Política

La red de negocios privados de la familia Ortega Murillo: 22 empresas a costa del Estado

Actas de juntas directivas confirman red de testaferros y control económico en empresas de petróleo, medios de comunicación, publicidad, y construcción

La fortuna de la familia presidencial en Nicaragua se maneja como un secreto de Estado en los corrillos de la Secretaría del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), veinte años después de la última declaración de bienes de Daniel Ortega, y su esposa Rosario Murillo, cuando entonces su patrimonio declarado sumaba 377 000 dólares.

Sin embargo, la existencia de 22 empresas privadas, a nombre de 18 ejecutivos de empresas y cinco abogados —todos allegados a la familia presidencial— revela una red de negocios que ha tenido un crecimiento exponencial tras el regreso al poder de Ortega, apuntalada en la apropiación privada de la millonaria cooperación estatal proveniente de Venezuela, calculada en 5000 millones de dólares entre 2007 y 2016.

Una investigación de CONFIDENCIAL, basada en documentos del Registro Público e información del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), revela, por primera vez, un mapa parcial de la red de negocios privados de los Ortega Murillo. El análisis de los datos permite conocer quiénes son los accionistas-testaferros, y el patrón de control accionario que ejercen estas personas de confianza de la familia.

La investigación comprueba también el aprovechamiento que hacen estas empresas, a manos del clan presidencial, de los fondos del Estado a través de contratos con instituciones públicas, y las ventajas obtenidas a cambio de la concesión otorgada a la empresa de telecomunicaciones Xinwei (del empresario chino Wang Jing), que les cedió un 30% de acciones, así como en la red de gasolineras DNP-Petronic, y en el caso de la televisora estatal Canal 6, manejada por una empresa privada. Asimismo, a partir de los datos del INSS se confirma el nepotismo de los Ortega Murillo con los parientes con cargos en el Estado y otros que reciben salarios de las compañías de la red, incluyendo ocho hijos de la pareja.

Rafael Ortega Murillo: El operador de negocios de la familia 

2015, San José, Costa Rica. Una delegación oficial de Nicaragua llega a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), encabezada por el presidente Daniel Ortega y la entonces primera dama —y menos de dos años más tarde vicepresidenta— Rosario Murillo. En la comitiva también figuran tres de sus hijos: dos presentadas como asesoras: Camila y Luciana, y el más destacado: Rafael, quien asiste con rango de ministro, aunque no se identifica la cartera que representa. Entre 2018 y 2021, igual representa al Gobierno ante Rusia y China, con su hermano Laureano.

sanciones a rafael ortega murillo
Rafael Ortega Murillo, el operador más discreto. Foto | Cortesía | La Prensa | Confidencial

Rafael es empresario y enlace en las relaciones del Gobierno con Venezuela y Cuba, y es el principal operador financiero en los negocios petroleros de la familia que gobierna Nicaragua desde enero de 2007, cuando Ortega regresó a la silla presidencial, dieciséis años después de su derrota electoral en 1990.

Una fuente cercana a la familia asegura que a partir de aquella derrota, en la década de los 90, los Ortega Murillo dejaron de depender económicamente del partido FSLN y empezaron a construir su patrimonio. Rafael, el hijo mayor de la pareja presidencial, surgió como la figura “encargada de mover y administrar el dinero”, que en ese entonces provenía fundamentalmente de generosos donativos como los del dictador libio Muamar el Gadafi. Un apoyo que el mismo Daniel Ortega reconoció públicamente en 1998.

“Viajaban frecuentemente, sobre todo a Medio Oriente, para buscar esos apoyos o donativos”, dijo una fuente que aceptó hablar con CONFIDENCIAL, con la solicitud de que se protegiera su identidad.

El dictador libio, ya fallecido, Muamar el Gadafi, con Daniel Ortega, durante una visita a Nicaragua. Archivo | Presidencia

En 2009, dos años después que su padre regresó al poder, Rafael Ortega Murillo empezó a aparecer más seguido públicamente y cerró la opaca compra del Hotel Seminole, en pleno centro de Managua, con fondos de Venezuela.

La cooperación estatal venezolana, estimada en unos 500 millones de dólares anuales —calculada en unos 5000 millones hasta 2016—, fue privatizada, sin apego a ninguna ley, y manejada de forma discrecional por Ortega y su grupo familiar.

En diciembre de 2019, el secretario del Tesoro de Estados Unidos Steven T. Mnuchin, anunció sanciones económicas contra el hijo mayor del presidente, a quien describió como el administrador clave del “esquema financiero ilícito” del régimen de Nicaragua.

