Política

Régimen ordena cancelar otras 25 oenegés de servicio social, desarrollo y democracia

Funides, FVBCh, Ética y Transparencia, Asociación FDL, Cejudhcan, Fadcanic, Operación Sonrisa, APN y Ceprev entre organizaciones que serán ilegalizadas

La Asamblea Nacional aprobó este jueves 17 de marzo el Decreto Legislativo de Cancelación de Personalidad Jurídica de 25 Oenegés, dejando en el limbo a los beneficiarios de los proyectos sociales de estas organizaciones e incrementando la lista de oenegés canceladas por supuesto incumplimiento de la Ley General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y la Ley contra el Lavado de Activos, que entre noviembre de 2018 y febrero de 2022 ascendía a 114 oenegés.

Las organizaciones y asociaciones canceladas este jueves son: Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia (FVBCh),  Fundación Grupo Cívico Ética y Transparencia, Asociación Voces Vitales Nicaragua, Fundación Libertad, Asociación Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, Fundación Fondo de Becas de Exalumnos del Colegio Centroamérica (Fobeca), Asociación Fondo de Desarrollo Local (FDL) y Asociación Operación Sonrisa Nicaragua (OSN).

En la lista también están: la Asociación de Periodistas de Nicaragua Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal (APN), Asociación Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica (Cejudhcan), Asociación Centro de Prevención de la Violencia (Ceprev), Fundación Ágora Parnerships, Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua (FADCANIC), Centro Alexander Von Humboldt para la Promoción del Desarrollo del Territorio y la Gestión del Ambiente y la Asociación Foro de Mujeres de Nicaragua.

Además, la Asociación Civil Emprendedores Juveniles de Nicaragua, Asociación Club Harvard de Nicaragua, Fundación para la Dignidad Humana Nicaragüense, Club Social de Matagalpa, Fundación Cruzada Ciudadana por la Democracia, Fundación Kolping-Nicaragua, Fundación Instituto para la Observación para la Democracia y los Derechos Humanos (IDH),  Asociación Centro Cristiano de Derechos Humanos (CCDH) y la Asociación Cívica Democrática Nicaragüense (ACDN).

El argumento del régimen

El decreto —publicado en la página web de la Asamblea Nacional— fue presentado por el vicepresidente de la Comisión de Paz, Defensa y Gobernación, el diputado Filiberto Rodríguez; quien en la exposición de motivos indica que, el pasado 15 de marzo, la responsable del departamento de Registro y Control de Asociaciones sin Fines de Lucro, del Ministerio de Gobernación (Migob), Franya Urey Blandón, solicitó a la Asamblea la cancelación de las 25 asociaciones.

Según el diputado Rodríguez, las 25 oenegés habrían incumplido con la presentación ante el Migob de sus estados financieros “conforme a los periodos fiscales con desglose detallado de los ingresos, egresos, balanza de comprobación y detalle de donaciones, (origen, proveniencia y beneficiario final)”. Situación que, señala el diputado, violenta el reglamento de la Ley contra el Lavado de Activos y “promueve la falta de transparencia en la administración de los fondos”.

Otro de los señalamientos del diputado Rodríguez es que supuestamente las oenegés no reportaron al Migob quienes integran sus juntas directivas, las donaciones previas provenientes del exterior y documentos de identidad de sus proveedores de fondos. Situaciones que, señala el legislador, “han obstaculizado el control y vigilancia” del ente regulador y supuestamente muestran que dichas oenegés “han desarrollado sus actividades al margen de la ley y actuado contra ley expresa”.

Los argumentos del diputado Rodríguez y el Migob son los mismos que han utilizado en los últimos tres años para cancelar las personerías jurídicas de más de un centenar de organizaciones, fundaciones y asociaciones de la sociedad civil que fomentaban el desarrollo social, político, económico, de derechos humanos, democracia, de educación y de salud en Nicaragua.

