16 de abril 2017
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¿Cómo se ejerce el poder en Nicaragua bajo el régimen del comandante Daniel Ortega y cuáles son las claves que intervienen en los procesos de toma de decisiones? Es una interrogante difícil de responder por la misma naturaleza del liderazgo político: secretista, conspirativo y carente de una agenda pública. Empresarios, líderes políticos, y observadores extranjeros, intentan desentrañar el acertijo, en el que las preguntas recurrentes suelen ser: ¿Es ella el poder detrás del trono? ¿Manda realmente él? ¿Cuál es su verdadero estado de salud? ¿Qué papel juegan los ministros, el gabinete de Gobierno, y los asesores del presidente?
Confidencial entrevistó a una decena de fuentes, entre ellos, militantes activos del Frente Sandinista, funcionarios del Gobierno, exfuncionarios y exministros del primer y segundo gobierno de Ortega, exmilitares y expolicías, empresarios privados y diplomáticos, que han interactuado de cerca con las instancias del poder. Todos accedieron hablar a condición de mantener sus identidades en reserva, y compartieron datos, observaciones, y pistas de análisis, que nos permiten ahora publicar un primer bosquejo sobre cómo están organizados los anillos del poder y quiénes son sus operadores.
La única instancia de deliberación política
Desde su retorno a la Presidencia en 2007, el comandante Ortega proclamó que “el 50% del poder” lo compartiría con su esposa Rosario Murillo, ahora candidata a vicepresidente, y esta ha sido la única promesa que ha cumplido a cabalidad. Amparada en su rol como copresidenta de facto, Murillo ha compartido el poder con su esposo desde su cargo como jefa del inexistente “Consejo de Comunicación y Ciudadanía”, mientras todas las decisiones se mantienen centralizadas de forma absoluta en la pareja presidencial.
En el proceso de implantación de este sistema de ordeno y mando, primero fue necesario decapitar a los asesores políticos y colaboradores que acompañaron a Ortega mientras fue líder de la oposición durante más de dieciséis años, siendo el más notable Dionisio “Nicho” Marenco, negociador del pacto con Arnoldo Alemán, alcalde de Managua (2004-2008), y artífice de la apertura de relaciones económicas con la Venezuela de Hugo Chávez. Separado Marenco de un tajo de la cocina del nuevo régimen en los primeros meses de 2007, en 2011 le tocó el turno al poderoso coronel en retiro Lenin Cerna, exjefe de la Seguridad del Estado en los años ochenta y secretario de organización del FSLN desde 1999.
Así quedó el camino enteramente despejado para el sistema de operadores del poder a secas. El equilibrio del poder entre Ortega y Murillo representa el secreto mejor guardado del régimen. Hay conflictos visibles, forcejeos, y pugnas legendarias que suelen paralizar la gestión de Gobierno sin que exista alguna otra explicación plausible. Los más experimentados sobrevivientes, aconsejan a cuadros y funcionarios no tomar partido ni alinearse en bandos, pues corren el riesgo de ser descartados como fichas en una ronda de negociación.
Al final de la batalla prevalece una visión más o menos compartida entre Ortega y Murillo, una especie de consenso en la pareja presidencial, que determina las decisiones estratégicas de la acción del Gobierno y el partido. Esta es la única instancia de deliberación política de un régimen personalista, en el que todas las decisiones se adoptan en exclusividad y de forma cada vez más cerrada, por la pareja Ortega-Murillo. En consecuencia, la familia, no el partido ni el equipo de Gobierno, funciona como el último reducto de confianza que cohesiona las decisiones políticas.
Un binomio político y la división del trabajo
A partir de ese núcleo, el poder organiza sus líneas de mando y supervisión en torno a una suerte de división del trabajo. Ortega concentra su atención prioritaria en las “líneas gruesas” asociadas a los poderes fácticos: el Ejército y la seguridad nacional, la relación con el gran capital y los inversionistas nacionales y extranjeros, las alianzas internacionales (Caracas, La Habana, el Alba) y los centros internacionales de poder (Washington, Moscú, China y el canal interoceánico), y las decisiones políticas domésticas con los poderes del Estado y la oposición, que tienen implicaciones estratégicas.
