13 de octubre 2020
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Los diputados de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional hicieron modificaciones a la iniciativa de "Ley de Regulación de Agentes Extranjeros", que son consideradas un "maquillaje", por la diputada liberal Azucena Castillo y que, en esencia, mantienen la intención del régimen de "segregar" a los nicaragüenses en dos categorías de ciudadanos: los “verdaderos” y los “agentes extranjeros”, a quienes le suspende sus derechos políticos y autoriza la confiscaciones de sus bienes.
Según Castillo, a pesar que los diputados orteguistas incluyeron una serie de excepciones de personas naturales y jurídicas, que no se verían afectados por la Ley, la finalidad sigue siendo la misma y eso queda claro al dejar "a interpretación del régimen" las definiciones de injerencia extranjera y las actividades que deriven en esta misma injerencia.
Por ejemplo, en el artículo uno de la Ley que fue dictaminada este lunes por los diputados orteguistas, se lee que el objeto de la Ley "es establecer un marco jurídico de regulación aplicable a las personas naturales o jurídicas nacionales o de otra nacionalidad que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento extranjero utilicen estos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua".
Sin embargo, esta ley no deja claro cuáles son esas actividades, por lo que, según Castillo, las protestas opositoras, reuniones o cualquier actividad que le resulte incómoda al régimen de Ortega podría ser tachada de "injerencia".
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Además, en el último párrafo de las excepciones que establece la legislación, dejan claro que "en caso que las personas exceptuadas en la presente ley lleguen a realizar actividades que deriven en injerencia de personas naturales o jurídicas, gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua se aplicarán las disposiciones correspondientes de la legislación vigente".
Presiones internacionales
Esto podría tener un alcance a todos los opositores del país que realizan viajes al extranjero para pedir sanciones contra el régimen, valoró la diputada Azucena Castillo, quien además aseguró que los cambios que hicieron están destinados a que sea más "accesible a leerse" y que la primera versión carecía de técnica legislativa.
Por ejemplo, tanto miembros de la Coalición Nacional, empresarios, la Alianza Cívica y organizaciones que piden la salida del régimen del poder, han realizado viajes en constantes ocasiones a Washington o países europeos para denunciar la escalada represiva del régimen en contra de la población civil y las organizaciones a las que representan.
Pero también, de esta discrecionalidad no se escaparían todas aquellas personas que denuncian ante foros extranjeros las violaciones de Derechos Humanos a las que han sido sometidos, por ejemplo, las víctimas de tortura y abusos sexuales como consecuencia de los ataques y encarcelamientos después del estallido de abril del 2018.
El fin específico, aseguró Castillo, es de "acorralar a la oposición", precisamente por la discrecionalidad que deja la ley de que el régimen pueda interpretar injerencia como mejor le convenga, así pues, aseguró la diputada liberal, un ejemplo de esto es la represión de la Policía en las actividades de la Coalición Nacional.
"Es el mismo objetivo de dividir al país en ciudadanos sumisos y ciudadanos tildados de agentes extranjeros y toman pretexto de injerencia extranjera a todos aquellos que pueden representar algún tipo de oposición en cualquier forma de organización", detalló la diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Además, aseguró que la ley no establece qué es exactamente "asuntos internos" de Nicaragua, "porque, ¿son asuntos internos cualquier persona que proteste o algún tipo de búsqueda de organizar una oposición como ocurrió con la Coalición en Masaya? Eso no se puede llamar injerencia", cuestionó.
Registro y control para agentes extranjeros
El anteproyecto de ley establece que a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, se creará en el Ministerio de Gobernación el Registro de Agentes Extranjeros, donde "deben inscribirse todos los sujetos obligados y brindar toda la información que este (órgano) les requiera conforme lo regulado en la presente Ley y las normativas respectivas".
