16 de enero 2023
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El exministro de Educación Humberto Belli considera que el encarcelamiento y juicio político contra el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, a quien el régimen de Daniel Ortega procesa por “conspiración” y “noticias falsas” en una causa “carente de evidencias” es un caso sin precedentes en la historia de Nicaragua y América Latina.
“Esto está siendo visto en el mundo entero con asombro. Entonces, me pregunto, ¿no habrá también un aumento en la insatisfacción, en la conciencia de muchos servidores públicos?”, dijo Belli en una entrevista en el programa televisivo Esta Semana, que se transmite por YouTube y Facebook.
Para el exministro, el caso contra monseñor Rolando Álvarez representa “la medida política más costosa” en que ha incurrido Ortega desde hace mucho tiempo, la que se ha visto acompañada de prohibiciones a actividades religiosas en un ambiente de creciente tensión en el país, donde los empleados públicos son vigilados, mientras crece el descontento ante las pretensiones dinásticas de la familia presidencial.
“Nadie fuera de la familia (Ortega) es confiable. Es digno de recibir poder, porque es un régimen que no tiene una coherencia interna debido a una ideología, como podría ser el partido comunista cubano. Sino que es sencillamente una familia que busca al mismo tiempo, a través de las amenazas y las prebendas, construir un círculo de apoyo a su alrededor. Pero fuera de este no tienen confianza en nadie”, explicó el sociólogo e historiador.
Esta semana el régimen remitió a un juicio político al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, mientras lo mantienen bajo arresto domiciliario por los supuestos delitos de “conspiración contra la soberanía nacional” y “propagación de noticias falsas”, ¿hay algún precedente en Nicaragua o América Latina?
En ninguna parte del mundo. Sobre todo, por el secretismo y la ausencia total de evidencia de los cargos que se le están haciendo. Aún, en los países comunistas del Este, durante la década del estalinismo y el control comunista, hacían pretensiones de juicios, pero lo hacían públicamente con cámaras, ya habían inducido confesiones de los acusados, pero había cierta publicidad, ahora tenemos juicios en la sombra, sin ninguna información, sobre el detalle de las acusaciones.
Quisiéramos saber qué noticias falsas propagó monseñor Rolando Álvarez. Qué digan: el día tal dijo tal cosa y eso es falso porque no ocurrió. ¿Dónde están las pruebas de la conspiración del obispo? ¿Con quién se reunió en secreto y qué es lo que planearon? Es decir, son acusaciones insostenibles, sin pruebas, donde además se ha incurrido al no permitirle abogado defensor. ¿En qué país del mundo cuando alguien es acusado no tiene acceso a su abogado?
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Son abogados del Gobierno, empleados que sus salarios dependen de la obediencia al Estado y aun cuando a veces se haya hecho contacto con algún defensor no se les da acceso a los documentos necesarios para saber de qué está siendo acusado el reo. Llegan sin preparación a la audiencia. Hay una falta de incluso de disimulo en la forma grotesca en que este tipo de acusaciones se están llevando a cabo.
Esta acusación que no tiene base jurídica ha generado mucha indignación, repudio, ¿Qué gana la dictadura con fabricar este juicio tan burdo? ¿Le acarrea algún costo?
Esta acción es la medida políticamente más costosa, en la que ha incurrido Ortega en un buen período de tiempo. Incluso, la expulsión de las Monjas de la Caridad, que ha causado estupor internacionalmente —porque nadie puede jamás acusar a las monjitas de ser enemigas del Estado, o de ser políticas— causó un gran golpe. Pero ya atacar a un obispo, tenerlo preso y estar haciendo este tipo de acusaciones, realmente está representando un derrumbe tremendo de la poca credibilidad, si acaso le quedaba alguna, del Gobierno de Ortega.
Esto está siendo visto en el mundo entero con asombro. Le va a aumentar el costo político, aunque a veces parece que no les importa mucho. Esto sí, aun dentro de la misma ciudadanía, los miembros del Estado, del Ejército. Si alguno de ellos tiene algunas nociones de derecho; si existen algunos abogados dentro del régimen sandinista ellos estudiaron en derecho cómo son las exigencias mínimas de un proceso penal. Están viendo flagrantemente cómo se violan.
Entonces, me pregunto, no habrá también un aumento en la insatisfacción, en la conciencia de muchos servidores públicos que, por muy necesitados que estén del Estado y sus salarios, conservan alguna capacidad crítica. Esto es un acto sin precedentes; en la historia de Nicaragua jamás se había echado preso a un obispo. La única excepción es el asesinato del obispo Valdivieso en el siglo XVI. Hemos tenido dictaduras, hemos tenido Zelaya, Somoza, pero la prisión contra un obispo no se ha visto. Todavía no estoy seguro en qué país de América Latina.
Por otro lado, desde que él estaba cercado en la Curia de Matagalpa se conocen distintas versiones de que el régimen le ha ofrecido el destierro a cambio de la cárcel. Y él ha dicho: “yo soy el obispo de Matagalpa y aquí me quedo. No he cometido ningún delito”, aceptando el martirio que significa la cárcel. ¿Cómo se lee el mensaje de monseñor Álvarez?
