Parlamento abre las puertas a un nuevo fraude electoral del FSLN

La Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, nombró este martes a los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) a la medida del gobernante Frente Sandinista, abriendo las puertas a un nuevo fraude en la próximas elecciones del 7 de noviembre.

Los diputados reeligieron a los magistrados Lumberto Campbell y Mayra Salinas, del Frente Sandinista. Además, nombraron a Brenda Rocha Chacón, Alma Nubia Baltodano Marcenaro, Devoney McDavis Álvarez y Adriana Marina Molina Fajardo propuestos por el FSLN.

También se confirmó el nombramiento de los candidatos propuestos por partidos colaboracionistas: Cairo Amador, propuesto por la Alianza Liberal Nicaragüense; Leonzo Knight propuesto por el Partido Conservador, Alberto Blandón por el Partido Liberal Constitucionalista, y Maura Lizet Álvarez, propuesta por el Partido Liberal Independiente. Los candidatos propuestos por medio de la plataforma opositora Coalición Nacional no fueron tomados en cuenta por los diputados orteguistas, quienes ostentan una mayoría absoluta en el parlamento luego del fraude electoral del 2016.

CONFIDENCIAL adelantó la semana pasada que el orteguismo solo buscaría como reelegir a Campbell (pese a sus severos problemas de salud) y Salinas, además de establecer en el poder electoral una mayoría de mujeres como magistradas. Salinas, de acuerdo a las fuentes del Frente Sandinista, será colocado como presidente del CSE, llenando formalmente la vacante que dejó Roberto Rivas Reyes,  luego que este renunciará a raíz de las sanciones en su contra por parte de los Estados Unidos.

En la misma sesión parlamentaria, La Asamblea Nacional con 85 votos de la bancada del Frente Sandinista y sus aliados políticos en el poder legislativo, impuso las reformas electorales a la medida del partido de Gobierno para que Daniel Ortega consiga su tercera reelección presidencial consecutiva. La propuesta de reformas a la ley electoral mantiene las ventajas para el orteguismo, según el dictamen a favor de la Comisión Especial de Asuntos Electorales de la Asamblea Nacional, pese a las mociones presentadas por la Coalición Nacional a través de Yatama y el rechazo de la oposición y organismos internacionales.

Las reformas aprobadas por el orteguismo y sus aliados políticos han sido rechazadas por los diez precandidatos opositores, el Grupo Promotor de Reformas Electorales y un poco más de 50 partidos políticos opositores, organizaciones de la sociedad civil, gremios empresariales y asociaciones que agrupan a nicaragüenses en el exterior. Además, no incorporan lo establecido por la Resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) de octubre del 2020, y abren las puertas para la inhibición de candidatos y le da el control de la campaña electoral a la Policía, el principal brazo represor de la dictadura.

La aprobación se dio en base al dictamen favorable brindado por la Comisión Especial de Asuntos Electorales, controlada por diputados leales a la dictadura. El dictamen, firmado por todos los diputados miembros de la Comisión, incluyendo los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Partido Liberal Independiente (PLI), incluso endurece algunos de los puntos que fueron cuestionados por los opositores, principalmente el punto referido a la restricción para recibir cualquier tipo de financiamiento proveniente del extranjero.

Luego de la elección de los magistrados electorales, el presidente del Parlamento, el diputado orteguista Gustavo Porras,  mandó a debatir de manera exprés las reformas electorales, cuya aprobación en lo general contó con el voto de diputados de todas las fuerzas políticas presentes, con tan solo cuatro votos en contra.

Durante la intervención de los diputados no sandinistas Rosa Argentina Navarro, Azucena Castillo, Miguel Rosales y Alejandro Mejía Ferreti, estos coincidieron en señalar que las reformas electorales no garantizaban una justa competencia política y transparencia en los comicios de noviembre de 2021.  Sin embargo, diputados de las bancadas del PLC, ALN, PLI y APRE respaldaron con su voto las reformas electorales promovidas por los diputados orteguistas.

Las reformas fueron defendidas por los diputados orteguistas Edwin Castro y Wálmaro Gutiérrez, ambos miembros de la Comisión Especial de Asuntos Electorales, a cargo de dictaminar las reformas.  Castro dijo que las reformas "profundizaban el sistema democrática de Nicaragua" y que contaron con el respaldo de los los diputados del PLC y el PLI que eran parte de la Comisión. Además, insistió en que la misma fue consultada con 19 partidos políticos.   El diputado Gutiérrez por su parte insistió en que las reformas electorales incorporan las recomendaciones técnicas hechas por el equipo de "acompañamiento de la OEA" que vino a Nicaragua para las elecciones de 2016.

Vea aquí: Dictamen sobre reformas electorales

“El artículo 181 (de la iniciativa de reformas electorales) lo ajustaron para que los partidos pierdan su personería, si se viola el punto referido al financiamiento proveniente del extranjero”, señaló el analista político Eliseo Núñez Morales.