Murillo atiende por igual todo lo que concierne a Ortega, pero además ella es la administradora exclusiva de la maquinaria de Gobierno, la organizadora del partido y sus correas de transmisión: la Juventud Sandinista, los Gabinetes de la Familia, las alcaldías, los medios de comunicación y las iglesias; y dirige las políticas gubernamentales de impacto político y social.
Daniel Ortega y Rosario Murillo en un acto oficial del Ejército de Nicaragua. Archivo | Confidencial
Este concepto de un binomio político en el ejercicio del poder absoluto, representa un giro radical en relación al estilo colegiado del primer gobierno sandinista durante la revolución en los años ochenta. Entonces, las principales decisiones sobre los lineamientos de la política gubernamental y partidaria eran adoptadas en un consejo político colectivo: la Dirección Nacional del Frente Sandinista, al que pertenecía Ortega. La Dirección Nacional contaba con la Asamblea Sandinista como un cuerpo consultivo, y el gabinete de gobierno funcionaba como un espacio de discusión y coordinación, en el que los ministros, directores, delegados y secretarios tenían capacidad para tomar decisiones dentro del marco de las políticas acordadas.
Ajeno a la complejidad de los detalles y a poder mantener la concentración requerida para articular las políticas públicas, Ortega delegó siempre la administración en su vicepresidente Sergio Ramírez, pero nunca la responsabilidad última sobre las políticas.
Bajo el nuevo régimen que se estableció en 2007, antes de tomar por asalto los poderes del Estado y demoler las instituciones democráticas, Ortega y Murillo acabaron con la precaria institucionalidad política que existía en el FSLN. La Dirección Nacional, la Asamblea Sandinista o el mismo Congreso Nacional del FSLN, pasaron a ser una extensión de la pareja presidencial, al extremo que Ortega como Secretario General del partido es también el Secretario de Organización y delegado por mandato del Congreso para elegir a todos los candidatos para las votaciones de elección popular. En consecuencia, tampoco existe una bancada parlamentaria con una mínima capacidad deliberativa, y tampoco se tolera la autonomía municipal, o un gabinete de Gobierno que haga las veces de un cuerpo consultivo.
Los operadores del poder
De acuerdo con la Ley, el aparato gubernamental lo integran por lo menos dieciséis ministros y veinticinco directores de entes descentralizados, y un número aún mayor de viceministros y codirectores, que de forma calculada contribuyen a diluir la autoridad ejecutiva en las instituciones públicas con un sistema de chequeos políticos y contrapesos.
A su vez, el presidente tiene por lo menos veintitrés asesores en la planilla del Estado registrados en decretos publicados en La Gaceta. Unos pocos tienen funciones específicas, la mayoría son exministros que jugaron algún papel relevante, o funcionarios destituidos a los que se les ha asignado un cargo ficticio de consolación, como el “exnúmero dos” del Ejército, mayor general Óscar Balladares, nombrado “asesor en asuntos de infraestructura” con rango de ministro, cuando se abortó su proceso de ascenso a la jefatura de la institución.
El universo total de cuadros clave del Gobierno se amplía a más de doscientos funcionarios, cuando se incluyen a los alcaldes de los principales municipios, los mandos del Ejército y la Policía, y los magistrados de los poderes del Estado, que funcionan como ramas del Ejecutivo. Pero son solamente unas veinte personas, entre ellos por lo menos cuatro hijos de la pareja presidencial, quienes mantienen aceitada la maquinaria transmitiendo las órdenes y las líneas del poder.
Ellos son los operadores. Entran y salen del núcleo de la pareja presidencial, en función específica de su ámbito de acción. Intervienen y supervisan, pero no constituyen un cuerpo de asesores. Algunos externan opiniones, pero no deliberan, ejecutan órdenes. La lealtad es el requisito fundamental para calificar en esa función y sobre todo contar con la confianza de ambos miembros de la pareja presidencial. Pero nada garantiza su permanencia en un mundo dominado por un férreo verticalismo.