Es un acto de extrema valentía, incluso hay informaciones de que el mismo Vaticano ha estado tratando de negociar con la Presidencia la salida al menos por un tiempo de monseñor Rolando Álvarez y ha presentado el dilema a él: ¿es preferible que pueda hablar desde el exterior o esté sumergido en una mazmorra en Nicaragua, en completo silencio? Es una situación sumamente difícil para él.
Sería un triunfo de la dictadura de que logró callar al obispo, logró anularlo sacándolo del país, pero sí lo echa preso, y el obispo acepta heroicamente ese destino tan duro de estar preso en Nicaragua, esta situación sería una manifestación de mucho heroísmo y al mismo tiempo una condena implícita a un Gobierno que tendría en las manos una papa caliente, un motivo de indignación permanente, nacional y mundialmente. Vamos a ver qué ocurre. Yo como cristiano quisiera que el Espíritu Santo inspire a monseñor Rolando Álvarez, a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y a la misma Roma sobre el camino mejor a seguir por el bien de Nicaragua y del obispo.
¿Cómo evalúas hasta el momento la reacción de la CEN? He visto expresiones de que están en oración, el arzobispo (Leopoldo) Brenes ha brindado algunos comentarios, pero en términos generales hay silencio. ¿Ha logrado el Gobierno acallar a la CEN?
Sí. Hay dos posibles explicaciones: que ese silencio se debe a que están tratando de agotar a través de vías diplomáticas discretas, alguna negociación a favor del obispo. Qué piensen que, si ellos se pronuncian críticamente, el Gobierno va a anular esta posibilidad. Eso se aplica también a Roma. A la posición del papa Francisco que es también muy callada.
Si esto no produce resultados, si el juicio sigue adelante con todas sus barbaridades y terminan condenando y encarcelando con una sentencia firme al obispo, quiere decir que fracasó ese silencio y sería imperativo denunciar las anomalías. Que Roma o la CEN, en primer lugar, denuncien esas anomalías jurídicas tendría un peso y sería un respaldo moral tremendo a la Iglesia en Nicaragua. Claro se arriesgarían quienes lo hacen a qué también los echen presos.
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Parte de la prisión contra monseñor Rolando Álvarez es también para mandar un mensaje a la CEN, incluyendo al cardenal Brenes, de que si se descuidan en su forma de hablar y actuar ellos mismos pueden terminar en la cárcel y que el Gobierno no se va a detener ante nada y nadie.
Entonces, se puede pensar que estén atemorizados, pero hasta cuándo esa prudencia, para evitar la cárcel, puede ser justificada ante una institución que tiene el deber de solidarizarse con las víctimas, sobre todo si son de su propia Iglesia. De su propia jerarquía. Y el deber de decir la verdad, aunque le cueste como le costó a Jesucristo su testimonio.
Monseñor Rolando José Álvarez ora de rodillas frente a policías que lo asedian en la curia. Foto: Tomada de la ACJD
Hay otros siete religiosos que también están siendo acusados por delitos políticos, otros han sido condenados, porque se les ha atribuido delitos comunes, es decir no es un hecho aislado, sino ante un ataque bastante frontal. Antes amenazaron al obispo (Silvio) Báez de Managua y así han sido otros sacerdotes en distintas diócesis del país.
Esta ofensiva contra la Iglesia no solamente tiene un cariz político, porque se puede explicar como un intento de tener una Iglesia sometida, silenciosa, o cómplice. El hecho que también hayan expulsado a las hermanas de la caridad, de Madre Teresa de Calcuta, que haya cerrado la Fundación Fabretto que trabajaba con los niños pobres del norte del país y en una forma política. Que hayan cerrado muchas oenegés evangélicas que trabajaban la función religiosa y caritativa denuncia, revela, que, además de un ánimo político, hay uno antirreligioso.
Es decir, un deseo expreso de golpear a la fe cristiana en Nicaragua. Porque de otra forma no se explica que no se limiten a atacar a los clérigos que consideran opositores al Gobierno, sino que estén impidiendo procesiones, la llegada al país de muchos sacerdotes, expulsando a otros.
El régimen tolera actividades religiosas en Diócesis en las cuales tiene aparente complacencia de obispos o sacerdotes, mientras la semana pasada prohibieron por la fuerza la procesión de San Sebastián en Masaya y han prohibido otras procesiones y quieren impedir a las personas que se congreguen y salgan a la calle.
Es una manifestación de terror. Tiene mucho miedo del pueblo, sabe lo que pasó en 2018, que el pueblo mayoritariamente los aborrece y que, si tuviera oportunidad de tomarse las calles, lo volvería a hacer. Ese temor es lo que mantiene tantos policías en la calle, tantos presos en las cárceles, mantiene esas prohibiciones, porque un Gobierno democrático y con respaldo popular no tendría temor de permitir las manifestaciones, reuniones, la actividad opositora.
