20 de diciembre 2021
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La prórroga solicitada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ante el Consejo Permanente de esa organización, para entregar hasta mediados de enero el informe sobre las gestiones que hace con el Gobierno de Nicaragua, con el fin de acordar una reunión para negociar una salida a la crisis sociopolítica en el país, podría favorecer al régimen Ortega Murillo, indica un analista político en entrevista con CONFIDENCIAL.
El también experto en derecho Constitucional, quien pidió omitir su nombre por temor a represalias, explicó que la falta de una “respuesta definitiva” de parte del régimen, sumado a que la prórroga pedida por Almagro le abre la oportunidad de responder hasta mediados de enero, posterior a la fecha en la que asumirá Daniel Ortega su nuevo período en la Presidencia, hacen prever que la estrategia del orteguismo es “una forma de obtener reconocimiento por parte de los mismos países que han declarado ilegítimos los resultados electorales” del pasado 7 de noviembre.
Ortega iniciaría un nuevo mandato este 10 de enero, amparándose en los resultados del proceso de votaciones del 7 de noviembre, cuando con la complicidad del Consejo Supremo Electoral, se asignó un 75.87% de los votos. Estas votaciones se llevaron a cabo sin competencia electoral, con aspirantes presidenciales encarcelados y sin garantías mínimas para que el proceso fuese libre, justo, transparente y observado.
El informe que Almagro pidió entregar hasta mediados de enero es parte de lo establecido en la resolución del Consejo Permanente de la OEA del pasado 8 de diciembre, en la que se manda a solicitar con urgencia una reunión con el Gobierno de Nicaragua, con el objetivo de acordar “la realización de reformas electorales integrales, de acuerdo con lo solicitado en resoluciones anteriores de la OEA y de conformidad con las obligaciones de Nicaragua en el marco del derecho internacional”.
El secretario general de la OEA tenía como plazo hasta el pasado viernes 17 de diciembre, pero lo que entregó fue una solicitud de prórroga, donde indicó que había “realizado las gestiones encomendadas”, pero que no existía “una respuesta definitiva sobre el particular, y vista de las circunstancias políticas y las fechas en curso, es que entiendo que sería oportuno y conveniente extender el plazo, prorrogándolo hasta mediados del mes de enero entrante”.
El analista indica que, en caso que el Consejo Permanente acepte la prórroga solicitada por Almagro, los estados miembros de la OEA, que votaron a favor de la resolución del 12 de noviembre de 2021, en la que declararon “sin legitimidad” las votaciones del 7 de noviembre, deben aclarar bajo qué términos aceptarían seguir haciendo gestiones con el régimen de Ortega, ya que luego del 10 de enero de 2022, Ortega asume un nuevo período, que ya sería ilegítimo.
Almagro “no está negociando nada”
En caso que las gestiones de Almagro tengan una respuesta positiva de parte del Gobierno de Nicaragua, según lo establecido en la resolución del 29 de noviembre de 2021, se conformaría una “misión de buenos oficios de alto nivel autorizada por el Consejo Permanente de la OEA, que deberá buscar dicho acuerdo para que cese la represión, se dé un diálogo entre distintos actores políticos y realizar nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias”.
El experto resaltó que el secretario general de la OEA no está negociando “nada” con el régimen orteguista. Únicamente está haciendo cumplir el mandato de “solicitar una reunión con el Gobierno de Nicaragua, transmitirle el contenido de la resolución y obtener su compromiso de aceptar una misión de buenos oficios de alto nivel”.
Explica que la negociación le corresponde a la misión de buenos oficios de alto nivel, una vez sea aceptada en los términos de la resolución. Sin embargo, el régimen de Ortega en los últimos meses ha dejado clara su falta de voluntad política para cumplir con sus obligaciones al ser parte de la OEA. Incluso, el pasado 19 de noviembre de 2021, el Gobierno de Nicaragua anunció su salida de la organización.
Expertos en derecho internacional, consultados en reportes de CONFIDENCIAL, han indicado que el anuncio del régimen fortalecerá la posición de los países que han pedido adoptar acciones contra el Gobierno de Ortega, y muestra a los “indecisos” que “Nicaragua no va a cooperar y por tanto que no hay interlocución que conservar”, lo cual, resaltan, facilitaría que se consigan los 24 votos para aplicar la suspensión bajo el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana.
