29 de junio 2019
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Medellín, Colombia-. Con la aprobación de la resolución titulada “La Situación en Nicaragua” con 20 votos por su Asamblea General, la Organización de Estados Americanos (OEA) lanzó un ultimátum a la dictadura Ortega-Murillo. Si en 75 días no ha resuelto de forma negociada la crisis sociopolítica del país liberando a todos los presos políticos, y facilitando el retorno de los organismos internacionales de derechos humanos, con libertad de prensa y movilización, y una reforma electoral que conduzca a elecciones anticipadas, al Gobierno le será aplicada la Carta Democrática. Eso significa la invocación del artículo 21 y la aplicación de sanciones, la más extrema es la expulsión del organismo interamericano.
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La resolución fue impulsada por Canadá, quien encabeza el Grupo de Trabajo para Nicaragua. El proyecto de resolución fue acuerpado por otros seis países, quienes lograron conseguir al final de la Asamblea General de la OEA en Medellín, Colombia, más de los votos necesarios para su aprobación frente a cinco sufragios en contra —Bolivia; Nicaragua; Suriname; San Vicente y las Granadinas; y San Cristóbal y Nieves— y ocho abstenciones —Antigua y Barbuda; Belice; Barbados; Dominica; Grenada; Guatemala; República Dominicana; y Trinidad y Tobago.
Votaron a favor: Argentina; Brasil; Bahamas; Colombia; Panamá; Costa Rica; Guyana; Haití; Honduras; Paraguay; Ecuador; Perú; Canadá; Jamaica; México; El Salvador; Santa Lucía; Estados Unidos; Chile; y Venezuela.
“La aprobación fue un éxito”, calificó Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA. “La resolución se aprobó con 20 votos, aplicando el artículo 20. Ahora vamos a formar una Comisión, y vamos a empezar a trabajar para tratar de regresar a la democracia a Nicaragua. El Gobierno tiene 75 días o menos para informar al Consejo Permanente, y en ese momento se va a celebrar una reunión de alto nivel de cancilleres para analizar si Nicaragua ya ha llegado al artículo 21 para suspenderlo”, agregó el diplomático estadounidense, uno de los principales impulsores de esta resolución rechazada por el Gobierno Ortega-Murillo.
🔴 Así queda el proyecto de resolución sobre Nicaragua con sus enmiendas... el plazo a la dictadura fue reducido a 75 días como habíamos adelantado.
En breve se procede a su votación pic.twitter.com/Y3so6iBvIh
— Wilfredo Miranda (@PiruloAr) 28 de junio de 2019
La resolución aprobada instruye en su punto número 5 al Consejo Permanente de la OEA a que nombre una comisión que, en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática, “realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua, y que rinda un informe en un plazo máximo de 75 días”.
Inicialmente, la resolución daba a Ortega un plazo de 90 días, es decir tres meses. Ese tiempo fue rechazado por la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco, presos políticos y la ciudadanía en general, al considerar que le proporcionaba más tiempo y oxígeno político a la dictadura. Las críticas coincidían en que al régimen ya se le había caducado el plazo para el 18 de junio, cuando incumplió con los acuerdos suscritos en la mesa de negociación.
Sin embargo, el embajador Trujillo aseguró que el plazo del 18 de junio fue acordado en Managua, en la mesa de diálogo, no por los cancilleres, quienes constituyen la instancia más alta de la OEA.
“No es un nuevo plazo, porque nunca le dimos uno. Si el Gobierno no cumple, se va a convocar una reunión invocando el artículo 21 de la Carta Democrática”, dijo Trujillo. El embajador también salió al paso de las críticas sobre el plazo de los 75 días, también considerado extenso por los detractores del régimen de Managua.
“El tiempo se redujo porque se necesita un informe contundente. Llega el verano y los cancilleres más todas las personas que tienen que participar, se les hace bien difícil que salga un informe en 20 o 30 días. Este debe ser un informe que pueda pasar del artículo 20 al 21. Se analizó que ese era el mínimo tiempo que ellos necesitan para poder avanzar en el tema”, expuso Trujillo, quien prometió antes de la aprobación de la resolución pujar para reducir los tres meses propuestos inicialmente.
La defensora de derechos humanos, Bianca Jagger, realizó lobby diplomático en Medellín pidiendo la reducción del plazo a lo más mínimo posible. Jagger alegó que “cada día que pasa, es un día más en el que Ortega reprime”.
“Agotar todos los caminos”
Si bien la resolución aprobada reconoce que las “violaciones graves a los derechos humanos, a la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua a partir de abril de 2018, la falta de avance en reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas, transparentes y legítimas en Nicaragua, conducen a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en los términos del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”, la OEA le está dando un último chance a los Ortega-Murillo.
Fuentes diplomáticas aseguraron a Confidencial que antes de suspender al régimen de la OEA deben “agotarse todos los caminos” contemplados en el artículo 20 de la Carta Democrática. “Todavía faltan agotar instancias”, afirmaron, y explicaron que esta etapa es una antesala para la suspensión definitiva, y una oportunidad para que el gobierno sandinista negocie una salida a la crisis.
Esta semana, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dio unas declaraciones que causaron polémica. Dijo que con la liberación de los presos políticos, el régimen Ortega-Murillo da señales de “avance”. Estas declaraciones también son interpretadas como una estrategia a probar antes de invocar el artículo 21.
