21 de abril 2021
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El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, exiliado en Costa Rica desde enero 2019, aseguró que el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo son los “responsables” directos de las condenas judiciales contra los presos políticos, y la "cadena de mando" del asedio y acoso que ejecuta la Policía contra decenas de opositores.
En una entrevista con 100% Noticias y Nicaragua Actual, el exmagistrado detalló: “Me reunía con ellos (Ortega y Murillo), cuando me decían Payo tenés que ver estos casos, que salgan condenados. Entonces, yo les decía: ‘voy a llamar por teléfono al juez, voy a citarlo a mi oficina’.
Solís reconoció que citó a “bastantes jueces” porque “fueron varios los casos (para condenar) que me pidieron tanto Daniel como Rosario. (Los casos) fueron de muchachos que estuvieron vinculados a los tranques, en las barricadas, en las universidades”.
Hasta enero de 2019 —cuando renunció a su cargo dentro de la CSJ y a su militancia en el Frente Sandinista—, Solís fue el principal operador de Ortega en la Corte. “Era jefe político de todo el Poder Judicial, y tenía un gran poder sobre los jueces”, afirmó.
Informes de jueces: decisiones políticas, afirma Rafael Solís
“En todos los casos eran decisiones políticas. Al poder judicial no le queda más que cumplir una decisión política”, justificó el exmagistrado, quien explicó que los jueces de lo penal hacían unos informes que él solicitaba y estos eran enviados a El Carmen, residencia y oficina de la pareja presidencial.
“El informe lo mandaba a El Carmen, al presidente y a la vicepresidente, con mi criterio, con mis opiniones; a veces, la tomaron en cuenta”, comentó.
Solís destacó que es “difícil” determinar cuál de los dos dirigentes le pidió más que se involucrara en los casos para garantizar una condena, aunque “a lo mejor Rosario estuvo mucho más activa”.
Dijo que él se vio involucrado en unos 120 casos, de los cuales un 10% de los presos políticos no recibieron una condena, aunque sí “quedaron en la libertad que ponen ellos (Gobierno). Se podían ir a la casa y estar con vigilancia”.
Ante la pregunta: “¿Está arrepentido de esas orientaciones que daba a los jueces?”, el exmagistrado respondió: “Políticamente a mí me correspondía, como jefe político del Poder Judicial, actuar conforme a las orientaciones, porque mi responsable efectivamente eran Daniel Ortega y Rosario Murillo”.
Decisiones de “arriba” y cadena de mando
“Todos los poderes del Estado y todos los funcionarios responden a ellos (Ortega y Murillo), algunos directamente como yo; otros indirectamente, que les llevan las órdenes”, indicó.
Ejemplificó que “la decisión de confiscar 100% Noticias se tomó de una manera muy cerrada, y no se hizo del conocimiento de las autoridades civiles de otro poder del Estado, como es mi caso. Ese operativo vino desde arriba, no hay manera que la Policía haya tomado una decisión de esa naturaleza sin que la orden viniera de arriba. Así funciona Nicaragua”.
Explicó que “hay algunas decisiones que la Policía puede tomar dentro de lo que ellos creen que es correcto, y hasta después informarles a ellos (pareja presidencial), pero son la minoría de decisiones”.
Solís resaltó que la política de asedio policial y de rodear las casas de los opositores en todo el país, “eso no lo hace el jefe de la Policía, ni el jefe que pueda haber de los paramilitares, eso lo hace el presidente o vicepresidenta de la República. Son decisiones gruesas”.
Los dictámenes de medicina legal
El magistrado subrayó que, previo a su renuncia, leyó una “gran cantidad” de dictámenes del Instituto de Medicina Legal, en los que se confirmaba que los francotiradores del orteguismo disparan “directo a tres lugares: la cabeza, el cuello o corazón”.
Comentó que él tuvo acceso a esos dictámenes porque era magistrado de la CSE, pero que ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ni el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), pudieron acceder a estos exámenes de Medicina Legal.
“Ese tipo de procedimiento te indica que hubo una dirección de asesinar a estos muchachos, que no fue un enfrentamiento”, acotó el exmagsitrado.
Sobre la implicación del Ejército en la brutal represión contra los manifestantes, Solís manifestó que tiene “la percepción que las armas, efectivamente, eran del Ejército. Eso es una cosa que es muy difícil de negar”.
“No hubo una participación del Ejército como institución, que estuvieran militares en las calles”, señaló Solís, quien aseguró que entregar armas a la Policía o los paramilitares, “implica algún grado de participación”.
Añadió que el Ejército ha negado la entrega de armas y que estas fueron conseguidas en las calles. “Todas estas actuaciones hay que investigarlas”.
Ortega en línea dura
Sobre el contexto electoral, Solís indicó que Ortega “está en línea dura” y que “difícilmente” mejorará las condiciones para los opositores, a quienes adelantó que “las condiciones van a ser duras”. “Podría ser que la presión internacional lo haga cambiar (a Ortega)”, manifestó.
Anticipó que de aprobar sin cambios el proyecto de reforma a la Ley Electoral, Ortega se quedaría en un aislamiento internacional total, ya que se “echaría encima” a la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
El exmagistrado prevé que el Consejo Supremo Electoral (CSE) quedará conformado por cinco magistrados fieles al orteguismo y dos de la “oposición parlamentaria”, que ha sido señala de colaboracionista con el FSLN.