Las autoridades estadounidenses también sancionaron a dos de sus empresas: la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP) e Inversiones Zanzíbar. Ambas eran responsables de un rentable negocio de estaciones de servicios de combustible en Nicaragua, con la segunda red más grande de gasolineras del país. La red también fue adquirida con fondos venezolanos en 2009, y hoy están venidas a menos tras las sanciones estadounidenses.

Iván Acosta, ministro de Hacienda; Laureano Ortega, asesor presidencial para las inversiones; Nikolay Mikhaylovich, exembajador de Rusia en Nicaragua; y Rafael Ortega; delegado presidencial. // Foto: Gobierno

La sanción del Tesoro de Estados Unidos afectó de forma directa al hijo mayor de Ortega y Murillo. Pero, hasta ese momento, el único rostro visible de la familia presidencial en el negocio de las gasolineras era Yadira Leets Marín, exesposa de Rafael. Leets fue gerente de la DNP al menos hasta 2018, y según documentos internos —a los que ha tenido acceso CONFIDENCIAL y son parte de esta investigación— en 2009 era la directora ejecutiva de la empresa.

En Inversiones Zanzíbar, Rafael Ortega Murillo recibía un salario de casi 160 000 córdobas (unos 5000 dólares) y también tenía una participación financiera directa en la DNP, según información interna de la Seguridad Social y documentos de la red de gasolineras, respectivamente.

La red de negocios de la familia en 2021

Esta investigación de CONFIDENCIAL, basada en documentos del Registro Público, construye un informe parcial de la red de negocios privados de los Ortega Murillo y la infraestructura legal de empresas y socios creada para administrarlas. Se trata de un engranaje empresarial de al menos 22 compañías que descansan en la lealtad de cinco abogados y dieciocho ejecutivos que participan como accionistas y testaferros, todos con algún vínculo con la familia presidencial y el gobernante FSLN.

En los documentos se confirman los intereses económicos de los Ortega Murillo en petróleo con compañías como Alba de Nicaragua S. A. (Albanisa) y la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP) en el rubro de gasolineras. También está en bienes raíces con ICSA Inmobiliaria y Urbanizadora Industrial, S. A. (URBISA), en publicidad como Lumicentro o Difuso, en servicios como Desarrollo, Tecnología y Comercio Global y en medios de comunicación. Y quizás este último rubro sea el más visible hasta ahora, por la presencia de los hijos de la pareja presidencial al frente de empresas como Canal 4, 8, 13 y en radioemisoras como la Sandino y Variedades, entre otras.

Los accionistas de estas 22 empresas, entre los que no aparece ningún miembro de la familia presidencial, comparten responsabilidades con empleados públicos, amistades o familiares, como Mauricio Jacobo Castillo Arcia, un excuñado de Juan Carlos Ortega, otro hijo de Ortega Murillo, director del canal TN8 y también sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea. En este canal, adquirido en 2010 con 9.7 millones de dólares también provenientes de la cooperación estatal venezolana invertida en Albanisa, Castillo Arcia es encargado de tramitar la publicidad estatal y figura como empleado y accionista.

El 15 de febrero de 2022, Juan Carlos Ortega solicitó la inscripción ante el Registro de la propiedad intelectual en el Estado de la marca Merol, relacionada con el negocio de productos alimenticios, lo que indica una posible adición a su maletín de intereses empresariales.

En el tráfico accionario de las compañías de los Ortega se va perdiendo el hilo del dominio de las sociedades anónimas, según las certificaciones de actas de juntas directivas, constituidas cada una con un presidente, un vicepresidente y un secretario de la junta directiva.

El nombre que más se repite como accionista de las empresas de la familia presidencial es el del abogado José María Enríquez Moncada. Los hijos de Ortega y Murillo participan como directores de algunas empresas o en cargos ejecutivos, pero las acciones están en manos de personal de confianza.

“Son personas que provienen del entorno personal de cada miembro de la familia, donde van captando quiénes pueden ser de su confianza para tal función”, pero no participan los cuadros partidarios ni funcionarios de alto perfil político, explicó una fuente vinculada a la operación.

La investigación de CONFIDENCIAL revela que se trata de una estructura no sofisticada, pero sí formal, en la que —según la misma fuente— se acuerda el pago de mensualidades a las personas que fungen como accionistas, así como el periodo por el cual tendrán acciones a su nombre. El informante señaló que los constantes cambios en las directivas de las empresas ocurren porque la familia no confía indefinidamente en una persona.