El representante permanente de Brasil ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Fernando Simas Magalhães, criticó duramente a la OEA en su papel en la crisis nicaragüense. El diplomático catalogó como histórica la votación de la resolución, aunque la consideró un poco tardía.
“Se trata sobre todo de una falta de respeto a las decenas de víctimas inocentes, irrespeto al sufrimiento del pueblo de Nicaragua. Nuestra organización discute la crisis tan grave de Nicaragua desde la última asamblea general, cuando el número de muertos ya se contaban por centenares”, lamentó Simas Magalhães. “Desde entonces hemos realizado más de diez sesiones del Consejo Permanente para debatir una crisis que evidenció sin lugar a dudas no solamente las graves violaciones de derechos humanos sino también la alteración al orden constitucional y democrático de Nicaragua”.
Más presión de estadounidense
“Es la primera vez que a Nicaragua le están exigiendo 20 cancilleres, y solo cinco en contra, que tienen que dejar que pase la Comisión de Derechos Humanos. Tienen que empezar a cooperar en sus compromisos hacia la democracia y los derechos humanos”, dijo el embajador norteamericano.
Canadá, Brasil, Argentina, Costa Rica, Ecuador y Chile metieron mucha presión en Medellín para aprobar esta resolución. No obstante, Estados Unidos trató de asumir un liderazgo en la OEA durante la Asamblea General. La subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, dijo que “está claro que en Nicaragua ha ocurrido una alteración del orden democrático”.
📍#CostaRica: "Hemos atendido el llamado del pueblo de Nicaragua que ha sufrido persecución, atropello a sus derechos humanos. Vemos con consternación cómo la institucionalidad democrática ha sufrido un deterioro que la ha sumido en una crisis que supera sus fronteras"
— Wilfredo Miranda (@PiruloAr) 28 de junio de 2019
“Debemos respetar la Carta Democrática y reconocer esta realidad, y luego actuar para defender y restablecer la democracia”, remarcó Breier. “Para este fin, continúa siendo nuestra incumbencia atender a las demandas del pueblo nicaragüense de una reforma democrática genuina, y a sus reclamos de que los responsables de violaciones generalizadas de derechos humanos a manos de miembros de fuerzas de seguridad leales al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo rindan cuentas por sus actos”.
La subsecretaria sostuvo que Estados Unidos apoya los mecanismos establecidos por la CIDH, por lo que instan al Gobierno Ortega-Murillo a implementar las recomendaciones emitidas por la Comisión, y a permitir que los mecanismos de seguimiento regresen a Nicaragua.
“A la luz de los acontecimientos en curso, debemos considerar cómo avanzar con las medidas de conformidad con la Carta Democrática, algo que el Consejo Permanente de la OEA ya ha comenzado a hacer a solicitud del secretario general. En numerosas ocasiones, Nicaragua ha dilapidado oportunidades para mantener el tipo de diálogo inclusivo y honesto que exige la Carta”, afirmó Breier.
Las fuentes diplomáticas también dijeron a Confidencial que en las próximas semanas se esperan más sanciones contra personeros del gobierno sandinista, pero de forma unilateral por parte de los países. En ese sentido, el canciller ecuatoriano José Valencia Amores subrayó que por ahora la fase del artículo 20 de la Carta Democrática de la OEA no acarrearía sanciones, aunque tampoco las descartó para un futuro.
“A nuestro juicio, la aplicación de la Carta Democrática no entraría forzosamente en la activación de un mecanismo de sanciones… pretende más bien constituir un intento por apoyar una salida dialogada a la crisis, que por sus características debe ser evaluada y reflejarse en un pronunciamiento contundente para bien del pueblo de Nicaragua”, explicó Valencia Amores.
Tras ser aprobada la resolución, el enviado de la dictadura a Medellín, Valdrack Jaentschke, abandonó el plenario molesto. Sin embargo, antes de irse protestó siguiendo el guion escrito en El Carmen: “Este es nuevamente otro ejercicio de injerencia de un grupo de países que forzaron durante todo este día esta votación. Injerencia en los asuntos internos de Nicaragua, que no es más que la reedición moderna de lo que el pueblo nicaragüense ha tenido que enfrentar a través de toda nuestra historia”.
Los puntos de la resolución
- Reiterar la preocupación de la comunidad interamericana por el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua y su apoyo a una solución pacífica a la crisis política que afecta a este país desde hace más de un año.
- Instar a la reanudación de la negociación efectiva y de buena fe entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y al cumplimiento pleno de los acuerdos alcanzados.
- Insistir en la necesidad de que el Gobierno de Nicaragua permita el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus mecanismos, así como de otros mecanismos internacionales de derechos humanos.
- Reiterar que las violaciones graves a los derechos humanos, a la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua a partir de abril de 2018, y la falta de avance en reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas, transparentes y legítimas, conducen a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en los términos del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que deben seguir siendo analizados.
- Instruir al Consejo Permanente a que nombre una comisión que, en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua y que rinda un informe en un plazo máximo de 75 días.
- Instruir al Consejo Permanente a que, recibido el informe de esta comisión, adopte las medidas que sean necesarias, incluida, si es el caso, la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Asamblea General.
