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Ortega sepulta la democracia

Corte despoja a coalición democrática de personería del PLI y anula casilla electoral y candidaturas

8 de junio 2016

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A menos de cinco meses de las elecciones nacionales del próximo 6 de noviembre, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) prácticamente ha dejado a la opositora Coalición Nacional por la Democracia sin bandera ni casilla para el proceso, tras resolver este miércoles la “litis” del Partido Liberal Independiente (PLI), iniciada hace más de seis años.

El Poder Judicial resolvió ceder la representación legal y sellos de ese partido al jurista Pedro Reyes Vallejos, miembro de una de las tres "facciones" que reclamaba estas al diputado Eduardo Montealegre Rivas. La disputa inició hace más de seis años e involucró a tres grupos distintos al de Montealegre. Sin embargo, el fallo de la Sala llega a menos de cinco meses del día de la votación y a un mes de que el proceso fue convocado de forma oficial.


Los magistrados también declararon nula la convención que el PLI, representado por Montealegre, realizó este domingo 5 de junio, en la cual se ratificó a la fórmula presidencial integrada por Luis Callejas y Violeta Granera. Ambos fueron nombrados para competir como candidatos a presidente y vicepresidenta en nombre de la Coalición Nacional por la Democracia, la unión opositora que integran el PLI y otros ocho movimientos y organizaciones políticas del país.

El magistrado y presidente de la Sala Constitucional, Francisco Rosales, tildó de autoritario a Montealegre por haber convocado a esta convención.

Los magistrados de la Sala Constitucional dando a conocer la sentencia sobre la litis del PLI. Carlos Herrera/Confidencial

Los magistrados de la Sala Constitucional dando a conocer la sentencia sobre la litis del PLI. Carlos Herrera/Confidencial

El tribunal de justicia también ordenó a al Consejo Supremo Electoral (CSE) “adecuar” el calendario actual de los comicios para que el nuevo comité ejecutivo del PLI convoque a otra convención “a la mayor brevedad posible”.

Años antes, el CSE otorgó a Indalecio Rodríguez la representación legal y los sellos del PLI, y bajo la Casilla 13 este participó en las elecciones presidenciales de 2011 y las municipales de 2012, ubicándose como la segunda fuerza política del país y el principal partido de oposición. En abril de 2014, Montealegre sucedió a Rodríguez como representante legal y presidente nacional del PLI.

Tras esa decisión del Poder Electoral, las facciones de Reyes Vallejos y Valmore Valladares introdujeron cuatro recursos por inconstitucionalidad ante el Poder Judicial. Otro de los reclamantes era el político José Venancio Berríos.

La sentencia reconoce como “único consejo ejecutivo nacional del PLI” a Rolin Belmar Tobie Forbes (q.e.p.d.), quien por haber fallecido le hereda la representación legal a Reyes Vallejos", dijo la Sala Constitucional. Los magistrados se basan en la asamblea delegataria del PLI realizada el 27 de febrero de 2012.

La Sala Constitucional está conformada por Francisco Rosales, Rafael Solís, Manuel Martínez, Ileana Pérez, Armando Juárez y Carlos Aguerri, la mayoría de ellos leales al comandante Daniel Ortega.

Ortega "cierra cauce institucional" 

Montealegre y la Coalición por la Democracia dieron la tarde de este miércoles una conferencia de prensa en la que criticaron la decisión de la Sala Constitucional y anunciaron el inicio de una "movilización popular".

“Les anunciamos que el próximo viernes nos vamos a reunir los presidentes departamentales de todas las fuerzas que integramos la Coalición y después realizaremos el plantón con el que iniciará la movilización popular, junto a todos los nicaragüenses que quieren vivir en paz,  para exigir hoy más que nunca ¡elecciones libres!”, afirmó Montealegre.

Para el líder opositor, el PLI no es una bandera o una casilla o un presidente, "esos son accesorios", señaló. A su juicio, el PLI es una realidad política que "se ha venido construyendo con el esfuerzo dedicación de miles de nicaragüenses y desde el año 2005 hemos venido creciendo hasta convertirnos en la mayor fuerza política opositora a este régimen, encabezando la Coalición Nacional por la Democracia".

