16 de agosto 2021
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La Organización de Estados Americanos “podría suspender a Nicaragua antes de la Asamblea General, que va a ocurrir días después de las elecciones nicaragüenses” el 7 de noviembre, considera el politólogo Manuel Orozco, por el creciente aislamiento internacional en que se encuentra el régimen de Daniel Ortega, tras liquidar la vía electoral al apresar a siete precandidatos y cancelar la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).
Orozco calificó como un “golpe de Estado contra el Estado constitucional” la implementación de las leyes represivas del régimen aprobadas en 2020, “porque lo que hace es eliminar los derechos constitucionales de los nicaragüenses”, y advirtió que a pesar del estado policial “la resistencia cívica no ha desaparecido en Nicaragua”.
El investigador, experto de migración, remesas familiares y desarrollo, alertó que la crisis política ya está generando una ola migratoria hacia Estados Unidos, que finales de este año sumará 60 000 nicaragüenses. “En julio salieron más nicaragüenses que salvadoreños”, indicó Orozco, y explicó que hay un cambio en la tendencia de emigrar predominantemente hacia Costa Rica: “Anualmente eran 2000 nicaragüenses nada más los que intentaban cruzar la frontera (hacia Estados Unidos), este año son 60 000”.
Después de la reelección de Ortega sin competencia política el 7 de noviembre, el politólogo considera que en 2022 Nicaragua enfrentará un escenario de mayor recesión económica, crisis política y migración, en el que no descarta “una implosión dentro del círculo de poder”.
¿Cómo valoras el impacto que tiene en Nicaragua el cierre de la vía electoral? Hay más de 140 presos políticos, entre ellos los principales aspirantes a la presidencia, y la eliminación, primero del PRD, ahora de la personería jurídica de CxL.
En términos prácticos esta es una consecuencia lógica del nuevo “Estado de Derecho” que se estableció en Nicaragua a partir de septiembre del año pasado, en el que se introducen una serie de leyes que vienen a desarticular todo el orden constitucional del país por un nuevo “Estado de Derecho orteguista”. Entonces, entró prácticamente desde abril y marzo, en una etapa de implementación de esa ley.
Golpe de Estado de Ortega acabó con la democracia
¿Ese “Estado de derecho orteguista” es más bien como un golpe de Estado?
Es un golpe de Estado contra el Estado constitucional, porque lo que hace es eliminar los derechos constitucionales de los nicaragüenses. Ser nicaragüense hoy en día es un crimen, lo veas desde el punto de vista de la nacionalidad o desde el punto de vista de la participación política, la protesta social, el derecho a organizarse; desde cualquier punto de vista ser nicaragüense hoy es un crimen. Ser sandinista, incluso, pone a prueba la tolerancia del “Estado de derecho orteguista”, y solamente ser orteguista es lo único que te garantiza tu nacionalidad. Los nicaragüenses todavía no han internalizado o absorbido la magnitud de lo que eso significa en la vida cotidiana, pero poco a poco se van a ir dando cuenta de toda esta nueva realidad.
Hasta antes del viernes de la semana pasada, cuando se despojó de su personería jurídica al partido CxL, aunque no existía ninguna condición para una elección creíble, transparente, un sector de la población decía: 'Si se inscribe este partido, y tiene candidato presidencial, existe quizás una oportunidad de competir'. Eso se cerró completamente. ¿Qué impacto tiene un proceso electoral sin competencia política?
El impacto es que aquí el único que va a ir a votar es el que va a votar por el Frente Sandinista; en términos prácticos el resto de los nicaragüenses se va a abstener o va a votar nulo, o simplemente va a ver las cosas desde afuera, como los miles de nicaragüenses que han salido de Nicaragua. Entonces, están sellando todo el andamiaje constitucional que existía, con anterioridad a todas estas leyes, y ya Nicaragua es prácticamente otro país.
¿Qué gana Ortega anulando las elecciones del 7 de noviembre?
Todo este andamiaje político se diseñó precisamente para protegerse contra cualquier amenaza democrática. Para él las elecciones siempre han sido una formalidad que había que superar con fraude y con eliminación de partidos, pero no esperaba la magnitud de la oposición nicaragüense en torno a CxL, e incluso, aglomerada dentro de la Coalición Nacional. Entonces lo que él está haciendo es validando una realidad que mira como amenazante, CxL representa una amenaza para su continuidad política presidencial, y entonces aquí, pues, "vamos con todo".
