14 de agosto 2018
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Era septiembre de 1978, y la dinastía somocista agonizaba en Nicaragua, ante una sangrienta represión condenada por el mundo. Las “graves y recurrentes violaciones de los derechos humanos”, llevaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) a convocar una reunión de cancilleres, que aprobó una comisión mediadora y una comisión especial para la verificación de los derechos humanos.
Cuarenta años después, ante la brutal represión del régimen de Ortega, la OEA ha vuelto a nombrar un grupo de trabajo para Nicaragua, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha confirmado más de trescientos muertos desde el 19 de abril.
En 1978, Anastasio Somoza Debayle, el último de la dinastía, aceptó la llegada de las delegaciones de la OEA. La de derechos humanos concluyó un informe “devastador” para su régimen, y la mediadora partió meses más tarde, ante la absoluta falta de voluntad del dictador, que meses después fue derrocado por la insurrección popular que venció en julio de 1979.
Daniel Ortega participó en aquella insurrección y se convirtió en uno de los rostros más visibles del Gobierno que le sustituyó, pero justamente es ahora en su cuarto mandato presidencial —con un tercer período consecutivo en el poder— se opone a la llegada del nuevo equipo de trabajo, aprobado por el Consejo Permanente de la OEA. Una postura que analistas y opositores alertan que podría conducirlo al mismo desenlace que el dictador anterior.
Los mismos alegatos
“Somoza nunca estuvo ni siquiera interesado en esa salida. Estaba ganando tiempo, y al final él dijo que no aceptaba porque eso era inconstitucional”, recuerda el escritor Sergio Ramírez Mercado, miembro del Grupo de los Doce en 1978-1979.
El objetivo de la comisión mediadora de la OEA, en 1978, era conducir las negociaciones entre Somoza y la oposición, que incluía a los guerrilleros del Frente Sandinista y los nicaragüenses armados contra la dictadura, concretando la organización de un plebiscito para decidir la continuidad o la salida de Somoza, pues el equipo había concluido que cualquier solución a la crisis pasaba por la renuncia del dictador.
Ante la OEA, el entonces canciller Julio Quintana alegó que la situación del país había sido “distorsionada por fuerzas extrañas con fines políticos y difundidas al exterior con el propósito de desprestigiar al país y al Gobierno legítimamente constituido”.
Injerencismo; acciones terroristas; “distorsión” en 1978, o “noticias falsas” en 2018, los alegatos que usó el régimen de Somoza son los mismos que ahora usa el de Ortega, compara el educador Carlos Tünnermann, también miembro del Grupo de los Doce, en la lucha contra Somoza.
A finales de diciembre de 1978, tras más de dos meses de negociaciones, Somoza rechazó la realización del plebiscito, y propuso a cambio una consulta “popular” sobre la interrupción o no de su mandato “constitucional”, con la alternativa de una asamblea constituyente. La oposición aglutinada entonces en el Frente Amplio Opositor (FAO) rechazó completamente la contrapropuesta.
La resolución final
El 24 de junio de 1979, la OEA aprobó una resolución de condena al régimen de Somoza, pidiendo su reemplazo definitivo e inmediato, y la realización de elecciones libres. La OEA lo señaló directamente como el principal causante de los problemas de Nicaragua.
Entonces, el gobierno de Panamá le cedió su asiento en la OEA a la Junta de Gobierno de Nicaragua en el exilio, representada por el padre Miguel d’Escoto, miembro del Grupo de los Doce.
Ahora en menos de un mes, la OEA publicó dos resoluciones de condena contra el régimen de Ortega, por la represión a las protestas antigobierno. La más reciente resolución incluye la aprobación del equipo de trabajo que será integrado por doce países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú, que han emitido duras críticas contra la represión del régimen.
El Gobierno de Ortega, sin embargo, mantiene su rechazo y sostiene que no le permitirá el ingreso al país. Pero las consecuencias de cerrarle las puertas tendrían un costo más alto.
