Política

Régimen ordena detención domiciliaria a Arturo Cruz, Francisco Aguirre y José Pallais por su “estado de salud”

Invocan “razones humanitarias”, pero no suspenden régimen de tortura en la cárcel: Hay 17 presos políticos de la tercera edad con enfermedades crónicas

El régimen de Daniel Ortega cambió la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliar a los presos políticos: Arturo Cruz, de 68 años; Francisco Aguirre Sacasa, de 77; y José Pallais Arana, de 68; acusados de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, debido a su “estado de salud”, que no especificó según un comunicado del Ministerio Público divulgado la noche de este viernes.

La decisión se da tras la muerte del general en retiro Hugo Torres, también acusado por “traición a la patria”, que falleció el viernes 11 de febrero bajo custodia policial, después de haber permanecido más de seis meses bajo el régimen carcelario de tortura, que quebrantó su salud y obligó a la Policía a trasladarlo a un hospital a mediados de diciembre para tratar una enfermedad aún no especificada por las autoridades.

“El Ministerio Público, al tener conocimiento del estado de salud de las personas antes referidas, por razones humanitarias, pidió a la autoridad judicial el cambio de medida cautelar de prisión preventiva por detención domiciliaria, lo que fue autorizado por la correspondiente autoridad judicial”, indicó.

La orden se ejecutó a la medianoche de este viernes.  Cruz, Pallais, y Aguirre fueron trasladados a sus casas, bajo custodia policial,  donde durmieron por primera vez después de haber estado entre seis y más de ocho meses en las celdas del Chipote.

La Fiscalía no especificó cuál es el estado de salud de los tres beneficiados con el cambio de régimen carcelario, aunque sus familiares demandaron exámenes médicos durante los juicios que no se han realizado.

Familiares de algunos de los reos de conciencia denunciaron, en entrevistas con CONFIDENCIAL, que el estado de los presos políticos es “alarmante”, destacando que incluso durante el juicio, realizado a puerta cerrada en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote, el preso político José Pallais se desmayó y tuvo que ser retirado del proceso para recibir atención médica.

Señalan que todos muestran una grave pérdida de peso, al punto que se le notan los huesos; debilidad para caminar y levantarse de las sillas donde los ubican; e inseguridad y temor a la hora de hablar.

Resaltaron que uno de los casos más preocupantes es el de Arturo Cruz, que lograron notar que, además de seguir perdiendo peso y tener problema visual en uno de sus ojos, padece fuertes dolores y “muestra signos o síntomas asociados a la enfermedad de Parkinson”.

Los familiares de los presos políticos lanzaron el pasado lunes un SOS tras la muerte de Torres, de 73 años, tras más de dos meses en los que el régimen mantuvo oculto su paradero y condición de salud.

Sin embargo, el régimen Ortega-Murillo mantiene secuestradas en prisión a 17 personas adultas mayores que padecen de enfermedades crónicas, 14 de ellas arrestadas en los meses previos a las votaciones de noviembre de 2021, cuando Ortega se reeligió en unas votaciones sin garantías democráticas eliminando la competencia política al ordenar la detención de los principales liderazgos políticos, económicos y sociales.

Los presos políticos beneficiados

Cruz era precandidato presidencial por la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL) y fue capturado en el Aeropuerto Internacional a inicios de junio, al regresar de un viaje a Estados Unidos, cuando faltaban cinco meses para las elecciones de noviembre de 2021.

Fue embajador en Estados Unidos entre 2007 y 2009 del Gobierno del presidente Daniel Ortega, de quien se distanció, y durante más de dos décadas ha sido profesor en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE).

Por su lado, Aguirre Sacasa, el segundo dirigente opositor de mayor edad que guarda prisión (el primero es el exembajador Edgar Parrales, de 79), fue canciller durante la Administración de Arnoldo Alemán (1997-2002), así como embajador de Nicaragua en EE. UU. y diputado por el PLC entre 2002 y 2011.

Su hijo, Roberto Aguirre-Sacasa dijo que sus familiares han visto como la detención del excanciller “ha afectado su salud” y pidió a las autoridades a que, debido a su edad y a su condición física, le “conmuten su sentencia al tiempo que ya cumplió en la cárcel y le permitan regresar con su familia, su esposa, sus hijos y sus pequeños nietos”.