Intelectuales de peso como Orlando Núñez Soto, el creador del emblemático programa Hambre Cero, o experimentados cuadros políticos como William Grigsby Vado, han sido apartados sin miramientos; mientras otras figuras que detentaron grandes cuotas de poder como el exviceministro de Cooperación Externa, Valdrack Jaentschke, y el secretario político del FSLN en Managua, Edgardo Cuaresma, fueron reubicados en cargos de menor relevancia. En la víspera del nuevo gobierno que se inaugurará el 10 de enero de 2017 estos son, por ahora, los anillos del poder y los hombres más influyentes del régimen.
1. La Secretaría del FSLN
*Néstor Moncada Lau ("Chema"): Asuntos privados, Policía Nacional, MIGOB, DGI y DGA
Néstor Moncada Lau, "Chema". Foto | Cortesía | La Prensa | Confidencial
El asiento del poder del comandante Ortega está en la Secretaría del FSLN, ubicada en el reparto El Carmen, donde opera la Casa Presidencial, a escasos cincuenta metros de la residencia de la pareja presidencial. Aquí se encuentra también el Puesto de Mando que monitorea desde los fenómenos meteorológicos hasta la inteligencia política, en el que Ortega y Murillo suelen alternarse por turnos.
El custodio de la Secretaría es Néstor Moncada Lau (“Chema”), un abogado y experimentado exoficial de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, con fuertes vínculos de lealtad hacia Ortega y Murillo.
En noviembre de 1980, Moncada Lau participó en el operativo en que murió el empresario Jorge Salazar Argüello, presidente de Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
Infiltrado en el grupo conspirativo de Salazar, “Chema” citó al empresario a la antigua gasolinera Esso de El Crucero, para realizar un trasiego de armas, cuando apareció una patrulla del Ministerio del Interior y disparó dando muerte a Salazar. Detenido y procesado, como parte de la misma trama para denunciar públicamente los alcances del complot, Moncada Lau fue enviado posteriormente a un período de “enfriamiento” a Cuba, donde recibió entrenamiento en cursos de inteligencia y contrainteligencia.
Dos años después regresó a Nicaragua, primero como oficial de Inteligencia Militar del Ejército, y después fue asignado a la Dirección Económica de la Policía Nacional, y finalmente a la Dirección de Seguridad Pública, hasta que en 1992 pasó a retiro con el grado de subcomandante.
Retirado de la vida militar, Moncada Lau se vinculó al entorno particular del comandante Ortega en la Secretaría del FSLN. A mediados de los noventa, estuvo en la lista de sospechosos investigados por la Policía Nacional, para esclarecer la ola de doce atentados terroristas que estremecieron las iglesias católicas, sin producir víctimas humanas. Y el diez de enero de 1997, horas antes de la toma de posesión del expresidente Arnoldo Alemán, fue detenido por la Policía Nacional cuando transportaba cuatro tacos de explosivos TNT. Condenado a dieciocho meses de cárcel por terrorismo, el juez Sergio Palacios le otorgó libertad condicional “por considerar que había tenido buena conducta en años anteriores”.
Con el retorno de Ortega al poder en 2007, Moncada Lau asumió un rol prominente como enlace del presidente con la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera. Todas las órdenes de Ortega a Granera y a la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, serían canalizadas a través de Moncada Lau, quien adquirió una incidencia decisiva en el rediseño político de la Policía Nacional, la selección de los oficiales profesionales que pasarían a retiro y la promoción de cuadros alineados por su lealtad al Secretario General del FSLN.
Su ámbito de acción como operador del poder, se extiende al Ministerio de Gobernación (Migob), la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA).
En abril de 2011, una investigación de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional sobre irregularidades en la Dirección General de Ingresos, provocó la destitución de su titular, Walter Porras, y de paso facilitó la caída del coronel Lenin Cerna de su cargo como Secretario de Organización del FSLN.
