5 de octubre 2021
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Un pasado de lealtad en la militancia sandinista, cultivado durante décadas, no evitó la destitución por órdenes superiores de Gerardo Rodríguez Olivas como magistrado y presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM).
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Aunque la versión de su salida abrupta circuló este lunes en los medios de comunicación, en la que se dijo que no le permitieron ni entrar a su oficina, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) —controlada totalmente por el partido de Gobierno desde 2014— no ha emitido ningún comunicado sobre Rodríguez Olivas, quien además coordina el sistema de Despacho Judicial en Managua y mantenía contacto directo con los jueces.
Lo único confirmado es que su destitución ocurre después que dio trámite a un recurso de amparo, radicado en Apelaciones, sobre el caso del despojo de la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad (CXL), ocurrido en agosto pasado, en medio de la escalada represiva del régimen contra la oposición.
Esa escalada represiva significó la eliminación de la competencia política en las votaciones presidenciales de noviembre, a través de dos vías: dejar a la oposición sin partido —al despojar de la personería a CxL, semanas después de cancelar también al Partido de Restauración Democrática (PRD), que sería el otro vehículo de la oposición— y encarcelar también a siete aspirantes a la presidencia que figuran entre los 37 líderes políticos y cívicos detenidos desde finales de mayo pasado bajo supuestos cargos de “traición a la patria” o “lavado de dinero”.
El exmagistrado está ilocalizable. Este martes, su celular permanece apagado, llevando directamente al buzón de voz. En un comunicado el lunes, CxL describió que la Sala Dos del Tribunal de Apelaciones aceptó su recurso desde el nueve de septiembre a las 9:46 de la mañana y la notificó el primero de octubre a las 10:24 de la mañana. Sin embargo, otra resolución judicial posterior estableció lo contrario. Fue emitida 34 minutos después de la primera y se notificó siete horas después de la notificación inicial.
En la CSJ, únicamente se informó que el recurso de Óscar Sobalvarro, el vicepresidente de CxL, había sido rechazado en un escueto texto de dos párrafos y tampoco la Policía ha dicho nada sobre el supuesto allanamiento a la residencia del exmagistrado ni las razones que habrían llevado a esa situación.
En CxL tampoco sus autoridades comentan nada al respecto. Todo este proceso con los recursos y la destitución de Rodríguez ocurren a un mes de las votaciones presidenciales, cuando la comunidad internacional ha denunciado el proceso electoral por la falta de garantías para un ejercicio democrático.
La caída del magistrado Gerardo Rodríguez
Fuentes del Poder Judicial revelaron, en medio del ambiente de secretismo en ese poder del Estado, que la caída de Rodríguez Olivas se produjo porque no consultó al FSLN para dar paso al trámite del recurso de amparo de CxL, un mecanismo que es usual, porque luego son engavetados en la Sala Constitucional de la Corte Suprema a la espera de una decisión política.
Según una fuente vinculada a la Corte, el exmagistrado promovió el recurso junto con otras dos miembros de la sala, Perla Arróliga y Olga Elvira Brenes, pero a diferencia de Rodríguez Olivas, las otras dos ponentes no cayeron en desgracia y continúan en sus cargos.
“La destitución del doctor Rodríguez es un reflejo de la lucha política interna en la Corte, y la presión que mantienen figuras de poder del FSLN sobre la Corte Suprema de Justicia”, comentó la fuente.
El abogado Yader Morazán, ex miembro del sistema de justicia de Nicaragua, aseguró en el programa Café con Voz que la orden de destitución fue ejecutada por Marvin Aguilar, vicepresidente de la CSJ, quien hizo llegar a trabajar el fin de semana al exmagistrado Rodríguez Olivas, y le comunicó la destitución el domingo. Según Morazán, “Aguilar llegó acompañado de un contingente policial”, para investigar al exmagistrado, a su esposa y a todo el personal que colaboraba con él, les han decomisado celulares y los han tratado como “traidores de la patria”.
Morazán agregó que en la Corte Suprema “el poder político real” lo tiene el magistrado Aguilar, dirigido por el asesor presidencial en temas de seguridad, Néstor Moncada Lau, aunque formalmente la magistrada Alba Luz Ramos, mantiene el liderazgo institucional de la Corte.
CONFIDENCIAL envió una solicitud de información al correo del vocero del Poder Judicial, Roberto Larios, pero no respondió. También consultamos a la presidenta de la Corte, Alba Luz Ramos, pero al escuchar que se trataba de un periodista, negó que fuese ella. “Aquí no hay ninguna doctora”, aseguró.