Sin embargo, la ley también deja claro que quienes decidan no inscribirse deberán ser notificados para que lo hagan un período de cinco días, de lo contrario "la autoridad competente aplicará multas, podrá solicitar la cancelación de la personalidad jurídica a la instancia respectiva en el caso de las personas jurídicas. Todo sin perjuicio de las responsabilidades penales por la realización de actos que amenacen la seguridad soberana de la nación".
El artículo 15 también cierra explicando qué ocurrirá con todas aquellas personas que decidan no inscribirse ante el órgano que será creado por el Ministerio de Gobernación: "La negativa a inscribirse autoriza a la autoridad competente a impedir la realización de las actividades y previa autorización judicial para intervenir los fondos y activos de la persona natural o jurídica que se niegue a cumplir la Ley", se lee en el texto.
Las excepciones a la Ley
En el nuevo texto, los legisladores excluyeron de clasificar como agentes extranjeros a los residentes pensionados y rentistas, y a las personas que reciben remesas familiares.
También a las empresas productivas y comerciales extranjeras con filiales o sucursales en Nicaragua; las fábricas, industrias y cadenas de supermercados con inversión extranjera, sus trabajadores y prestadores de servicios; y a las personas que establezcan relaciones comerciales bajo las condiciones de acuerdos, tratados o convenios comerciales.
Además, a los organismos intergubernamentales de carácter humanitario, así como las misiones diplomáticas, organismos internacionales, agencias de cooperación internacional y el personal de estas entidades debidamente acreditados en Nicaragua.
Asimismo, excluyen a los medios de comunicación social internacionales y a sus corresponsales, y a las personas jurídicas de carácter religioso que estén debidamente inscritas ante el Ministerio de Gobernación.
La modificación se hizo después de fuertes críticas a lo interno y de una resolución aprobada la semana pasada por el Parlamento Europeo (PE) en la que pide a la Unión Europea (UE) que acuerden nuevas sanciones al Gobierno del presidente Daniel Ortega si aprueba las nuevas leyes que prepara sobre agentes extranjeros y ciberdelitos.
Relacionistas públicos seguirán siendo "Agentes Extranjeros"
Según el dictamen, los relacionistas públicos seguirán siendo considerados agentes extranjeros, "asimismo, las personas que dentro de Nicaragua actúan como consejeros, agentes de publicidad, empleados de servicios de información o consultores políticos para o en interés de personas naturales y jurídicas, gobiernos, fundaciones, empresas, sociedades o asociaciones.
En el documento, los legisladores orteguistas explicaron que esa nueva ley no afectará los acuerdos o tratados comerciales, tampoco las inversiones extranjeras, ni a las personas naturales o jurídicas vinculadas o que desempeñen actividades estrictamente económicas o comerciales o relativas a inversiones extranjeras.
"En caso que las personas exceptuadas por la presente ley lleguen a realizar actividades que deriven de injerencia de personas naturales o jurídicas, Gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua, se aplicará las disposiciones correspondientes", señala parte del texto.
El presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, el sandinista Wálmaro Gutiérrez, dijo a medios oficiales que dictaminaron a favor de esa iniciativa y está lista para ser discutida en el pleno, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta.
El legislador aseguró que esa normativa "no es una ley penal, no está creando tipos delictivos", sino que establece la figura de agente extranjero para que de manera lícita se inscriba como tal y reporte sus actividades y la ejecución de los recursos de manera periódica ante el organismo regulador que creará el Ministerio de Gobernación.
Esa iniciativa tiene "como objeto establecer el marco jurídico de regulación aplicable a las personas naturales o jurídicas nacionales o de otra nacionalidad que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento externo, utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua, atentando contra independencia, la autodeterminación y la soberanía nacional, así como la estabilidad económica y política del país", según el texto.
Los diputados orteguistas decidieron hacer las modificaciones al anteproyecto luego que el Parlamento Europeo aprobara una solicitud para ampliar las sanciones contra el régimen, incluyendo, esta vez, a Daniel Ortega y Rosario Murillo a quienes señalan de dirigir los ataques contra la población civil en abril del 2018.
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