10 de septiembre 2021
AA
El presidente y jefe supremo de la Policía, Daniel Ortega, condecoró con la orden Rigoberto López Pérez a seis jefes policiales sancionados internacionalmente por violar los derechos humanos y constitucionales de los nicaragüenses, que —además— son leales al FSLN y a los intereses del mandatario y su círculo familiar.
Los comisionados generales “premiados” por Ortega, durante el acto por el 42 aniversario de la Policía, fueron: Francisco Díaz Madriz, director de la institución; Ramón Avellán, subdirector; Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP); Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ); Fidel Domínguez Álvarez, jefe de la delegación policial de León; y Juan Valle Valle, jefe de la Brigada de Tránsito Nacional.
Según el acuerdo presidencial 163-2021, leído por la vicepresidenta y esposa del mandatario, Rosario Murillo, los jefes policiales habrían “defendido heroicamente” los intereses supremos de la patria y debido a ese “patriotismo” han sido objeto de “agresiones por potencias extranjeras que interfieren en los asuntos internos de Nicaragua”.
Lo que no dijeron Ortega y Murillo es que desde 2018, cuando inició una avalancha de protestas contra su régimen, los comisionados sancionados fueron los responsables de la masacre y represión a la ciudadanía que dejó 325 asesinados entre abril y septiembre de ese año, decenas de desaparecidos, miles de heridos, más de 1600 presos políticos, de los cuales más de un centenar continúan en prisión, y más de cien mil exiliados que huyen de la persecución política.
Los sancionados y condecorados
El comisionado general Francisco Díaz, consuegro de la pareja presidencial, encabeza la lista de condecorados. En julio de 2018, el también director de la Policía, fue sancionado por el Departamento de Estado norteamericano, que lo señaló como “responsable” de la represión policial contra los manifestantes de la rebelión cívica, así como de “ejecuciones extrajudiciales”. Díaz “ha participado en graves abusos de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua”, señaló entonces EE. UU.
En marzo de 2019 las sanciones de los Estados Unidos continuaron con el comisionado general Ramón Avellán, por su implicación en “abusos de derechos humanos, fraude electoral y corrupción”. Posteriormente fueron sancionados los comisionados generales Luis Alberto Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina, Juan Valle Valle y Fidel Domínguez.
Los seis comisionados condecorados por Ortega, también fueron sancionado por la Unión Europea (UE) y Canadá. El comisionado general Díaz además ha sido sancionado por Suiza y Reino Unido.
Las sanciones aprobadas por el Consejo Europeo, integrado por los cancilleres de todos los países de la UE., “están dirigidas a personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, y están diseñadas para no dañar a la población nicaragüense”, dijo entonces Josep Borrell, alto representante de la Política Exterior y Seguridad de la UE.
Alcance de las sanciones
Las sanciones de la comunidad internacional han sido aplicadas a título personal contra quienes, valoran, son responsables de graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. Estas medidas incluyen, entre otras cosas, el bloqueo de activos, prohibición de transacciones, negación o revocación de visas, y penalidades económicas.
En total, son 31 los funcionarios y operadores del régimen sancionados por Estados Unidos, y más de media docena de ellos también están sancionados por la Unión Europea y los Gobiernos de Canadá, Suiza y Reino Unido.
También, el Departamento del Tesoro de EE. UU., ha sancionado a ocho empresas y sociedades vinculadas al orteguismo, más una entidad pública, que es la Policía Nacional, el principal brazo represor de la dictadura.
Ortega y Murillo se han quejado de las sanciones, pero el pasado 10 de junio fue la primera vez que el Ejecutivo emitió una nota de prensa expresando su rechazo y “enérgica protesta” contra las sanciones impuestas, que calificó como “medidas ilegales, arbitrarias, coercitivas y unilaterales” dictadas “contra ciudadanos nicaragüenses cuyo único delito es representar, muy en alto, la dignidad y el heroísmo de nuestro pueblo”.