En entrevista con el programa de televisión Esta Semana, el exembajador de Nicaragua en Estados Unidos, Arturo Cruz, comentó tras recordar el rechazo a aquella salida, en 1978, que “definitivamente es un error” que hoy se vuelva a rechazar una oferta de la OEA.
Las diferencias
Tünnermann, coincide con Ramírez, en que hay al menos dos grandes diferencias en el paralelismo histórico que representan ambos momentos de Nicaragua en la OEA.
La primera, argumentan, es que cuando la OEA tomó la decisión de mediar en 1978, Nicaragua no tenía una Comisión de Mediación y Diálogo, como existe ahora, encabezada por la Conferencia Episcopal en su conjunto.
Ramírez recuerda que fue hasta la llegada de aquella comisión integrada por República Dominicana, Estados Unidos y Guatemala, que se armó la mediación, en la cual él fue uno de los representantes de la oposición, y se sumó como representante de la curia el entonces arzobispo Miguel Obando y Bravo.
En aquel momento, agrega, no hubo un cara a cara, como en el actual Diálogo Nacional que inició en mayo pasado, y ahora está suspendido. Lo que ocurría es que los miembros del FAO se sentaban con la OEA, en presencia de Obando, y estos transmitían el mensaje al Gobierno y viceversa.
La otra diferencia que señalan es que ahora no se está ante una revolución armada, sino ante un régimen que se ensaña contra civiles.
“Cuando nos sentábamos (a la negociación), nosotros conocíamos el parte del día. Con el detalle de las fuerzas moviéndose en el territorio. Ahora no hay guerra de por medio”, destaca.
“Sabíamos que venía creciendo el ambiente para una insurrección y que estaba creciendo el número de personas que estaba dispuesta a tomar las armas, y la salida que la OEA y Estados Unidos ofrecían era una salida negociada, que nosotros comenzábamos a llamarla somocismo, sin Somoza. Pero nosotros planteábamos que no aceptábamos nada que no fuera la erradicación total no solo de Somoza como familia y figura, sino del sistema somocista”, detalla.
Cuando Somoza rechazó la propuesta de un plebiscito, la negociación de la OEA fracasó, y fue hasta abril de 1979 que el embajador estadounidense William Bowdler se reunió con el FAO en Costa Rica, pero ya no como representante de la OEA, sino de la Administración de Jimmy Carter, con el objetivo de negociar la salida de Somoza.
Las consecuencias
Ramírez opina que el actual equipo de la OEA debe concentrarse en el calendario electoral propuesto por la Secretaría General, que coincide a grandes rasgos con el presentado por la Conferencia Episcopal.
“Si el Gobierno no acepta esta comisión, lo que yo veo venir es la convocatoria de una reunión de ministros de relaciones exteriores para discutir el asunto. A Ortega le están dando una salida (…) si eso no es aceptado —porque a la OEA le cierran las puertas en las narices— entonces la OEA tiene que escalar hacia otro nivel, que sería la conferencia de ministros para tomar otra resolución, que no sé cuál será, pero no va a ser más benigna que la que se ha hecho hasta ahora”, evalúa.
Tünnermann agrega que ahora tampoco se puede hablar de injerencismo o intervencionismo, pues la misma Constitución Política reconoce como precepto constitucional que el Estado de Nicaragua está adherido a los principios del Derecho Internacional interamericano, incluyendo la obligación de cumplir los instrumentos diseñados para garantizar el respeto y la defensa de los derechos humanos.
“La negativa del Gobierno de Ortega a que este equipo de trabajo pueda venir a Nicaragua traería consecuencias bastante perjudiciales, porque esa negativa podría conducir a que se impongan sanciones de tipo económicas a Nicaragua, sobre todo de parte del BID, que tiene una cartera actual para Nicaragua”, como los préstamos del BID, que representan unos 600 millones de dólares en la cartera de Nicaragua, además de los préstamos del Banco Mundial, detalló el miembro de la Alianza Cívica.