Separado Cerna de sus funciones y debilitada la incidencia de su propia red de operadores, Moncada Lau se convirtió en la única autoridad política en la Secretaría del FSLN. No tiene un cargo oficial ni aparece en el organigrama del Gobierno, pero nadie discute su ascendencia sobre el poder como guardián de los asuntos privados de la familia presidencial.
2. Los hijos del presidente a cargo de relaciones de confianza
*Rafael y Laureano Ortega Murillo: Venezuela, Albanisa, Rusia, y el canal interoceánico
Nombrados como asesores presidenciales para asuntos privados y gubernamentales, por lo menos cuatro hijos del matrimonio Ortega Murillo figuran como operadores del poder. El común denominador es su designación para atender relaciones estratégicas con aliados internacionales del Gobierno, en representación personal del presidente, al margen o por encima del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Rafael Ortega Murillo, el operador más discreto, atiende directamente las relaciones con Venezuela y el Alba, asistiendo a las cumbres regionales con rango de ministro. Ortega Murillo supervisa de forma directa las operaciones de Albanisa que dirige el ingeniero Francisco “Chico” López, de la que se deriva una amplia gama de negocios privados.
Rafael Ortega Murillo, el operador más discreto. Foto | Cortesía | La Prensa | Confidencial
El operador familiar más llamativo es el tenor Laureano Ortega Murillo, asesor en temas de inversiones en ProNicaragua. Al margen de la agencia de inversiones, Ortega Murillo actúa como el enlace personal del presidente Ortega con Wang Jing, el concesionario chino del canal interoceánico, y como representante del Estado en las relaciones económicas y políticas con la Rusia de Vladimir Putin.
Laureano Ortega, el operador familiar más llamativo. Foto | Carlos Herrera | Confidencial
Camila y Luciana Ortega Murillo, designadas como asesoras presidenciales en una cumbre regional del Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), fungen como enlaces de comunicación y supervisión en el área social del Gobierno y en el sector turismo, mientras uno de los nietos del presidente actúa como asistente personal.
3. El protagonismo de las fuerzas armadas y la seguridad nacional
*Ejército: Una relación directa con Ortega a través del general Julio César Avilés
Por el peso institucional del Ejército, las relaciones entre el Ejecutivo y la institución militar no se canalizan a través del Ministerio de Defensa o de algún otro intermediario. El propio comandante Ortega atiende de forma directa al General de Ejército, Julio César Avilés, por una petición expresa de la cúpula militar.
Los asuntos policiales, en cambio, están bajo la supervisión directa de la primera dama Rosario Murillo, con la intermediación de Néstor Moncada Lau, a través del comisionado general Francisco Díaz, subdirector y jefe de facto de la Policía Nacional, y consuegro de la pareja presidencial.
Mientras tanto, la primera comisionada Aminta Granera, directora de la Policía Nacional, quedó reducida a funciones meramente protocolarias, de relaciones públicas y cooperación internacional de la Policía Nacional. Granera ha presentado su renuncia a Ortega en varias ocasiones, pero nunca ha sido aceptada, y la exprestigiosa jefa policial se lamenta ahora de su estatus como un rehén del régimen.
4. La administración del Gobierno y los programas sociales
*Fidel Moreno y Gustavo Porras: La fusión Estado-partido en el territorio
La administración cotidiana del Gobierno es manejada de forma directa por la primera dama Rosario Murillo a través de varios operadores, principalmente Fidel Moreno y Gustavo Porras.
El secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, representa el poder real en la Comuna, pero además es el principal enlace con los gobiernos municipales y las estructuras partidarias del FSLN y los Gabinetes de la Familia.
Fidel Moreno, el poder real en la Alcaldía de Managua. Foto | Carlos Herrera | Confidencial
Moreno supervisa áreas de atención prioritaria para la primera dama como el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) y el Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres (Sinapred).
Adicionalmente, actúa como el director de recursos humanos del régimen, elaborando las propuestas de candidatos a ubicar en los principales puestos, en un gobierno que tiene un alto grado de rotación de personal.
