28 de junio 2019
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El Gobierno presentó un proyecto de reforma a la Ley 977 ante la Asamblea Nacional para incluir a los abogados y notarios como Sujetos Obligados de informar cualquier transacción sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
En octubre de 2017, la cuarta evaluación del Grupo de Acción Financiera para América Latina (Gafilat), presentó una serie de recomendaciones a Nicaragua, de donde derivaron las reformas a la Ley de la Unidad de Análisis Financiero (Ley 976), y la Ley Contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo, y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, o Ley 977, ambas publicadas en julio de 2018.
Tal como reconoce la misma propuesta de ley de reforma a la 977, hay algunas actividades y profesiones no financieras que no fueron incluidas como Sujetos Obligados -como los abogados y los notarios públicos- que podrían ser utilizados para infringir la 977.
“En muchos países del mundo ya se considera a los abogados como Sujetos Obligados para ayudar a prevenir el lavado, así que, desde ese punto de vista, esta reforma solo adapta la Ley al estándar internacional”, explicó el jurista Alejandro Aguilar, quien considera que esta es una “decisión normal”.
La costumbre es que se dicte una ‘normativa de desarrollo’ que establezca “cómo, en qué caso y de qué manera, un abogado está obligado a reportar una transacción sospechosa o inusual de un cliente”, lo que implica que se requiere cierto tiempo para poder aplicarla, en especial, considerando que hay unos 30 000 abogados en el país.
El experto recordó que, en los últimos meses, la UAF ha estado emitiendo las normativas necesarias para regular la forma en que deben operar, todos los sujetos obligados actuales, a los que le corresponde supervisar, “para que la gente pueda adaptarse a cumplir esos requerimientos”.
El problema ahora será cómo capacitar a esos 30 000 abogados y notarios, más siendo que las universidades no lo enseñan. “Habría que ver cómo es que la CSJ espera poner en práctica estas obligaciones”, invitó.
¿Por qué ahora?
Confidencial habló con dos de esos sujetos obligados, quienes hicieron notar que, más allá de las dificultades para implementar estas reformas ahora que incluyen a los abogados, lo sospechoso es, por una parte, que no los incluyeran desde el principio, y que se incluyan hasta ahora.
Las fuentes explicaron que una las teorías más en boga entre los profesionales afectados, es que cuando aprobaron la ley no incluyeron a los abogados, porque estos podían presentar miles de recursos impugnando el texto completo, lo que dificultaría la meta principal del gobierno de Daniel Ortega, de quedar bien con el Gafilat.
“Al no incluirlos, se evitaron ese problema, pero ahora que ya está aprobada, [si se presenta algún recurso en contra de la reforma a la Ley] solo impugnarían los artículos que les competen”, complementó.
Aunque esa tesis parece explicar ambas interrogantes, hay algo más que parece no cuadrar, especialmente de cara a la pregunta de por qué ahora, en que la aprobación de una nueva ronda de sanciones, eleva ya a once personas y un banco (el Bancorp), el número de personeros y allegados al régimen cuyos recursos se convierten en “dinero maldito”, según las fuentes.
“Por cada persona sancionada por el departamento del Tesoro, hay decenas de personas que siguen actuando en la calle, colaborando con el sancionado para ayudarle a hacer sus transacciones en efectivo, así que es curioso que la UAF, que responde a este gobierno, sea quien imponga más controles a los abogados y notarios”, dijo uno de los sujetos obligados.
“Pudiera ser que Ortega quiera enviar un mensaje de cumplimiento; o de decir que no le preocupan las sanciones, y por el contrario convierte a los 30 000 abogados en sujetos obligados, con todas las complicaciones a las que se va a someter a los sancionados”, supuso.
A esta fuente le parece “una manifiesta incongruencia”, que se apruebe la reforma en este momento, porque “quien haga negocios con un sancionado, y quiera meter ese dinero al banco, corre el riesgo de que el banco le cierre la cuenta, o reporte la transacción a la UAF, como una operación sospechosa”.
“Si metieron a los contadores, ¿por qué no a los abogados, siendo que es más fácil lavar dinero con un abogado que con un contador? El Gafilat no evalúa una medida, sino que evalúa todo el sistema, por lo que esa decisión de no incluir a los abogados debió haberle resultado sospechosa al Gafilat, que seguramente se habrá preguntado qué escondían con esto”, dijo otro sujeto obligado.
A su juicio, la razón para dejarlos fuera es el testaferrato, que debe estar ocurriendo en estos tiempos de sanciones, en que los negocios, propiedades y hasta el dinero de los que integran esas listas, se volvió un activo tóxico con el que nadie quiere relacionarse.