Hay más de 30 líderes políticos y cívicos presos, entre ellos están los principales aspirantes a la presidencia de la república, y líderes de las organizaciones cívicas que participaron en las protestas y en la resistencia contra el régimen.
Ellos son los rehenes del régimen. En este momento los tiene como una muestra de que ellos están ejerciendo su pleno estado de poder político y, simplemente, los van a soltar cuando el régimen determine que ya la amenaza no es de magnitud como para tener presos políticos. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve esto, de aquí a noviembre.
Ahora que está cerrada la vía electoral, y descabezada la oposición ¿existe alguna oportunidad de que se mantenga o de que se reviva la resistencia cívica?
La resistencia cívica no ha desaparecido en Nicaragua, es muy estratégica, no es categórica en la forma en que se manifiesta en la calle con la protesta social, sino que se va manifestando desde otras formas. Por ejemplo, la gente no está yendo a establecimientos sandinistas o del Estado; la gente no está expresando su opinión abiertamente, pero está haciendo uso del llamado "Güegüense". Es decir, ellos están bastante claros de que en Nicaragua no hay libertad de expresión y, por lo tanto, ellos están manifestando su resistencia con un silencio bastante evidente.
El asalto del régimen se está extendiendo a defensores de derechos humanos, a medios de comunicación; este fin de semana fue asaltado el diario La Prensa; ataques contra la Iglesia católica. ¿Qué espacio hay de resistencia dentro de la sociedad civil?
El espacio de resistencia se está limitando toda vez que el Estado está metiendo a la cárcel a la gente, por eso la resistencia cívica se está manifestando mediante el silencio. Es decir, aquí hay una tensión entre la cultura del miedo, que profundizó el régimen Ortega con los asesinatos con francotiradores en el 2018, y una resistencia cívica con el silencio, que le hace saber al régimen que 'yo no voy a salir a la calle porque sé lo que me vas a hacer, pero no te quiero', y eso, eventualmente, va a tener un peso sobre la continuidad política del país. Es decir, al nicaragüense no se le está engañando (con) que en Nicaragua hay una democracia.
Ese silencio ha sido cuestionado por la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua que claramente dice: "en Nicaragua han sido anulados los derechos políticos y estas elecciones no serán creíbles". Sin embargo, el sector privado, los gremios del Cosep y AmCham han guardado silencio, después que habían venido llamando a una elección libre, y promoviendo una campaña cívica. ¿La Iglesia habla por el país en este momento?
Yo había planteado que la Iglesia iba a tener este rol, de asumir la valentía de decirles a los nicaragüenses de que el estado político en que se encuentra Nicaragua no era el adecuado para vivir en un ambiente democrático.
En una encuesta que hicimos en abril de 2021, más del 60% de los nicaragüenses cree firmemente en la opinión política de las autoridades religiosas, nacionales como parroquiales. Entonces, la Iglesia respondió a ese sentir, de que la gente quiere saber qué es lo que pasa; y están asumiendo con valentía esa situación, porque ellos están en la lista, y para nadie es un secreto quiénes van a ser los primeros que el Gobierno va a ir en contra.
El silencio del Cosep deja muchas interrogantes. Obviamente, la primera reacción es de cobardía. Yo creo que es muy difícil acusar de cobarde cuando tenés un rifle y la amenaza de la cárcel todos los días en tu casa. Es decir, si hablaban, si salía Mike Healy, seguro que lo metían a la cárcel. ¿Entonces, por qué callaron? El tema principal es por qué escribieron una carta que iba en contra, prácticamente, de todo lo que está pasando. Creo que fue una torpeza política olímpica, si se puede decir, y que tienen que corregir de alguna manera. Hay una división dentro del gremio empresarial, que tiene que prevalecer la que está a favor, de hacer eco de lo que la Iglesia católica ha hecho. Y yo creo que van a hacerlo asumiendo los riesgos.
