25 de junio 2022
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La Asamblea Nacional, controlada por el régimen orteguista, reformó el artículo 21 de la Ley 290 que regula al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). El cambio busca restarle ciertas funciones ante nuevas sanciones en contra de sus autoridades, y sumarle facultades para la aprobación de incentivos fiscales, según valoraron a CONFIDENCIAL analistas políticos y consultores empresariales nicaragüenses.
La reforma a la Ley 290, de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, que fue aprobada el miércoles 15 de junio, “tiene como objetivo fortalecer las facultades que corresponden al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como también dinamizar su gestión en las comisiones sectoriales o juntas de incentivos dedicadas a otorgar beneficios o incentivos fiscales”, de acuerdo a los reportes de prensa del Parlamento.
Hacienda con menos facultades
El abogado y exdiputado liberal Eliseo Núñez Morales advierte que esta reforma le resta facultades a Hacienda y Crédito Público referidas a su participación en las juntas directivas de los entes autónomos descentralizados.
“Llama la atención lo que quitaron y es que el ministro de Hacienda tenía la capacidad y las funciones de representar en juntas directivas de entes autónomos descentralizados y de firmar los convenios, para luego ser refrendados por la Asamblea Nacional. Esas dos cosas ya no aparecen. Sí, hay una reforma que evidentemente quita funciones que exponen a terceros para evitarse que las sanciones bloqueen los convenios que el funcionario firma”, explicó Núñez Morales.
Golpeada por las sanciones
Hacienda y Crédito Público es una de las entidades de Gobierno que más cambios ha experimentado en sus funciones, a raíz de las sanciones impuestas por la comunidad internacional en contra de operadores del régimen orteguista debido a sus atropellos a las libertades civiles y a los abusos a los derechos humanos.
Cuando el ministro Iván Acosta Montalván fue sancionado por Estados Unidos, en mayo de 2020, José Adrián Chavarría asumió el cargo de viceministro, con la facultad de “firmar los documentos necesarios para los desembolsos de fondos nacionales y extranjeros y los derivados de la ejecución de contratos de préstamos, donaciones y otros mecanismos de cooperación financiera internacional”.
Posteriormente, José Adrián Chavarría también fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el régimen se vio forzado a nombrar a Bruno Mauricio Gallardo Palaviccine, de 76 años, como viceministro de Hacienda y nuevo “prestafirma” de los documentos de las finanzas públicas del país.
Además, el 17 de junio de 2020, Acosta nombró a Gallardo como su suplente "ex oficio” en el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el brazo financiero del Ejército de Nicaragua, donde el ministro tenía un asiento en la junta directiva. El objetivo de la movida fue evadir el impacto de las sanciones.
Nuevas atribuciones de Hacienda
El otro cambio establecido en la reforma es el inciso j del artículo 21 de la Ley 290, referido a las funciones de Hacienda y Crédito Público, añadiendo nuevas facultades.
El inciso 'j' a raíz de la reforma cita: “Coordinar, convocar, preparar el contenido, presentar agenda y presidir las comisiones sectoriales o juntas de incentivos existentes y las que sean creadas por las diferentes leyes del ordenamiento jurídico nicaragüense, para el otorgamiento de beneficios o incentivos fiscales”.
Un consultor en temas empresariales, que accedió a hablar con CONFIDENCIAL con la condición de permanecer en el anonimato, valoró que esta reforma le da a Hacienda y Crédito Público el control de las comisiones sectoriales gubernamentales.
“Algunos ministerios tienen la potestad para otorgar beneficios fiscales, como el Ministerio de Economía. Recuerdo que antes de 2018, nos reuníamos para otorgar permisos para la importación temporal, y hacer que las empresas pudieran hacer importaciones temporales de bienes para la transformación, siempre y cuando fueran productos para la reexportación. Esa era una facultad del Mific, pero lo que aquí dice es que todas esas juntas que están en el Mific o Agricultura, pasan al Ministerio de Hacienda”, refirió.
La fuente subrayó que esta reforma aparentemente buscaría ordenar y controlar la aprobación de estos incentivos para evitar favoritismos u otro tipo de negociaciones al margen de lo que establecen las normativas. “Uno de los problemas más grandes que tiene el Gobierno es el alto nivel de corrupción, pero nadie se atreve a denunciar, porque el que denuncia, puede ser considerado como una persona que está alterando el orden público”, señaló.
Investigaciones de CONFIDENCIAL, publicadas en este semestre, han revelado las denuncias por extorsión en la Dirección General de Aduanas (DGA) y el acoso fiscal de la Dirección General de Ingresos (DGI).
“Los gerentes, los empresarios, cuentan que les hicieron pagar coimas, o que les impusieron cualquier tipo de cobro dudoso, pero nadie dice nada por miedo, así que tal vez están imponiendo este cambio para poder controlar eso”, agregó.
De acuerdo a la nota de prensa del Parlamento, el diputado orteguista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, explicó que la reforma faculta a Hacienda “dirigir las comisiones sectoriales o juntas de incentivos para el otorgamiento de beneficios o incentivos fiscales, entre ellas las que otorga el Instituto de Turismo, Enatrel, el Ministerio de Energía y Minas”, entre otras carteras gubernamentales.
