Política

Ortega ordena expulsión de facto de embajadora de la Unión Europea en Nicaragua

Gobierno notificó verbalmente a la diplomática Bettina Muscheidt de su condición non grata, por supuesta “injerencia a la soberanía nacional”

La embajadora de la Unión Europea (UE) ante Nicaragua, Bettina Muscheidt, fue notificada verbalmente de su expulsión de Nicaragua por disposición del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, confiaron a CONFIDENCIAL fuentes vinculadas al Parlamento Europeo.

Un funcionario de Cancillería, no identificado, se comunicó verbalmente con la embajadora Muscheidt y justificó su condición de non grata alegando que se debía a la “injerencia e irrespeto a la soberanía nacional” de parte de la Unión Europea.

Oficialmente, el Gobierno de Nicaragua no ha emitido una comunicación oficial, mientras que la delegación de la UE en Managua, y la Comisión Europea en Bruselas, aún no se han pronunciado sobre la expulsión de facto de Muscheidt, quien fue nombrada en el cargo como representante el 30 de julio de 2021.

“Durante mi misión diplomática continuaré con la promoción y defensa de los valores y principios que guían el actuar de la Unión Europea dentro y fuera de nuestras fronteras: respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos”, expresó Muscheidt en su mensaje de llegada a Nicaragua.

La expulsión de facto de la embajadora Muscheidt se da luego que este lunes 26 de septiembre , la delegación de la Unión Europea ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), exhortó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a “devolver la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense” y a “restaurar la democracia” en el país, donde sistemáticamente son violentados los derechos humanos de la población.

“La UE insta a las autoridades nicaragüenses a cumplir sus propios compromisos, la Constitución de Nicaragua y las leyes y normas internacionales de derechos humanos”, expresaron en su intervención.

También alertó que, desde las votaciones del 7 de noviembre de 2021, la represión ha continuado y la situación se ha deteriorado aún más.

“Las autoridades nicaragüenses deben poner fin a toda represión, incluida la represión contra los opositores políticos, el clero, los medios de comunicación independientes, la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, y garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, incluida la libertad de reunión, asociación, expresión y religión o creencias”, expresó la delegación.

Beligerancia en demandas democráticas

Los 27 países de la Unión Europea son junto a Estados Unidos, Canadá, y varios países latinoamericanos, la representación que demanda con más beligerancia a la dictadura orteguista la restitución de la democracia y las libertades civiles en Nicaragua.

Una semana antes de que la UE expresara su postura en la Asamblea General de las Naciones Unidas,  los diputados del Parlamento aprobaron una resolución sobre la situación de Nicaragua, “en particular la detención del obispo Rolando Álvarez”, en la que —entre otras cosas— exigen la liberación inmediata del líder religioso y todos los presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Los eurodiputados también demandaron que —ante los constantes abusos del régimen Ortega-Murillo— se apliquen más sanciones al régimen nicaragüense.

Algunos, inclusive, mencionaron la activación de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación (ADA) entre la Unión Europea (UE) y Centroamérica, lo cual provocaría la expulsión de Nicaragua de este tratado de libre comercio.

Desde 2018, los eurodiputados han aprobado siete resoluciones sobre la situación nicaragüense. Una en mayo de 2018; otra en marzo de 2019 —tras la visita de una delegación de europarlamentarios al país—; una tercera en diciembre de 2019; una cuarta en octubre de 2020; la quinta en julio de 2021; la sexta en diciembre del mismo año; y la última en junio pasado.

Particularmente en la resolución de junio, una amplia mayoría del Parlamento Europeo exigió a la Unión Europea (UE) sancionar a catorce jueces y tres magistrados de Apelaciones. A la par, demandó investigar —a través de la Corte Penal Internacional— al Gobierno y al presidente Daniel Ortega, por crímenes de lesa humanidad.

Los eurodiputados condenaron también las cancelaciones de oenegés por parte de la Asamblea Nacional, dominada por el oficialista Frente Sandinista.


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