La OEA, EE. UU., la UE y la presión internacional
¿Cuál ha sido el impacto internacional del cierre de la vía electoral? La semana pasada hubo sanciones de la Unión Europea, esta semana se agregó Suiza. ¿Cuál ha sido la repercusión de esta crisis en la OEA, en Estados Unidos, en la Unión Europea?
La comunidad internacional está aislando a Nicaragua; la condena es prácticamente absoluta, con la excepción de los amigos de Daniel Ortega y Rosario Murillo: Cuba, Venezuela y Rusia, Corea del Norte, y otros paisitos por ahí; pero las democracias reales han venido condenando las violaciones a derechos humanos, los derechos constitucionales, y sancionando.
Vamos a entrar a una segunda etapa de presión internacional que va a consistir en ver cómo ellos hacen notar que en Nicaragua no hay condiciones para las elecciones de noviembre; y esa presión se va a manifestar de diferentes formas para decirle a Nicaragua que ellos no van a reconocer ningún proceso electoral; es posible que, incluso, la OEA suspenda a Nicaragua antes de la Asamblea General, que va a ocurrir días después de las elecciones nicaragüenses. Entonces, la presión es bastante fuerte.
¿Puede reunir los votos la OEA, tomando en cuenta las posiciones abstencionistas de México y Argentina, y la de otros países como Honduras y Belice, que manifestaron en la última votación?
Yo creo que la mayoría de estos países están dispuestos a votar ya. Ya es evidente la forma en cómo los derechos constitucionales han sido violados; cómo el orden constitucional va en contra del Estado democrático nicaragüense y, por lo tanto, por lo menos 24 países van a votar por la suspensión. Lo que ellos necesitan ver es una declaración que no solamente suspenda al país, pero que cree una hoja de ruta para que Nicaragua entre hacia una transición política. Y esa es la preocupación predominante en el Grupo de Trabajo de la OEA, que no se trata simplemente de suspender a Nicaragua y nos vamos a la casa, sino, de crear una hoja de ruta en donde a Nicaragua se le siga presionando, y se le siga indicando que el país va donde hay un barril sin fondo del deterioro de su sociedad.
¿En términos políticos qué significa esa hoja de ruta? Si estas elecciones no van a ser reconocidas, tienen entonces que ser anuladas, ¿o el régimen de Ortega va a adquirir legitimidad? Es decir, ¿van a plantear hacer unas nuevas elecciones?
Yo creo que no. Yo creo que la comunidad internacional no va a reconocer las elecciones y va a entrar en una etapa de presionar a que el Gobierno inicie un nuevo proceso electoral en donde se produzcan reformas políticas, se reviertan todas estas realidades porque, de alguna manera, el no reconocer las elecciones significa que no van a reconocer cualquier Gobierno que surja a partir de ahí, y eso significa que Nicaragua no va a recibir préstamos del Fondo Monetario, como lo recibió el año pasado; e incluso, puede que no los reciba hasta del BCIE, que ya está pensando dos veces si sigue financiando a Nicaragua; del BID; del Banco Mundial; y de otros países, como Corea del Sur. Entonces, eso sí tiene repercusiones muy grandes para un Estado que está financiando su deuda electoral con endeudamiento externo.
¿Esa transición política supone la salida de Ortega y Murillo del poder? ¿Pueden ser parte de esa transición política, quienes han llevado al país al fondo del barril?
Yo creo que eso depende de los nicaragüenses, no de la comunidad internacional. La comunidad internacional lo que te va a decir es: ustedes tienen que jugar bajo las reglas del juego democrático que establece que, ante la ilegitimidad de un Gobierno, hay que crear condiciones para que la soberanía del pueblo sea restaurada; y ahí empezamos por eliminar la ley esa de defensa de la soberanía, que básicamente lo que hace es anular el derecho ciudadano de ser nicaragüense. Todo nicaragüense debería leer esa ley.
El senador Menéndez dio una nueva declaración en respaldo del proyecto de Ley Renacer, que próximamente será discutido por ambas Cámaras. ¿Esa ley puede tener algún impacto en Nicaragua? Las sanciones individuales que se han aplicado hasta hoy no han debilitado al régimen, y cada vez que se aplica una sanción, la embestida del régimen, la represión es incluso mayor.