Este es un régimen atemorizado. Dan una doble imagen: la de poderoso, que no le tiene miedo a nadie, a nada, que no repara en los costos políticos de sus acciones, pero también es un régimen que le tiene muchísimo temor a su pueblo. Por eso, echaron presos a todos los candidatos opositores en las elecciones pasadas, tenían temor que cualquier de ellos acumulara respaldo popular y tienen ese terror que haya incluso procesiones religiosas, porque donde ven congregados a diez, veinte, o más nicaragüenses, tiemblan.
El sociólogo, Humberto Belli.
Foto/Confidencial
Esta semana Daniel Ortega cumplió 16 años consecutivos en el ejercicio del poder, superando incluso a Somoza García, Zelaya, y en realidad son 27 si suma la década de los 80, ¿Qué impacto puede tener esta cruzada contra la Iglesia católica en los planes de sucesión dinástica del régimen de Ortega que ya están marcha? El propio 9 de enero dijo que Rosario Murillo es la copresidenta, una figura que no existe legalmente en la Constitución.
Estamos viendo una reproducción de lo que ya Nicaragua padeció con la dinastía de los Somoza. Parecía inconcebible que se iba a repetir este fenómeno de una dinastía que, debido a su prolongación, provocó al final una tremenda guerra civil. Pues vamos encaminados en la misma dirección. Porque Rosario Murillo es claramente una cogobernante.
Hay quienes afirman que ella maneja más el día a día, y toda la administración del Estado que el propio Ortega, y está claro también que está previendo que en caso de la desaparición de cualquiera de los dos la sucesión continuaría a través de Laureano (Ortega Murillo) u otro miembro de la familia presidencial.
Lo que también evidencia temor, desconfianza, porque nadie fuera de la familia es confiable, digno de recibir poder, porque es un régimen que no tiene una coherencia interna debido a una ideología, como podría ser el partido comunista cubano. Sino que es sencillamente una familia que busca al mismo tiempo, a través de las amenazas y las prebendas, construir un círculo de apoyo a su alrededor. Pero fuera de este círculo íntimo familiar no tienen confianza en nadie.
Incluso el hecho que han mantenido continuamente al general Avilés en el Ejército demuestra una desconfianza hacia otros miembros del Estado Mayor. Una desconfianza a los altos militares del Ejército que tal vez podría tener una actitud más independiente. Porque se han aferrado a un militar sumamente servil para mantenerlo indefinidamente a la cabeza del Ejército, pero, son manifestaciones de miedo.
Todos los días estamos viendo que hay también altos funcionarios públicos en la cárcel, casa por cárcel, asediados, algunos acusados por los delitos que le atribuyen a los presos políticos, otros señalados de corrupción, otros se quejan que les han retenido los pasaportes para que no viajen fuera del país. ¿Es viable una sucesión dinástica?
Este tipo de medidas hacia los propios funcionarios públicos es otra manifestación adicional del temor que también existe en la pareja gobernante hacia su propio círculo de sostenimiento. Es síntoma de una tremenda desconfianza y un afán continuista, dinástico, de pasar el poder de Rosario Murillo a los hijos, que sería una réplica de lo que sucedió con la familia Somoza.
En este sentido, es bueno recordar cómo en tiempos de la dinastía de los Somoza, que terminó tan trágicamente, cuando llegó al poder Luis Somoza, quien era un ingeniero, con formación moderna, más civil, temió que la dictadura somocista pudiera causar el colapso del mismo régimen y grandes problemas, y se opuso al continuismo. Hizo cambios en la Constitución para evitar la reelección y él mismo se fue a su casa, después de cumplir su período, y estuvo siempre opuesto a que su hermano Anastasio ocupara la Presidencia después de él y eso causó dentro de la familia agrias discusiones.
Me consta por revelaciones de algunos de ellos de cómo se peleó dentro de la familia para que Tacho Somoza hijo no siguiera en esa ruta continuista. Continuar contra viento y marea en esta tradición, no solamente va producir mayores disensiones dentro del Estado. Acordémonos que gran parte de los sandinistas que están con los Ortega lucharon contra la dinastía somocista. Entonces van a ver que hay una nueva dinastía y se verá más difícil de justificar.
Y hay el peligro de que al cerrarse todas las vías cívicas, la posibilidad de una apertura, de alguna salida democrática, habrá la tentación de algunos sectores de recurrir a la violencia, pensar en atentados, armarse, eso ha sucedido tantas veces en la historia de Nicaragua.
Sería mucho más sensato que, dentro de la propia familia Ortega, hubiera quiénes–como lo hizo Luis Somoza– tuvieran un poco más de visión y vieran por lo que más le conviene al país y a ellos mismos; sería buscar una salida distinta de la coreana: una de democratización gradual, hacer concesiones, liberar a los presos políticos y anunciar una voluntad más cooperativa, menos antagonista. Tener la inteligencia de ver que es más conveniente negociar con el mundo entero, recuperar credibilidad y legitimidad que mantenerse obstinadamente en una ruta sumamente peligrosa como ha demostrado la historia.