Sin embargo, la disolución de estas organizaciones ocurrió en un contexto represivo y de represalias que surgió después de las protestas de  2018 y se agudizó en 2021, cuando el régimen se enfrentó a un panorama electoral donde eliminó la competencia política y aseguró su cuarto mandato consecutivo.

De acuerdo con el Centro Humboldt, una de las oenegés canceladas, desde 2020 la Oficina de Registro y Control de Asociaciones del Migob “en reiteradas ocasiones” se negó a aceptarles la documentación legal y financiera, “bajo distintos argumentos no apegados a los establecidos al marco regulatorio de asociaciones sin fines de lucro”.

La estocada final

En mayo de 2021 el régimen de Daniel Ortega inició una cacería en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, luego que Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la fundación, aceptó ser precandidata presidencial de la oposición y que las encuestas la ubicaran como la aspirante presidencial con mayor simpatía popular. Chamorro y otros tres funcionarios de la oenegé fueron encarcelados y condenados en un juicio político por el supuesto delito de lavado de dinero.

También los directivos de Funides fueron perseguidos por el régimen de Ortega. En junio de 2021 la Policía allanó las viviendas de varios miembros de su junta directiva y la Fiscalía citó a declarar a varios de sus trabajadores, ya que supuestamente la oenegés estaba siendo investigada. Aunque las autoridades nunca aclararon los motivos de la investigación, finalmente el exdirector de Funides, Juan Sebastián Chamorro —que también aspiraba a la presidencia— fue condenado en un juicio político por el supuesto delito de conspiración.

Mientras tanto, asociaciones como Ética y Transparencia, Centro Humboldt y la Asociación de Periodistas de Nicaragua habían bajado su perfil mediático, en un intento de evadir los zarpazos del régimen y poder conservar su personería jurídica, pero no les funcionó.

La organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) rechazó “la decisión gubernamental arbitraria” de cancelar las personerías jurídicas de la Asociación de Periodista de Nicaragua (APN) y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, porque constituye “un mayor deterioro de las libertades en Nicaragua, especialmente la libertad de expresión y el derecho de asociación”. 

Además, la Cámara de Microfinanzas (Asomif) y la Financiera FDL S.A. aclararon que la Asociación Fondo de Desarrollo Local (FDL) —cancelada por la Asamblea Nacional— es una institución distinta a ellos. “Financiera FDL S.A. es una Sociedad Financiera supervisada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), y continúa operando normalmente”, dice un comunicado de la financiera.

Cancelan registros de cuatro oenegés extranjeras

Este jueves también el Migob canceló —a través de una resolución publicada en La Gaceta, diario oficial— los registros de cuatro organismos extranjeros que tenían filiales en Nicaragua desde 1999. A los que, entre otras cosas, acusa de no haberse registrado como agentes extranjeros. 

Los organismos cancelados por el Migob fueron: Clínica Verde, originaria de Estados Unidos; Fondo de Cooperación al Desarrollo, originaria de Bélgica; Agencia Católica para el Desarrollo Internacional, de Reino Unido; y el Servicio Cristiano Internacional por la Paz, de Alemania. 

“Las cuatro oenegés, antes mencionadas, incumplieron sus obligaciones conforme las leyes de la materia”, señala la resolución del Migob. “Al no registrarse como agentes extranjeros, siendo sujetos obligados de la Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, agrega el escrito.

El Migob, además, acusa a las cuatro oenegés de no haber presentado sus estados financieros con desglose detallados, el detalle de sus juntas directivas del país de origen por más de cuatro años, la identidad de sus proveedores de fondos y el registro de donaciones previas.

Los bienes y acciones pertenecientes a esas asociaciones tendrán previa liquidación, “conforme al destino previsto en el Acta Constitutiva o el Estatuto de cada organismo”, pero si nada se hubiere dispuesto pasarán a ser propiedad del Estado, conforme al artículo 25 de la Ley 147, Ley General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro.


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