Política

Por estas razones la UE sancionó a Murillo y su círculo cercano

Las sanciones incluyen por primera vez al asesor económico Bayardo Arce Castaño y a la presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos

Los abusos de derechos humanos cometidos contra los ciudadanos de Nicaragua han tenido un peso fundamental en la decisión este lunes de la Unión Europea (UE) de sancionar a la vicepresidenta Rosario Murillo, su hijo Juan Carlos Ortega Murillo, el asesor presidencial Bayardo Arce, dos presidentes de poderes del Estado, la fiscal general de la República y dos jefes policiales.

Según el documento aprobado en Bruselas el 30 de julio pasado, La resolución plantea los siguientes argumentos de manera individual:

Rosario Murillo, vicepresidenta: la consideran responsable de graves violaciones de DD. HH. y de socavar la democracia. Recuerdan que, según su esposo y presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ella tiene el 50% del poder y la describen como líder de la juventud sandinista con un papel fundamental en el fomento y justificación de la represión realizada por la Policía. Dan cuenta de sus amenazas a opositores y campaña de descrédito contra opositores en junio de 2021.

Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial: Destacan su papel como director de uno de los canales de propaganda de los Ortega, pero además citan su participación como parte del Movimiento sandinista 4 de mayo. “Ha contribuido a restringir la libertad de expresión y la libertad de los medios”, señalan.

Bayardo Arce, asesor económico de Ortega: Lo describen con una influencia significativa sobre las políticas del régimen y las violaciones a derechos humanos. Sostienen que apoyó una legislación que impide a los candidatos de la oposición participar en las elecciones.

Alba Luz Ramos, presidenta de la CSJ: a cargo de la instrumentalización de la justicia a favor de los intereses del régimen de Ortega, mediante la criminalización selectiva de los opositores, violaciones al debido proceso, detenciones arbitrarias e inhabilitación de partidos políticos y candidatos de la oposición. Es responsable de socavar el Estado de derecho.

Gustavo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional: Miembro de la Dirección del FSLN desde 1996. Responsable de varios actos jurídicos represivos, entre ellas la Ley de Amnistía, que excluye investigar a los responsables de violaciones de DD. HH. en 2018, igual aquellas medidas que “atentan contra la libertad y proceso democrático”.

Ana Julia Guido Ochoa, fiscal general de la República: Leal a Ortega y responsable del procesamiento por motivos políticos a manifestantes. Creó unidad especial para fabricar las acusaciones contra opositores.

Juan Valle Valle, comisionado Policía:  Destacan su posición de liderazgo en las fuerzas de seguridad. Es responsable de repetidos actos de “brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza, lo que resultó en la muerte de cientos de civiles, por arrestos y detenciones arbitrarias, por violaciones a la libertad de expresión, y por impedir manifestaciones contra el Gobierno”.

Fidel Domínguez, comisionado Policía-León: Asumió la jefatura de este departamento, en el occidente del país, en agosto de 2018. Responsable de numerosas violaciones a los derechos humanos, incluido el secuestro de miembros de la familia de un opositor político, violaciones a la libertad de expresión y libertad de medios de comunicación.

Con estos funcionarios del círculo a Ortega ya suman 14 personas las sancionadas por la comunidad europea. En el siguiente enlace puede leer los argumentos de los últimos casos, reportados este lunes.


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