Yadira Julieta Leets Marín, exesposa de Rafael Ortega Murillo. Foto: Connectas | La Prensa

En el esquema financiero resulta esencial la participación de Yadira Leets Marín, la exesposa de Rafael Ortega Murillo. En 2015, Yadira Leets Marín era la presidenta de CODISA, una sociedad integrada por las radios Sandino, La Tuani, Futura, Clásica y Viva FM. Por otro lado, él figuraba transitoriamente como accionista mayoritario de Radio Ya en 2015, gerente de Viva FM en 2010 y accionista mayoritario de la sociedad Radio Stereo Variedades hasta septiembre de 2018.

Rafael Ortega Murillo opera como un fuerte empresario radial, mientras sus hermanos dirigen los canales de televisión abierta (4, 8, y 13). Sin embargo, en las gasolineras de DNP se encuentra en la sombra.

Según la documentación interna de la empresa In & Out, en septiembre de 2013, Rafael también tuvo un poder administrativo de la compañía, que ha sido beneficiada con contratos del Estado.

En febrero de 2020, una investigación de la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas reveló que tres canales de televisión y empresas de publicidad, entre ellas In & Out, bajo control de los Ortega Murillo, ganaron contratos públicos por el orden de 936 000 dólares entre 2018 y 2019.

Son cinco abogados y un pequeño grupo de accionistas los que más repiten en el esquema de control de las empresas del grupo familiar. Además de Enríquez Moncada, otros abogados involucrados en estos negocios son Juana del Carmen Violeta Nicaragua López, Reyna Anaís del Socorro Araica López, Patricia Josefina Villarreal Martínez y José María Enríquez Guido.

Como accionistas, además de José María Enríquez Moncada y José Mojica Mejía, aparecen con mayor frecuencia Eduardo Germán Morales Cuadra, Mayling Patricia Alegría Doña, Yessenia María Enríquez Guido, Paula de los Ángeles Aguilar y Mario José González García. Algunos figuran en cinco, seis y hasta siete empresas.

Yessenia María Enríquez Guido aparece como socia en cinco empresas, y José María Enríquez Guido como notario en otras dos.

CONFIDENCIAL intentó contactar desde agosto de 2021 a José María Enríquez Guido, cuando también se envió un correo a la vicepresidenta Murillo, pero la persona al teléfono dijo en ese momento que no se encontraba. Se dejó un mensaje solicitando que nos contactara, pero no hubo ninguna respuesta en los meses posteriores.

También contactamos entonces a Mojica Mejía para conocer sobre su participación accionaria en diversas empresas, según los hallazgos de esta investigación. Sin embargo, Mojica no respondió a su celular.

La conexión de Ortega con Wang Jing y Xinwei

Desde el 31 de septiembre de 2009, José María Enríquez Moncada y José Mojica Mejía, operadores de los Ortega Murillo, incursionaron en el negocio de la telefonía aprovechando las ventajas de su relación con el Estado.

Ese día, después que el entonces presidente del Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Orlando Castillo —fallecido en junio de 2020—, anunció la concesión a la empresa rusa Yota, para operar un servicio de telefonía básica, se conoció la participación de Enríquez Moncada y Mojica Mejía como accionistas de la empresa beneficiada.

Investigaciones periodísticas revelaron información del Registro Mercantil que indica que los accionistas de Yota eran una sociedad inscrita en Chipre (Oromax Co. Limited), otra en Islas Vírgenes (Samone International Corp.) y una desconocida compañía nicaragüense: Telecomunicaciones de Nicaragua, S. A. (Telnicsa).

Enríquez Moncada y Mojica son los socios fundadores de Telnicsa, inscrita tres meses antes de que les dieran la concesión.

En 2013, la aparición de la empresa de telecomunicaciones Xinwei y el multimillonario chino Wang Jing, a quien el Estado le entregó la concesión para construir un canal interoceánico que no prosperó, significó otra oportunidad de negocios para los Ortega Murillo, a través de Enríquez Moncada.

Daniel Ortega y Wang Jing, empresario chino durante la firma de la concesión canalera en 2013. Foto: CONFIDENCIAL.

El 3 de septiembre de 2014, Telcor entregó una concesión de telefonía para llamada básica local, larga distancia nacional y larga distancia internacional a un consorcio integrado por Inversiones Nicaragüenses de Telecomunicaciones, S. A. y la empresa Xinwei Telecom, del cual nació la empresa Xinwei Intelcom.nic. Y, dos años después, tras una supuesta inversión de 200 millones de dólares, iniciaron operaciones bajo la marca Cootel.