La Comisión Especial de Asuntos Electorales también dictaminó favorablemente los artículos polémicos referidos a la derogación del requisito del 4% de votos válidos para tener derecho al financiamiento del Estado para la campaña (el cual ha sido criticado por ser una puerta al zancudismo político) y mantiene la subordinación de la Ley Electoral a lo que establecen leyes represivas, como la referida a los “agentes extranjeros” o la inhibición de candidatos por estar vinculados a los “actos terroristas de 2018”, término con el cual la dictadura se refiere a las protestas ciudadanas de ese año.

La Comisión Especial de Asuntos Electorales también dictaminó favorablemente el punto referido a la distribución del 50 por ciento varones y 50 por ciento mujeres en todos los organismos que conforman las estructuras del sistema electoral, incluyendo los fiscales de los partidos políticos. Esto también fue cuestionado por los opositores por lo complejo y difícil de este proceso, tomando en cuenta que solo faltan un poco más de seis meses para las elecciones.

Desoyen a opositores

José Pallais, miembro de la Coalición Nacional, plataforma opositora que presentó mociones a la iniciativa de reformas electorales por medio del partido indígena Yatama y el Partido Restauración Democrática (PRD), dijo que después de leer el dictamen, es claro que las propuestas presentadas por las fuerzas políticas opositoras no fueron tomadas en cuenta por la Comisión Especial de Asuntos Electorales.

“Este dictamen mantiene e incluso refuerza los objetivos que se había planteado el régimen con la iniciativa que introdujeron inicialmente, que claramente le da amplias ventajas al Frente Sandinista y pone a los opositores en camino a enfrentar restricciones e inhibiciones para participar en las elecciones.  Ninguna de las observaciones de fondo, sustanciales y propuestas que hizo la Coalición Nacional, fueron tomadas en cuenta. Me atrevo a pronosticar que lo que entró, es lo que va salir, sin variaciones importantes”, sentenció Pallais.

La Comisión Especial de Asuntos Electorales estaba conformada por los parlamentarios orteguistas María Auxiliadora Martínez (presidenta), Wálmaro Gutiérrez, Edwin Castro, Jenny Martínez e Irma Dávila. Por el PLC, fue designada la jefa de bancada de ese partido, Rosa Argentina Navarro, y por el PLI, el diputado Mario Asencio Florez.

De acuerdo a los procedimientos parlamentarios, las reformas electorales pueden ser modificadas por mociones que se presenten durante la discusión en el plenario. Pero dado el control que tiene el orteguismo, Pallais aseguró que si acaso se presentan mociones, será solo por retoques de redacción o algún otro detalle menor.

“Estas reformas lo que buscan es continuar e incluso mejorar el control del régimen de todo el proceso electoral. Afecta la competitividad de la oposición, incluso restringiendo su derecho a marchar, a organizarse, a hacer campaña, con el control que le dan ahora a la Policía. Toda la oportunidad de modernizar el sistema electoral, la desperdiciaron.  Me atrevo a decir que vamos en camino a una institucionalización del fraude electoral”, añadió Pallais.

Para Núñez, este dictamen lo que prueba es la clara falta de voluntad de parte del régimen orteguista para encontrar una salida a la crisis sociopolítica por medio del proceso electoral. De acuerdo al analista político, el objetivo de la dictadura es otro.

Daniel Ortega lucha por mantener la sucesión familiar

“Daniel Ortega no tiene intención de ceder ante la presión internacional. Incluso está dispuesto que no acepten esta elección como legítima, a aislarse y todo esto tiene que ver desde mi punto de vista a un cálculo de él de llegar a enero de 2022 negociando con la comunidad internacional y la oposición las elecciones de 2026. Es parte de su estrategia de huir hacia adelante, y negociar con la ventaja que le da la fuerza y la represión, y no con la razón”, señaló.

Núñez Morales consideró que la gran preocupación de Ortega es preservar de cualquier forma la dinastía política familiar, la cual prácticamente fue truncada luego de la Rebelión de Abril de 2018. “El proyecto de sucesión familiar estalló en pedazos en 2018, pero eso no quiere decir que Ortega no quiera intentarlo de nuevo. No me sorprendería que incluso, Rosario Murillo, fuese la candidata durante estas elecciones, o que se mantenga la fórmula, para luego Ortega renunciar durante el próximo mandato, dejar la presidencia a Rosario Murillo y conseguir que se convierta en su heredera política. Por eso es que no quiere ceder nada antes de estas elecciones”, afirmó.

La subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, publicó en Twitter un llamado al régimen para aprovechar el contexto de la aprobación de las reformas electorales para encauzar de nuevo el rumbo del país hacia la democracia.

“El pueblo de Nicaragua sabe que su proceso electoral necesita reformas para poder elegir líderes libre y limpiamente, con transparencia y credibilidad. El presidente Ortega y sus seguidores deberían aprovechar esta crucial oportunidad para hacer el sistema electoral más creíble”, cita el tuit de Chung.