Política

Régimen fabrica consenso entre poderes del Estado para buscar salida de la OEA

La Asamblea Nacional aprueba una resolución que allana el camino a una eventual salida del organismo. El Poder Judicial se le adhirió este miércoles

El Poder Legislativo —controlado por los diputados orteguistas y colaboracionistas— despuntó en un eventual proceso de salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA), al emitir una resolución en las que otros aspectos, piden al gobernante Daniel Ortega que denuncie la Carta Constitutiva del organismo regional. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) se adhirió este miércoles al texto aprobado en el Parlamento.

En el tercer punto de esta resolución, aprobada por 83 diputados entre orteguistas y colaboracionistas, se establece que se debe “instar al presidente de la república, en su condición de jefe de Estado y jefe de Gobierno, a que denuncie la Carta de la Organización de los Estados Americanos, siguiendo el mecanismo estipulado en el artículo 143 de dicho instrumento”.

Un analista que pidió no ser citado para evitar represalias del régimen, explicó que el procedimiento iniciado desde la Asamblea Nacional no es mas que una maniobra del orteguismo para dar una imagen de un supuesto consenso entre todos los poderes del Estado con respecto a las acciones de la OEA.

“En primer lugar, hay que aclarar que la OEA suspende, no es que expulsa a un país del organismo. Eso es lo que establece la Carta Democrática Interamericana. Antes de verse en una situación de suspensión, pues el régimen lo que busca es dar un paso adelante y pedir su salida. Busca también dar una imagen de consenso entre todos los poderes del Estado, decir que fueron los poderes del Estado de Nicaragua lo que pidieron a Daniel Ortega que retirará a Nicaragua de la OEA”, explicó.

Según el artículo 143 de la Carta Constitutiva de la OEA, esta podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembros, mediante comunicación escrita a la Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba.

“Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y éste quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta”, añade.

La idea de esta resolución emitida desde el Parlamento es que sea replicada por los poderes Judicial, Electoral y Ejecutivo. Hasta el momento, solo al CSJ se ha adherido al pronunciamiento sobre la permanencia de Nicaragua en la OEA.

“Rechazar de manera categórica y pública las continuas acciones injerencistas de la Organización de los Estados Americanos, manifestadas en esta ocasión en la Resolución aprobada el 12 de noviembre del 2021, adoptada en la Ciudad de Guatemala, violentando abiertamente el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. Solicitar a los demás poderes del Estado de la República de Nicaragua pronunciarse ante este reprochable acto injerencista, para que juntos continuemos defendiendo la soberanía y dignidad de nuestra patria”, cita la resolución aprobada en el parlamento.

Diputados orteguistas enfilados contra la OEA

El diputado orteguista Gustavo Porras, anunció desde este lunes el inicio de estrategia para iniciar el proceso de salida de la OEA, en protesta por las resoluciones de este organismo que condenan al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la represión, violencia política y el aplastamiento de las libertades civiles en Nicaragua.

Durante la aprobación de la resolución, algunos de los diputados orteguistas aprovecharon sus intervenciones para descalificar el rol de la OEA en la crisis sociopolítica que vive Nicaragua. “La OEA, con su actuación, se ha ganado con creces el nombre de ministerio de Colonias” estadounidense, dijo el diputado sandinista José Figueroa, durante el debate.

“Basta ya a ese ministerio de Colonias, basta ya a este organismo internacional que no nos representa”, señaló, por su lado, su colega Iris Montenegro.

“Su papel (el de la OEA) es ser vocera de los dictámenes de los Estados Unidos”, espetó el legislador oficialista Carlos Emilio López, para quien “denunciar la Carta significa dejar de ser parte de ese organismo que solo ha servido como un ministerio de Colonias de Estados Unidos”.

El pasado 12 de noviembre, el régimen de Ortega sufrió una derrota política en la Asamblea General de cancilleres de la OEA, cuando 25 países aprobaron la resolución que declaró “sin legitimidad democrática” las votaciones, en las que el caudillo sandinista se reeligió por tercera ocasión consecutiva, sin competencia política y sin garantías democráticas.

Los cancilleres de la OEA establecieron el 30 de noviembre como fecha límite para que el Consejo Permanente realice una “apreciación colectiva” de la situación del país, “de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana”, y que lo “tome las acciones apropiadas”, que pondrían al régimen de Ortega ante una posible suspensión del organismo.

Además, esta semana el régimen ha sido golpeado fuertemente por una ronda de sanciones a sus personeros claves y varios de sus principales operadores políticos por parte de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

También, este martes, el presidente estadounidense Joe Biden emitió una orden ejecutiva en la que se suspende y restringe el ingreso de Daniel Ortega, Rosario Murillo y cualquier funcionario de su régimen al territorio norteamericano, incluyendo cónyuges, hijos e hijas, como parte de las medidas de presión de este país para lograr el restablecimiento de la democracia y las libertades civiles en Nicaragua.

Poder Judicial se suma

En la mañana de este miércoles, el Poder Judicial —también controlado por operadores del régimen— se sumó al pedido de la Asamblea Nacional y emitió una certificación, que fue divulgada al cuerpo diplomático radicado en el país por el aparato de propaganda de la dictadura, en la que piden a Ortega que denuncie la Carta Constitutiva de la OEA, dando paso de estar forma al proceso de salida de Nicaragua de este organismo regional.

En la resolución de la CSJ, leída por el secretario en funciones de la CSJ, Gerald Áreas Lacayo, los magistrados judiciales alegaron actuar “con los principios sobre los que se sustentan nuestra nación, en particular la soberanía nacional, independencia y autodeterminación”.

También apelaron al artículo uno de la Constitución nicaragüense, reformada en 2014, que establece que “la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo, y fundamentos de la nación nicaragüense”.

“Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua, o cualquier intento de menoscabar esos derechos, atenta contra la vida del pueblo. Es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos”, agregaron.

La certificación también hace eco de la resolución de la Asamblea Nacional en la que se apela a la “soberanía y autodeterminación” de Nicaragua, supuestamente lesionada por las resoluciones de condena de la OEA  a los atropellos del régimen.

Venezuela: caso único

El único caso de una salida de la OEA en su historia ha sido el de Venezuela, bajo la dictadura de Nicolás Maduro, uno de los principales aliados de Ortega. La representación de ese país ha sido ejercida por un funcionario de Juan Guaidó, al cual la mayoría de miembros del organismo reconocen como mandatario legal de Venezuela.

Cuba y Honduras, en diferentes momentos (1962 y 2009, respectivamente), llegaron a ser suspendidas, como parte de la aplicación de la Carta Democrática, pero no dejaron nunca de ser parte de la OEA. Eventualmente Honduras se reincorporó al organismo regional, pero Cuba mantuvo su postura de no volver precisamente, para evitar ser sometida a interpelaciones por las restricciones democráticas y de derechos humanos en la isla caribeña.

Cuando Venezuela anunció que iniciaba su procedimiento de desvinculación del organismo regional en 2017, se convirtió en un hecho inédito desde la creación del mismo en 1948. Sin embargo, la presencia del representante de Guaidó ya ha traído las protestas de algunos países miembros, aduciendo que el líder opositor venezolano ya no puede ejercer esta representación porque ya transcurrieron los dos años desde que se dio la solicitud de Venezuela de retirarse de la OEA.


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