a Almagro, no quieren, incluso, participar abiertamente en la OEA en temas como este. Y a mi me parece que esto es algo absolutamente inusitado, nunca hemos tenido una experiencia de este tipo en la región.
Al margen de la simpatía o antipatías que uno pueda tener con el secretario general de la OEA, y, de hecho, yo sí creo que Almagro ha cometido, no uno sino varios errores serios durante su gestión, él sigue siendo secretario general de la OEA, y hay cuestiones que están por sobre las descalificaciones o animosidades personales, esto no puede traducirse en un problema personal con el actual secretario general de la OEA. Por eso es que me resulta tan difícil tomar con seriedad estas objeciones que hacen Argentina y México para participar, por ejemplo, de un proceso que busque aplicarle la Carta Democrática y suspender a Nicaragua de la OEA.
Creo que el Gobierno del presidente Biden, que tiene buenas relaciones con México y con Argentina, debería jugar, y espero que lo haga, un papel más resuelto, y conseguir que, digamos, los países actúen responsablemente, de acuerdo a los principios, y examinen la conducta de Nicaragua, la conducta de su Gobierno a la luz o en función de lo establecido en Carta Democrática, cuya conclusión inevitable, en mi opinión, es la inmediata suspensión de Ortega de la OEA.
Esta semana, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU, se pronunciaron unánimemente condenando el asalto al diario La Prensa, las violaciones a los derechos humanos en el país. Pero para la dictadura de Ortega ese tipo de condenas, de las organizaciones de derechos humanos, no tienen impacto, no tienen consecuencia.
Estamos ante una dictadura sanguinaria; con una pareja que trata al país como si fuera una finca privada, y están decididos a aferrarse a cualquier precio al poder, pasando por arriba todos los compromisos, los acuerdos, las obligaciones jurídicas, tanto en lo interno como a nivel internacional. Aquí no hay un proyecto de país, no hay un conflicto de visiones ideológicas, esto es una cleptocracia, es decir, es un régimen que se nutre el ejercicio del poder absoluto para la corrupción, para enriquecer sus arcas personales. Y eso es lo que lamentablemente existió en el siglo pasado en América Latina.
Creo que cada vez hay más similitudes entre Somoza y Ortega, y en esas circunstancias el dictador queda ciego, sordo, y simplemente avanza con todo para lograr su objetivo. Sin embargo, aun así, yo sí creo que la comunidad internacional tiene que seguir redoblando esa presión, y creo que eso se va a dar cuando la Cámara apruebe la ley que se llama Renacer, que le va a dar un menú de opciones al Gobierno del presidente Biden.
La liberación de los presos políticos
En Nicaragua hay mas de 140 presos políticos, de los cuales 33 fueron capturados en los últimos tres meses, como parte de este cierre de la vía electoral, muchos de ellos están prácticamente secuestrados, nadie los ha visto, ni sus familiares ni abogados; y en las próximas dos semanas se vence el plazo que el régimen se dio para, supuestamente, investigar en 90 días a varios de ellos precandidatos presidenciales, pero van a ser juzgados por las mismas leyes que estableció la dictadura. ¿Qué salida le ves a esta crisis de los presos políticos?
En cualquier sociedad democrática donde se respeten los principios básicos de un Estado de derecho, lo normal es que a uno lo investiguen, y si encuentran evidencias que demuestran la comisión de un delito, y la participación de uno en ese delito, se ordenen medidas que pueden traducirse en la privación de la libertad de la persona, eso es lo normal. Lo que ocurre en Nicaragua es al revés. La detención va primero, y ahí se investiga a la gente, y de acuerdo a esta legislación ad hoc, que se la han inventado en febrero de este año, y que les permite mantener a una persona que se encuentra bajo investigación hasta por tres meses.
Bueno, esa figurita que le están aplicando a todos aquellos que han sido detenidos en estas últimas redadas, se van cumpliendo los plazos, para Cristiana (Chamorro), para Juan Sebastián (Chamorro), para (Arturo) Cruz, para todos ellos, el calendario es muy claro, la próxima semana debería haber vencimiento de plazo, y ya en los primeros días de septiembre hay varios de los dirigentes que el plazo se cumple. Vamos a ver qué hace el régimen, si se inventa algún pretexto para prolongar esa detención. Todas estas detenciones son arbitrarias, todo esto no tiene ninguna base jurídica, esto es simplemente un abuso caprichoso de la dictadura, aquí estamos en la total indefensión, en el desamparo absoluto.