Sí, hasta cierto punto, el berrinche de Ortega cuando hay sanciones se transfiere en atacar a la oposición nicaragüense, en acusarlos de ser lacayos del imperialismo. Lo que esta ley hace es concentrar la continuidad de las sanciones con el trabajo multilateral con otros países y organizaciones internacionales, para seguir presionando a Nicaragua, en forma de sanciones para revertir todas estas reformas draconianas. Entonces, es un paso positivo, vamos a ver qué tan pronto se aprueba.
A partir de septiembre la Administración Biden va a ir hacia afuera, y lo que ha venido ocurriendo en Nicaragua ha reposicionado el lugar que tenía en la agenda de Estados Unidos. Nicaragua estaba por debajo de Centroamérica, por debajo de Venezuela, y hasta por debajo de Cuba. Nicaragua ha subido a un eslabón mucho más alto, e incluso, el que haya un nuevo embajador de Estados Unidos en México, el que ya se nombró a un representante del Departamento de Estado para asuntos hemisféricos, Ricardo Zúniga, cargo como secretario adjunto; todos esos cambios tienen una implicación muy importante para Nicaragua.
La nueva ola de migración hacia Estados Unidos
¿Qué significa la nueva ola migratoria de nicaragüenses que están saliendo del país ya no solamente hacia Costa Rica, sino también hacia Estados Unidos? ¿Cómo se compara en relación con los demás centroamericanos?
Significa que están votando con sus pies. Hasta ahora, la estadística muestra que han salido de Nicaragua hacia Estados Unidos, por lo menos, 32 000 nicaragüenses, en lo que va de enero a julio; si calculamos de enero a hoy, 13 de agosto, estamos hablando casi de 40 000 nicaragüenses, solamente hacia Estados Unidos, y estos son detenidos en la frontera, a eso agrega los que lograron cruzarse por cuenta propia, que pueden ser un 15% de ese número, otros 6000.
La intención para migrar, de los nicaragüenses, en las encuestas se ha venido sosteniendo en los últimos dos años. En 2020 creció al 35% y este año se mantuvo.
Más de 60 000 nicaragüenses van a tratar de irse a Estados Unidos, y otros 40 000 a Costa Rica; un mínimo de 100 000 personas, para un país de seis millones de habitantes, es prácticamente el 2% de la población adulta que está saliendo de Nicaragua.
¿Este flujo de nicaragüenses ahora es igual, menor o mayor que el de los salvadoreños y hondureños que están migrando a Estados Unidos?
En julio salieron más nicaragüenses que salvadoreños. Este año calculamos que va a ser cerca de un millón de centroamericanos los que van a salir, de ese millón viene prácticamente 60 000 nicaragüenses, y estamos hablando de que históricamente la migración ha sido predominantemente de lo que llamamos el Triángulo Norte, anualmente eran dos mil nicaragüenses nada más los que intentaban cruzar la frontera; este año son 60 000.
¿Esta es una migración por la crisis política o económica? ¿Esa es gente que no ve salida para su familia en el país?
Es la crisis político-económica. Si tratamos de identificar cuáles son los factores de riesgo, lo que nos muestra es que la gente que está desempleada, trabajando en la economía informal, y con ingresos menores a 9000 córdobas mensuales, tienen una propensión a emigrar mucho mayor que cualquier otro grupo; pero, también aquellos que creen que va a haber fraude, que las violaciones a los derechos humanos continúan en Nicaragua, tienen una propensión a migrar mucho mayor que el resto de la población. Es decir, este es un problema estrictamente político, económico, vinculado a la crisis de 2018.
Este flujo migratorio cambia la visión de la Administración Biden hacia Centroamérica, sobre el Triángulo Norte de Centroamérica como un problema migratorio. Si más nicaragüenses que salvadoreños son los que están migrando a Estados Unidos. ¿Van a seguir hablando del Triángulo Norte?
Yo creo que van a tener que adaptar algunas de las tendencias de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en los otros países de Centroamérica, Estados Unidos mantiene una relación de cooperación económica; con Nicaragua ha habido un estancamiento en la forma cómo Estados Unidos maneja su cooperación económica, en parte por la Ley de Agentes Extranjeros. Entonces hay un proceso, ahora, de repensar esa estrategia, y de alguna manera la estrategia que Biden sacó hace tres semanas se va a adaptar a Nicaragua.