Por su parte, el diputado Gustavo Porras, secretario general del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), actúa como el operador-interventor de un vasto sector del área social del Gobierno, que incluye los Ministerios de Salud y Educación, el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), el Instituto de Turismo y el Ministerio de Agricultura. Mientras, en coordinación con Porras, Roberto López dirige el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Gustavo Porras, secretario general del Frente Nacional de Trabajadores (FNT). Foto | Carlos Herrera | Confidencial
Porras y Moreno supervisan los programas sociales de impacto político que ejecutan distintos ministerios (el Bono Productivo, Usura Cero, Plan Techo, Calles para el Pueblo,) en coordinación con las estructuras partidarias territoriales del FSLN.
Si Moreno y Porras están de cara a los territorios, el Secretario de Políticas Públicas de la Presidencia, Paul Oquist, diseña los planes que requieren los organismos internacionales, en los que Nicaragua suele sobre cumplir con los estándares de desarrollo. Experto en el diseño de planes, organigramas y proyecciones, Oquist aporta la racionalidad burocrática a la imagen externa del Gobierno, aunque según sus proyecciones oficiales el Producto Interno Bruto de Nicaragua debió haber crecido al 11% el año pasado, como resultado de las presuntas inversiones del canal interoceánico.
5. La alianza con el gran capital y el sector privado
*Arce a cargo del “seguimiento” con el Cosep, mientras Ortega actúa como el soberano
El asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce Castaño, es el principal operador del poder en la estrategia de alianzas económicas con los grandes capitales del sector privado. Arce es la contraparte oficial del presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, en la “comisión de seguimiento” que organiza de forma cotidiana la intensa interacción del Gobierno con las cámaras empresariales, de la que surgen proyectos de ley, acuerdos y consensos, en un esquema corporativista.
Bayardo Arce, asesor presidencial para asuntos económicos. Foto | Carlos Herrera | Confidencial
Excomandante de la revolución, Arce tiene su propio peso político en el FSLN y particularmente entre los empresarios sandinistas y en el Poder Judicial. Leal al partido y a la vez empresario privado, administra su capital político con cautela y pragmatismo, evitando entrar en contradicciones con Ortega y poniendo siempre de relieve su utilidad al servicio del régimen, en la economía y los negocios. Y cuando entre Arce y los ministros de Gobierno no llegan a acuerdos con los grupos empresariales, Ortega funge como el soberano al que se somete un recurso de apelación, pero siempre dictará la última sentencia.
Al margen de Arce y en ausencia de Rosario Murillo, el comandante Ortega maneja de forma bilateral sus relaciones con los grandes capitales nacionales y con los inversionistas extranjeros, en encuentros en los que suele estar presente el comisionado de inversiones Álvaro Baltodano.
6. La cooperación de Venezuela y los negocios de Albanisa
*“Chico” López, Rafael Ortega y la repartición de un pastel millonario
Hasta el año 2014, la administración de la millonaria cooperación venezolana a través de los canales privados de Caruna y Albanisa, representaba la principal fuente económica de poder político en el régimen de Ortega. La caída de los precios del petróleo, provocó un declive en los flujos de la cooperación, pero los montos acumulados siguen siendo extraordinarios.
El ingeniero Francisco “Chico” López ha sido el principal operador de esta relación bajo la estrecha supervisión de la primera dama Rosario Murillo y de su hijo Rafael Ortega Murillo. En esa íntima instancia familiar, se han adoptado las principales decisiones para determinar los porcentajes de la cooperación que se destinan a: a) Subsidio social y complemento de programas gubernamentales; b) Las actividades empresariales del consorcio empresarial de Albanisa y otros negocios privados; c) Las actividades político partidarias del FSLN y otros fines.
Fuera del control de este pequeño círculo de poder, no existe ningún registro público o rendición de cuentas al pueblo de Nicaragua, a PDVSA de Venezuela, a Petronic (accionista de Albanisa), al Banco Central de Nicaragua, o al Fondo Monetario Internacional, sobre cuál ha sido el destino y la utilización de más de 3,700 millones de dólares.