Un acta de la Asamblea General de Accionistas de Xinwei Intelcom.nic, celebrada en Managua el 29 de mayo de 2018 —y en poder de CONFIDENCIAL confirma que José María Enríquez Moncada —el operador de los Ortega Murillo— en representación de Inversiones Nicaragüenses de Telecomunicaciones, S. A, participa con 30 000 acciones equivalentes al 30%, mientras el accionista mayoritario es Lamericom International Co. Limited, con el 70% de las acciones, una sociedad representada por el empresario chino Ling Ligang.

CONFIDENCIAL consultó también en agosto pasado a Enríquez Moncada sobre su participación accionaria de Xinwei en Nicaragua, y de otras empresas vinculadas a la familia presidencial y respondió “qué te importa a vos nada de eso”. Luego se quedó en absoluto silencio, hasta que cortó la llamada.

A finales de septiembre pasado, se informó que el empresario Wang Jing y su empresa Xinwei fueron expulsados de la bolsa de valores de Shangai, lo cual le provocó pérdidas económicas.

La investigación de CONFIDENCIAL revela que Enríquez Moncada ha participado en distintos momentos como socio en siete empresas de distintos rubros económicos: TN8 y Viva Nicaragua Canal 13, el grupo radial CODISA, DNP, ICSA Inmobiliaria, la telefónica Xinwei y Negocios Publicitarios Internacionales (NEPISA), una empresa que representa al Canal 6.

Gran accionista es propietaria de salón de belleza

Mayling Patricia Alegría Doña, contadora y propietaria de un salón de belleza en el barrio Altagracia, de Managua, es otra de las empleadas de mayor confianza. Ha sido accionista o directiva en distintos momentos de CODISA, Entretenimiento Digital, Noventa y Uno Punto Tres Stereo, Radio Variedades, Canal 8, la empresa de publicidad In & Out y Fundación Somos TN8.

Mayling Alegría ha tenido un crecimiento notorio dentro de la organización empresarial de los Ortega Murillo.

CONFIDENCIAL llamó por teléfono, desde agosto pasado, al salón de belleza, en el que aseguraron que Alegría Doña no se encontraba y no brindaron otro contacto, por lo que no fue posible localizarla.

En 2010, Alegría Doña fungía como asistente de la gerencia de ventas de Radio Variedades (el antiguo nombre de la radioemisora Viva FM), y también ha participado en el negocio petrolero.

Hay otros accionistas destacados como Eduardo Germán Morales Cuadra, quien participa como socio en ocho empresas de la red y es hijo del publicista sandinista Adán “El Flaco” Morales. CONFIDENCIAL se comunicó con Morales Cuadra, pero tras conocer el motivo de la llamada colgó y no volvió a contestar el teléfono.

Canal 6, ¿estatal o parte de la red Ortega Murillo?

El manejo opaco de los bienes estatales se confirma en el Canal 6, identificado como una televisora del Estado que apuesta por la educación. Sin embargo, esta investigación de CONFIDENCIAL confirma que el canal estatal opera bajo la sociedad anónima Negocios Publicitarios Internacionales, S. A. (NEPISA), controlada por dos allegados a la familia presidencial: el abogado Enríquez Moncada y Eduardo Morales Cuadra.

Un convenio de colaboración entre Canal 6 y Canal 44, de la Universidad de Guadalajara de México, reveló que NEPISA actuaba como representante de Canal 6, mientras en la foto pública del acuerdo posaron el director de Canal 6 y también exdirigente de la Juventud Sandinista, Aaron Peralta, junto con Gabriel Torres, director de la televisora mexicana.

A la izquierda, Gabriel Torres, de Canal 44; a la derecha, Aaron Peralta, director de Canal 6. Foto: Captura de pantalla del sitio El 19 Digital.

La Presidencia nunca ha explicado la relación de Canal 6 con NEPISA, aunque un decreto ejecutivo indica que la televisora estatal se encuentra bajo su responsabilidad desde 2012.

Tamara de los Ángeles Escobar Velásquez firmó el convenio por NEPISA. Ella figuraba hasta 2019 como dueña de la mitad de las acciones de esta sociedad y es también gerente de Viva Nicaragua Canal 13, otro de los canales dirigidos por hijos de la familia presidencial.

En los documentos del Registro Mercantil, en 2019, aparece Tamara de los Ángeles Escobar Velásquez como accionista de NEPISA, quien firmó el convenio con la Universidad de Guadalajara, publicitado por medios oficialistas como una alianza del estatal Canal 6. Un año más tarde, Escobar Velásquez ya no aparecía como accionista de NEPISA y, en su lugar, estaba el abogado José María Enríquez Moncada.