Tras la caída de Rodríguez, el magistrado Aguilar nombró como presidente en funciones del TAM al magistrado Ernesto Leonel Rodríguez. Este miércoles, según una nota oficial del Poder Judicial, Alba Luz Ramos juramentó al exjuez penal Henry Morales Olivares, como nuevo magistrado de Apelaciones en sustitución del defenestrado Rodríguez Olivas.
La presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos Vanegas, toma la promesa de ley a Henry Morales Olivares, como nuevo magistrado del TAM. Foto: CSJ
El destino político de Rodríguez Olivas aun se mantiene en un limbo; sin embargo, en los corrillos del Poder Judicial se maneja que podría ser nombrado asesor de un poderoso magistrado, estrechamente vinculado a la Secretaría del FSLN.
“Fiel guardián de la tiranía”
La salida de Rodríguez ha despertado varias reacciones entre los abogados nicaragüenses.
En sus 15 años como presidente del TAM, Rodríguez Olivas fue un fiel juez del sandinismo. Fue reelecto el 26 de marzo de 2021 como presidente de esa instancia judicial con el voto unánime de los magistrados de las cinco salas de Apelaciones.
Según una nota del Poder Judicial, su colega Alfredo Barquero Brockman lo propuso a la reelección por “la capacidad de responder ágil y eficientemente en la coordinación de la jurisdicción de Managua”. El exmagistrado sonrió frente a las cámaras.
Para el defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, la decisión de la destitución le extraña por tratarse de un hombre con un pasado sandinista, a quien describe como “un fiel guardián de la tiranía”.
“Rodríguez es quien ha mangoneado todos los hilos de la administración de justicia, en todo lo que tiene que ver con Managua. Sabe lo que se decide y cómo se decide. Hasta por sus características, además de saber derecho, había dado una demostración fehaciente de su subordinación partidaria y cumpliendo las órdenes del FSLN”, sostuvo Carrión.
Públicamente, Rodríguez atacó a quienes consideraba enemigos del Poder Judicial, entre ellos al diario La Prensa, por denunciar los abusos a lo interno de los tribunales. En 2017, el funcionario negó que hubiese riña entre sindicatos y agregó “no andemos dando de qué hablar al enemigo” en referencia al periódico más longevo del país, intervenido por la Policía en agosto pasado bajo acusaciones a sus directivos de la supuesta comisión de defraudación aduanera y lavado de dinero.
En 2018, Rodríguez participó con otros jueces en la celebración de la revolución sandinista el 19 de julio. Aunque el exmagistrado no vestía ninguna camisa en alusión al FSLN, los compañeros que lo rodeaban sí tenían o la imagen del Che Guevara, la de Sandino o la oficial de los propagandistas del Gobierno en sus camisetas.
El expresidente del Tribunal de Apelaciones, Gerardo Rodríguez (camisa a cuadros), con los magistrados Octavio Rothschuh (Sandino en su camiseta) y Edgar Altamirano, celebrando el aniversario de la revolución sandinista en 2019. Foto tomada de La Prensa
La participación en actividades partidarias y la subordinación de las actuaciones de los funcionarios judiciales al FSLN es una práctica impuesta por el partido de Gobierno en Nicaragua.
De acuerdo con un reportaje de la plataforma de periodismo latinoamericano Connectas, titulado “La justicia del Caudillo”, el control del partido oficialista en el Poder Judicial es mayoritario y tienen influencia en los tribunales no solo a través de los altos cargos, sino mediante los Consejos de Liderazgo Sandinista y la Juventud Sandinista que son estructuras partidarias que fungen como un poder paralelo dentro de la institución.
El Poder Judicial ha sido cuestionado por la fabricación de sentencias contra opositores en el contexto de las protestas de 2018, lo que ha llamado la atención de la comunidad internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la OEA, dijo en su momento que los procesos se dieron bajo cargos “infundados”.
En enero de 2019, en su carta de renuncia, el exmagistrado de la CSJ, Rafael Solís, denunció la imposición de un “Estado de terror” y cuestionó la consolidación de una dictadura con “caracteres de una monarquía absoluta de dos reyes, que ha hecho desaparecer todos los poderes del Estado, dejando al mismo Poder Judicial al que yo pertenezco a su mínima expresión”.