7. ¿Quién está a cargo de la política exterior en Cancillería?
*El embajador ante la OEA, Denis Moncada Colindres, emerge como el canciller de Ortega y Murillo
Denis Moncada Colindres, representante permanente de Nicaragua ante la OEA. Foto | EFE | Confidencial
Contrastando con la fortaleza institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores en los años ochenta, liderado por el padre Miguel D’Escoto, bajo el régimen Ortega-Murillo la Cancillería se proyecta como una de las instituciones más débiles del Gobierno. Intervenido desde el inicio de su gestión hace nueve años por la pareja presidencial, el canciller Samuel Santos se mantiene siempre al margen de los temas principales de la política exterior.
El embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Denis Moncada Colindres, nombrado como “Ministro Asesor del Presidente de la República para Políticas y Asuntos Internacionales”, asumió desde inicios de este año su rol como el canciller en funciones de la pareja presidencial.
8. Los Poderes del Estado bajo férreo control de Ortega y Murillo
*Los operadores políticos en el CSE, CSJ y la AN sin margen de maniobra
Controlados orgánicamente bajo la tutela directa de Ortega y Murillo, los operadores del FSLN en los Poderes del Estado —Lumberto Campbell en el Consejo Supremo Electoral (CSE); Rafael Solís en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y Edwin Castro en el Parlamento — carecen de algún margen de autonomía y maniobra política.
Ninguno de ellos fue consultado o tomado en cuenta por la pareja presidencial, cuando tomó la decisión de despojar a la oposición de su representación legal para participar en las elecciones del seis de noviembre.
En el Consejo Supremo electoral, Roberto Rivas y Lumberto Campbell no estaban informados sobre esta decisión que puso en entredicho la autoridad del propio Poder Electoral. La decisión tampoco surgió en la Corte Suprema de Justicia, la instancia ejecutora de la decapitación del Partido Liberal Independiente (PLI). A pesar de las advertencias y consideraciones del magistrado Rafael Solís, el jurista y político, hombre de confianza de la pareja presidencial, se limitó a hacer cumplir una orden que cambió abruptamente el curso de la estabilidad nacional.
9. La joya de la corona: Carreteras y energía
*La excepción a la regla: El ministro del MTI Fernando Martínez y el titular de Energía, Salvador Mansell
En un opaco gabinete, donde la norma es que los ministros no solo no tienen voto, sino que tampoco tienen voz, en el Gobierno de Ortega hay por lo menos dos excepciones a la regla, según los organismos internacionales. Uno es el ministro de Energía y Minas, y también titular de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), Salvador Mansell, que llegó al cargo como operador de Murillo, desplazando al veterano ministro Emilio Rappaccioli.
El otro es el ministro de Transporte e Infraestructura, Fernando Martínez, elogiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como un eficiente administrador de fondos públicos en la ejecución de proyectos de infraestructura. Irónicamente, el ministro con mejores calificaciones técnicas del gabinete, no forma parte de la Comisión del Gran Canal Interoceánico.
10. La administración responsable de la macroeconomía
*Herencia de Rosales, expresidente del BCN y del director ante el BCIE, Silvio Conrado
El segundo y tercer gobierno de Daniel Ortega han cosechado un reconocimiento unánime a nivel nacional e internacional, por facilitar una administración responsable de la macroeconomía. A pesar de los exabruptos políticos y la tentación populista, el mérito se atribuye al expresidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales, y al experimentado economista y representante de Nicaragua ante el BCIE, Silvio Conrado, la persona más influyente ante Ortega en temas económicos.
El sucesor de Rosales en el BCN, Ovidio Reyes, es un técnico altamente calificado, mientras que el ministro de Hacienda, Iván Acosta, ha superado con creces la mediocre gestión de su antecesor Alberto Guevara. Ambos, Reyes y Acosta, enfrentan ahora el desafío de sobrellevar las presiones políticas del poder, para mantener vigente la única política de Estado a la que el Gobierno de Ortega ha brindado continuidad.
Este reportaje se publicó originalmente el 28 de octubre de 2016.