Montealegre dijo que pese a que no tienen casilla, la formula presidencial Callejas-Granera seguirán realizando la campaña alrededor del país. "Los Miembros del Comité Ejecutivo Nacional y cada una de las Juntas Directivas Departamentales y Municipales tenemos un compromiso con esos miles de ciudadanos. La fórmula presidencial Callejas-Granera tiene un compromiso con esos miles de ciudadanos que han depositado su confianza en esta opción política y la han convertido en la única fuerza política de oposición de este país", sostuvo.

Mientras los magistrados estaban dentro de la sede de la CSJ esta mañana, el PLI de Montealegre desarrollaba el plantón semanal conocido como Miércoles de Protesta. Ante la insistencia de los manifestantes en el portón del edificio público, los guardas de seguridad rociaron gas pimienta, afectando también a los periodistas que daban cobertura a la actividad.

Para los opositores, el comandante Daniel Ortega muestra "miedo" al cerrar el espacio electoral para ellos. "Ortega ha quitado poder elegir y ahora competir", dijo Granera.

El diputado Alberto Lacayo después de ser rociado con gas pimienta por guardias de la CSJ. Carlos Herrera/Confidencial

El diputado Alberto Lacayo después de ser rociado con gas pimienta por guardias de la CSJ. Carlos Herrera/Confidencial

La indignación por la decisión se ha manifestado en las redes sociales. “Hoy se consuma la castración del sistema político en Nicaragua. De un ‘cortazo’ han segado al único partido con capacidad de competir”, expresó la escritora Gioconda Belli.

Ortega también sepultó observación electoral

El comandante Daniel Ortega también cerró la posibilidad de observación electoral independiente para los comicios de noviembre, en un discurso durante el Congreso Nacional Sandinista, que el 4 de junio la ratificó para una séptima candidatura presidencial, en busca de un tercer período consecutivo en el poder.

“Aquí se acabó la observación, que vayan a observar cómo ponen orden en sus propios países”, sentenció Ortega desde la Plaza de los No Alienados, del antiguo Centro de Convenciones Olof Palme, contiguo a la Asamblea Nacional.

La observación se ha vuelto una demanda nacional. Las encuestas reflejan que más del 80% de los nicaragüenses --incluyendo a simpatizantes del gobernante FSLN-- respaldan la convocatoria y acreditación de observación electoral independiente. Diversos sectores de la sociedad, como movimientos cívicos, la Iglesia católica e incluso el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) también han abogado por este derecho conculcado por la administración de Ortega.

Justo momentos antes del fallo de la Sala Constitucional, el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, reiteró la posición de los empresarios a favor de la observación electoral e insistió en la necesidad de “restaurar la credibilidad democrática del país ante la comunidad nacional e internacional, por a los constantes reclamos de transparencia de los procesos electorales”.

“No podemos ignorar que venimos de procesos electorales cuestionados de legitimidad que afortunadamente no desembocaron en crisis políticas severas e irreversibles, pero que afectaron la imagen electoral de nuestro país”, mencionó Aguerri en un documento que refleja la posición editorial semanal del Cosep, publicada este martes.

En la conferencia de prensa de este miércoles, Aguerri agregó que el Cosep tiene “diferentes formas de llevar estos temas”, al gobierno, entre las cuales citó la petición pública, campañas cívicas que iniciarán el próximo mes y “por supuesto vamos a estar llevando estos temas a la mesa también con el Gobierno”, afirmó.

El Cosep solicitó que el CSE reglamente la acreditación y participación de los observadores nacionales e internacionales, conforme sus atribuciones establecidas en el artículo 10, numeral 8 de la Ley Electoral.


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Wilfredo Miranda Aburto

Periodista. Destaca en cobertura a violaciones de derechos humanos: desplazamiento forzado, tráfico ilegal en territorios indígenas, medio ambiente, conflictos mineros y ejecuciones extrajudiciales. Premio Iberoamericano Rey de España 2018.

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