1 de junio 2018
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A más de cinco meses de las sanciones estadounidenses por corrupción y violación de los derechos humanos al polémico Roberto Rivas, el Gobierno de Daniel Ortega ha sacrificado su cabeza, en medio de la crisis política que exige su salida del poder, con una masacre a cuestas que ya supera el centenar de asesinados.
"El Gobierno de Nicaragua, reiterando su voluntad de continuar trabajando por el fortalecimiento de la institucionalidad, confirma la renuncia del presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, y está pendiente de las decisiones que conforme Ley corresponden adoptar a la Asamblea Nacional", informó la Cancillería de la República, en un comunicado conjunto con la OEA.
"La presente decisión del Gobierno de Nicaragua en el camino del mejoramiento del sistema electoral es apreciada por la Secretaría General de la OEA como una señal hacia la recomposición de la confianza y la armonía democrática en el país", apuntó.
A Rivas, sancionado por Estados Unidos en diciembre pasado por actos de "corrupción significativa", la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional le quitó sus funciones y atribuciones a través de una sorpresiva reforma electoral aprobada en febrero pasado.
La presidencia del CSE estaba en manos de Rivas, a quien dicha reforma le quitó la potestad de administrar y ejercer la representación legal y administrativa del Poder Electoral, así como de hacer nombramientos y decidir sobre el presupuesto de la institución, para otorgárselas al también sandinista y vicepresidente del Electoral, Lumberto Campbell.
Esa reforma a la Ley Electoral llegó casi dos meses después de que Rivas fuera sancionado por Estados Unidos por actos de "corrupción significativa" y "graves violaciones a los derechos humanos".
Estados Unidos incluyó a Rivas entre un grupo de funcionarios, empresarios y compañías de todo el mundo, a quienes se les cerró el acceso al sistema financiero de dicho país, al tiempo que se decretaba la congelación de sus activos "por los atroces actos cometidos".
Rivas es señalado de beneficiar al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en cada proceso electoral desde 2008 y diversas investigaciones periodísticas le señalan de tener una vida opulenta que no corresponde con su salario como presidente del Poder Electoral, estimado en unos 60,000 dólares al año.
En el comunicado conjunto de este jueves, ambas partes explicaron que es de público conocimiento que, en el marco de los trabajos en curso entre el Gobierno de Nicaragua y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), "una de las áreas prioritarias viene siendo la de la reforma del sistema electoral y la de generar los mecanismos necesarios en este sentido".
"Sobre este particular, la Secretaría General de la OEA y el Gobierno de Nicaragua han venido trabajando aspectos relativos a la configuración y composición del Consejo Supremo Electoral (CSE) como soporte institucional fundamental para las garantías electorales y para elecciones libres, justas, democráticas y transparentes", anotó.
Juan Sebastián Chamorro, director de Funides y miembro de la mesa de Diálogo Nacional por ahora suspendido ante el incumplimiento de los acuerdos del Gobierno, valoró que la renuncia de Rivas "llegó seis meses atrasada y no debe distraer" y sostuvo que "lo que se requiere es la salida de todos los magistrados".
En su informe final sobre las elecciones municipales de noviembre pasado, la misión de la OEA destacó como una de las principales recomendaciones la necesidad de realizar una "auditoría integral al registro electoral que permita realizar diversos ejercicios de verificación y control".
También observó en su informe que la Ley Electoral que rige en Nicaragua "tiene un ámbito muy limitado y no cuenta con mecanismos claramente establecidos" para resolver las disputas.
Además, recomendó la elaboración de una ley de partidos políticos que le dé respuesta a los temas planteados por los propios partidos políticos sobre su conformación, participación, cancelación o suspensión de la personalidad jurídica, mecanismos de financiación y reglas de democracia interna, entre otros.
La salida de Rivas se ha demandado durante al menos una década en Nicaragua. Pero analistas políticos, la sociedad civil e incluso observadores electorales nacionales e internacionales han coincidido en que la salida de Rivas, e incluso de todos los magistrados electorales no bastaría, porque el sistema en general está colapsado y urge una reforma profunda para garantizar procesos libres y transparentes.