Los datos revelados por esta investigación se acercan así al primer informe parcial de una millonaria red de negocios privados de los Ortega Murillo y cómo funciona su infraestructura legal y sus socios, accionistas y testaferros, vinculados con la familia presidencial y el gobernante FSLN: fichas de confianza y no cuadros partidarios ni funcionarios de alto perfil político, que a la vez son rotados constantemente según los intereses de la pareja, para proteger los negocios de la familia.


Los Ortega Murillo empresarios

DNP, CODISA, y el control privado de los canales de televisión 4, 8 y 13

Cuarenta y dos años después de la revolución sandinista, la familia Ortega Murillo está integrada por empresarios privados que aprovechan la ventaja de su relación con el Estado.

Rafael Ortega Murillo ha sido el principal operador financiero detrás de la empresa DNP, ahora sancionada por Estados Unidos. También es empresario radial y de hidrocarburos y tiene el control del Grupo Comunicaciones Internacionales Digitales, S. A. (CODISA).

Juan Carlos Ortega Murillo es actual director de Canal 8, una empresa televisiva que también fue adquirida con fondos de la cooperación venezolana.

Laureano Ortega Murillo, conocido por su faceta de tenor de ópera, es asesor de inversiones en la Agencia ProNicaragua y enlace con las empresas HKND y Xinwei y con los Gobiernos de Rusia y China.

Carlos Enrique “Tino” Ortega codirige Canal 4, junto con su hermano Daniel Edmundo, aunque no figura tampoco entre los actuales socios, pero lo fue en el pasado y figuró como apoderado administrativo hasta mediados de 2018.

Maurice, Luciana y Camila son los directores de Canal 13, financiado con fondos estatales, aunque sus nombres no aparecen en las escrituras de la red empresarial.

El crecimiento patrimonial de la familia Ortega Murillo se ha dado al amparo del poder y el control del Estado, mientras el Ejecutivo recibió de la cooperación venezolana un promedio de 500 millones de dólares anuales entre 2007 y 2016.

Sin embargo, el expresidente de la Contraloría y hoy superintendente de bancos, Luis Ángel Montenegro (sancionado internacionalmente) dijo en 2015 que las instituciones de control no eran ni el “FBI ni la Policía” para investigar los casos denunciados por la prensa independiente, entre ellos la adquisición de medios de comunicación a manos de los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo o el manejo poco transparente de los fondos venezolanos.

De Ortega únicamente se conoció una declaración de probidad en 2006, basada en datos de 2002, cuando fungió como diputado. Dijo entonces tener un patrimonio de 217 844 dólares, mientras su esposa Rosario Murillo reportó 159 300 dólares y sus hijos —entonces menores de edad y hoy empresarios— no tenían bienes en aquel tiempo.

De acuerdo con el artículo seis de la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, Ortega tiene la obligación de declarar su patrimonio y los de la vicepresidenta Murillo— quien por ser funcionaria pública debería hacerlo también—, pero no así el de sus hijos, porque la legislación local solo lo obliga en el caso de que ellos estén bajo su potestad.

El patrimonialismo: De Somoza a Ortega

En la historia de Nicaragua, la participación de los caudillos nicaragüenses en los negocios con el Estado ha llevado a la corrupción y con ello al patrimonialismo, otro rasgo de la cultura política.

El historiador nicaragüense y profesor en Chapman University, Mateo Jarquín, define el patrimonialismo como un estilo de Gobierno y una característica inherente a un sinnúmero de regímenes políticos en Nicaragua desde su fundación en el siglo XIX.

Esa confusión entre los intereses privados de un gobernante y los recursos públicos ocurre porque “la razón de ser del régimen no es un programa político, no es una ideología, no es un movimiento, sino la perpetuación de una persona y una familia en el poder, lo que, a su vez, refuerza esa lógica de la confusión Estado — familia — partido”, explica.

Para Enrique Sáenz, exdiputado opositor y economista, la falta de ostentación de la pareja presidencial —no es el caso de algunos de sus hijos, a quienes han señalado por sus gustos y lujos—, se debe más bien a un cálculo político: a que Ortega busca “resguardar su imagen de revolucionario para los seguidores externos e internos que todavía le quedan”.


¿Un futuro en silencio? No lo permitás

A pesar de la persecución y la censura del régimen Ortega-Murillo, continuamos nuestra labor en un contexto en el que informar a la población se paga con cárcel. Esta resistencia no sería posible sin tu respaldo. Si está entre tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos con una membresía o una donación. Tu aporte garantizará que más nicaragüenses tengan acceso a información confiable y de calidad — sin muros de pago — en un momento crucial para el futuro del país. Gracias por unirte a este esfuerzo colectivo en defensa de la libertad de prensa.

Más en Política

Share via
Send this to a friend