23 de julio 2022
AA
Más de 50 000 niños, niñas y adolescentes de Nicaragua son los primeros afectados por el cierre masivo de Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL) ordenado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, calcula la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, que valoran el acto orteguista como una “muestra su frialdad hacia los más vulnerables”.
A través de una campaña en la red social de Twitter, la oficina del Gobierno estadounidense apuntó que los organismos cancelados por el régimen Ortega-Murillo --que ya superan el primer millar y podrían duplicarse--proporcionaban servicios de educación, comidas escolares a jóvenes malnutridos y operaciones gratis a niños con paladar hendido. Sin embargo, fueron cancelados porque el régimen los percibe como “una amenaza a su poder”.
“Deliberadamente sacrifican la salud y educación de la niñez para favorecer su propio poder”, dice uno de los mensajes divulgados por esa oficina del Departamento de Estado.
The Ortega-Murillo regime shows its callousness toward the most vulnerable in Nicaragua by shuttering a charitable organization that sheltered young victims of violence and the abandoned elderly and provided day care for children from low-income families. pic.twitter.com/SpAPcKpphS
— State Department: Democracy, Human Rights, & Labor (@StateDRL) July 22, 2022
La oficina del Gobierno estadounidense también apuntó que el régimen Ortega-Murillo mostró “su frialdad hacia los más vulnerables” al cerrar organizaciones como las Misioneras de la Caridad, que daban refugio a jóvenes víctimas de violencia y ancianos abandonados y atendían guarderías para niños de familias de escasos recursos.
Anteriormente el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE. UU., Brian Nichols, divulgó parte del contenido de esta campaña para advertir que el régimen Ortega-Murillo “planea cerrar 1797 organizaciones sin fines de lucro, pero el número real podría ser mucho más alto”. Desde 2018 hasta la fecha, el Gobierno sandinista ha ilegalizado 1080 oenegés.
En su cuenta de Twitter, el alto funcionario publicó que “el régimen se preocupa más por permanecer en el poder que por el bienestar de su pueblo”.
Solo en el 2022, el régimen Ortega-Murillo canceló más de 800 ONG y confiscó sus bienes, alegando cargos como terrorismo y “socavar la soberanía nacional”. El régimen le teme a cualquier cosa que ellos crean que amenaza su poder, aún si beneficia al pueblo de Nicaragua. pic.twitter.com/PTNAjldYpF
— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) July 20, 2022
Nichols también señaló que el cierre de los OSFL y la persecución injustificada de la sociedad civil por el régimen Ortega-Murillo “agotaron servicios cruciales para los nicaragüenses, causando sufrimiento innecesario''.
En lo que va de 2022, Ortega y Murillo han anulado 1006 Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL). Un monitoreo de CONFIDENCIAL muestra que el régimen ha clausurado oenegés ambientalistas, educativas, defensoras de los derechos de la niñez, derechos humanos, mujer, adolescentes, derechos indígenas, la cultura, emprendimiento, democracia y de salud, sin importar el impacto que esto ha generado a sus beneficiarios.
Más del 30% de los 1080 OSFL cancelados se enfocaban en diversas áreas del desarrollo, mientras que más del 15% ejecutaban proyectos sociales y atendían a comunidades desfavorecidas y grupos de riesgo.
El régimen acusa a los organismos de no registrarse como agentes extranjeros ante el Ministerio de Gobernación (Migob) e incumplir con la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, que entró en vigor el pasado 6 de mayo, “obstaculizado el control y vigilancia” que realiza el Migob.
Las organizaciones canceladas no tienen derecho apelar la decisión del Parlamento y, en muchos casos, los exdirectivos han denunciado que el Migob estableció trabas para que cumplieran con todos los requisitos que mandatan las leyes, incluyendo la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, señalada por abogados de ser una norma inconstitucional.