La salida de más nicaragüenses del país implica un fortalecimiento de sus conexiones familiares en Estados Unidos, en Costa Rica, ¿Cómo impacta esto con el flujo de remesas familiares a Nicaragua?
Impacta de una forma bastante fuerte porque este año, en lo que va de enero a junio, las remesas crecieron un 18%, el resto del año, mi proyección es que las remesas van a crecer a un 13% en relación con el año pasado. Es decir, que de 1800 van a llegar 2000 millones de dólares, y eso va a representar más del 17% del PIB.
Desde el 2018 hasta acá, han salido por lo menos 200 000 nicaragüenses. El número de nicaragüenses, a estas alturas, anda por los 800 000 residiendo en el exterior, y eran 650 000 en el 2018. Así que, esta es una magnitud muy grande, que se refleja en el envío de dinero.
La situación económica en que se encuentra Nicaragua es más que precaria, es decir, la gente ya está pasando por situaciones de hambre.
Sin embargo, eso no se traduce como un elemento de impacto en la crisis política, vos no ves a la gente protestando por ese tipo de agravios.
Una de las razones es porque siempre hubo una desconexión muy grande entre el movimiento político opositor, que trató de pensar esto como un problema estrictamente político, sin considerar que esto realmente es un tema económico. El orteguismo y su modelo económico va en contra de la democracia nicaragüense porque es excluyente, sin pensar en el resto de las opciones que tiene uno para vivir en una sociedad moderna, y los nicaragüenses lo resienten también
Los escenarios de crisis en 2022 y 2023
¿Hay un escenario político de salida a esta crisis en 2022 partiendo de que Ortega se va a reelegir sin competencia política? Has dicho que la comunidad internacional no reconocerá esas elecciones, se van a restringir el acceso a flujos de cooperación externa. ¿Cuál es la salida política?
El escenario más probable es que Nicaragua va a entrar en otro periodo de recesión económica. En 2022 va a haber más desempleo y menor crecimiento económico; va a seguir saliendo la gente fuera de Nicaragua; no va a haber estabilidad política, va a haber un estado policial controlando la conducta ciudadana. Y eso, obviamente, lo que va a hacer es seguir llevando al país al fondo. Esa situación Ortega la mantiene proyectada, porque su estrategia es traspasar el poder, a fines de 2023, a alguien del círculo de poder. Entonces, lo que él tiene proyectado aquí es mantener un nivel de estabilidad socioeconómica, de 2022, el 2023, para que el resto se arregle por cuenta propia.
¿A quién le va a traspasar el poder en 2023?
¡Ideay!, preguntémosles a ellos. Ellos ya tienen varias personas en mente.
Pero solo hay una persona en la línea de sucesión política y constitucional
Veremos a quién le van a pasar, pero Daniel Ortega no se va a quedar después de 2024; y si se lo pasa a la esposa, el cataclismo político que va a ocurrir dentro del sandinismo va a ser fuerte; y la división dentro de la Asamblea Legislativa va a ser bastante fuerte. El otro escenario es que desde la transición electoral de noviembre de 2021 a enero 2022 se produzca una implosión dentro del círculo de poder, de alguna manera, que uno de los miembros más cercanos se salga y revele, no solamente la magnitud de corrupción que existe entre el orteguismo, pero también revele atrocidades del régimen, y eso cree fisuras muy fuertes que desestabilicen el sistema de control político que tiene Ortega.
Estás hablando de una implosión, de un desplome interno
Sí.
¿Puede ocurrir eso si la población no tiene posibilidades de recuperar sus libertades, de movilizarse, de protestar, de presionar?
Pues, no podemos decir más de eso, pero esa es una posibilidad muy grande; hay mucha disensión dentro de la Policía, dentro del Ejército, dentro de los trabajadores públicos: ellos no ven una salida en este momento, de protestar, pero como decía Miguel Mora: “los imponderables”; la disidencia política dentro del círculo de poder es un imponderable que va creciendo, y puede que llegue a explotar en 2022.