En todos los contactos que yo he tenido con representantes de la comunidad internacional, tienen clarísimo las fechas, y están esperando que, en la medida en que se van cumpliendo esas fechas, se deben ir liberando a estas personas. Vamos a ver qué pasa, pero creo que ahí se le va a presentar un problema a Ortega.
Si de antemano hay un reconocimiento nacional e internacional de que no tienen legitimidad y, por lo tanto, tampoco el Gobierno que será electo, ¿hay precedentes en las crisis de América Latina de elecciones que se pueden anular y se convoca nuevamente para salir de una crisis política?
Ciertamente. Todo dependerá de la presión de la comunidad internacional, esto no es un camino sin retorno, esto no es algo fatídico, algo que nos condena, a partir del 7 de noviembre, a otros cinco años de Ortega. Ortega se sepulta, se condena a partir del 7 de noviembre, porque si él ejecuta lo que ha planificado, termina enterrado mucho más abajo de lo que está, con una total falta de credibilidad; creo que es muy probable que algunos países democráticos decidan retirar sus representaciones en Managua, precisamente por una conducta de esta naturaleza.
Nosotros esperamos, también, activar al Consejo de Derechos Humanos, donde comparece la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para que ordene una nueva Comisión, una delegación de investigación en el terreno respecto a lo que está ocurriendo en Nicaragua. Creo que, en otras palabras, la pista se le pone aún mucho más pesada a Ortega a partir del 7 de noviembre, una vez que él pretenda celebrar o inaugurar un cuarto periodo consecutivo de cinco años, que no va a contar con la más mínima, mínima cuota de legitimidad.
Estamos hablando de un camino complejo, de una transición democrática. Ahora, ¿esa transición democrática es con Ortega o sin Ortega y Murillo?
Ortega en este instante se ha aprovechado porque nadie, nadie pudo anticipar lo que este señor estaba dispuesto a hacer, que pudiéramos estar enfrentados a un cuadro de este tipo; pero creo que ya hoy, los que no lo conocían, saben perfectamente de los extremos a los que están dispuestos a llegar para perpetuarse en el poder; y creo que una vez que logre consumar el plan de una reelección más, creo que, ya se abren las puertas para una nueva fase en la relación con la comunidad internacional, donde las demandas y las exigencias de transición democrática van a ser mucho más fuertes.
La agenda de la justicia
La semana pasada la Fiscalía de la Corte Penal Internacional declaró que hay méritos para investigar y juzgar a los gobernantes de Venezuela por crímenes de lesa humanidad, tomando en cuenta la inacción de la justicia en Venezuela. Ese es un escenario frente al cual los nicaragüenses quisieran ver la salida del país, pero el Gobierno no es signatario de la Corte Penal Internacional. ¿Qué salida tiene la crisis de la justicia?
La crisis de la justicia se va a abordar con la recuperación del orden democrático en Nicaragua, caminan juntas. No es realista esperar que se haga justicia (ahora), que se frenen estos abusos y que se castigue a los responsables por los crímenes gravísimos: ejecuciones, masacres, torturas, cometidas por el régimen de Ortega y Murillo.
Lamentablemente, la Corte Penal Internacional no es una opción, porque no han ratificado el Tratado de Roma, que es el que crea la Corte Penal. Pero el tema se puede plantear ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el problema en el Consejo es altamente probable que Nicaragua cuente con el apoyo de Rusia y de China, que tienen poder de veto y no estén dispuestos a llevar el caso de Nicaragua ante la Corte Penal Internacional.
Por lo que estás diciendo, el tema de la justicia se pospone, hasta lograr una salida política democrática. ¿Puede haber una especie de intercambio entre justicia y democracia, a pesar de los crímenes que se han cometido? Las víctimas dicen, no puede haber transición democrática sin justicia, y menos con impunidad.
Hay estándares que se llaman justicia transicional, que se utilizan cuando en una realidad política, los actores políticos no tienen la capacidad, hay una impotencia insuperable para exigir una investigación seria, rigurosa y el castigo ejemplar por los hechos atroces, pero son materias que se debaten, cuando entramos en una discusión seria sobre transición democrática. Creo que aún estamos muy lejos de algo de esa naturaleza.
De cualquier manera, siempre las víctimas y organismos como el nuestro, como Human Rights Watch, vamos a estar exigiendo una justicia genuina, una justicia que no sea simplemente una formalidad, donde se investiguen a fondo estos hechos y se castigue tanto a los autores materiales como a los máximos responsables de los hechos atroces acontecidos en Nicaragua.