En el caso del jurista José Pallais, miembro de la opositora Coalición Nacional, sus familiares estiman que ha perdido cerca de 90 libras desde que está en la cárcel. El abogado leonés padece diversas enfermedades crónicas: problemas cardíacos, diabetes, hipertensión, apnea del sueño y problemas en la columna. Según la Coalición Nacional, todo eso “conforma un cuadro de altísimo riesgo”.

Pallais Arana es exviceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua y de Gobernación, durante el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997). De 2007 a 2012 fue diputado por el departamento de León del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y ocupó la presidencia de la Comisión de Justicia en la Asamblea Nacional. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) y tiene un doctorado por la Universidad Complutense de Madrid.

En junio de 2020 renunció a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), ante las dudas que expresó esa organización opositora sobre la firma de los Estatutos de la Coalición Nacional. Un texto que el político liberal ayudó a redactar. En ese entonces lamentó la división de la oposición.

Veintisiete países de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobaron el viernes una declaración en la que dicen estar “consternados” por la muerte de Hugo Torres, y demandaron la liberación “inmediata” de todos los presos políticos.

Mairena y Mena condenados a 13 y 10 años de cárcel

Los líderes del Movimiento Campesino, Medardo Mairena y Pedro Mena, fueron condenados por la justicia orteguista a trece y diez años de cárcel respectivamente y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. En el caso de Mairena por ser presunto autor del delito de “menoscabo a la integridad nacional” y Mena por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

La familia de Mairena, quien aspiraba a ser candidato presidencial, rechazó en una carta pública la sentencia del juez Ángel Jeancarlos Fernández González, del Juzgado Cuarto del Distrito Penal de Juicios y señaló que la acusación de la Fiscalía es “falsa e injuriosa”.

“La familia de todos los presos políticos vivimos hoy un viacrucis, sentimos impotencia, soledad, silencio y el abandono de los amigos… Nicaragua sigue siendo un pueblo crucificado”, dice la carta divulgada esta mañana a través de las redes sociales.

Finalmente la familia de Mairena instó a la comunidad internacional y las diversas organizaciones de Derechos Humanos a “hacer uso de sus facultades y buenos oficios para mediar ante el Estado de Nicaragua y exigir la liberación inmediata e incondicional de nuestros presos políticos”.

Mientras tanto, el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Eber Acevedo, quien ejerce la defensa de los campesinos, dijo que a Mena “se le condenó por ser parte del Movimiento Campesino”, porque en el juicio, valoró, “no hubo ninguna prueba” que lo incriminara.

De acuerdo con el abogado, un oficial encubierto declaró en el juicio que Mena recibía fondos de una oenegé, pero al ser cuestionado sobre ¿cuál era el nombre de la oenegé? y ¿cuándo recibió los fondos?, el oficial no supo responder.

Por este mismo delito también fue condenado el líder del Movimiento Campesino, Freddy Navas, a quien el régimen de Daniel Ortega impuso la pena de diez años de cárcel tal como lo solicitó el Ministerio Público en su acusación.

Peraza condenado a diez años de cárcel

El politólogo José Antonio Peraza también fue condenado este jueves a diez años de prisión por ser presunto autor del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad, informó su familia.

Peraza, especialista en sistemas políticos y electorales, y miembro del Consejo Político del movimiento opositor Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por el juez Ángel Jeancarlos Fernández González, del Juzgado Cuarto Distrito Penal de Juicio de Managua, indicó el familiar a los periodistas.

Peraza, que se encuentra detenido desde julio del año pasado, fue director del Movimiento por Nicaragua y estuvo detenido en octubre de 2018, cuando junto a un grupo de opositores pretendía protestar en Managua contra el régimen de Daniel Ortega en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde hace 46 meses.

Además, es coautor de los libros “El régimen de Ortega. ¿Una nueva dictadura familiar en el continente?”, publicado en 2016, y “Nicaragua, el cambio azul y blanco”.

Peraza fue detenido durante una ola de arrestos de dirigentes opositores y críticos del sandinismo, en el marco de las elecciones generales de noviembre pasado, en las que Ortega se reeligió sin competencia política.

Los condenados esta semana

Esta semana también fueron condenados por la justicia orteguista los presos políticos: Mauricio Díaz, exdiplomático y directivo nacional del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL);  Luis Rivas, presidente ejecutivo de Banpro y CEO regional de Grupo Promerica; y María Oviedo, abogada y defensora de derechos humanos.

Asimismo fue leída la sentencia condenatoria a los presos políticos: Suyen Barahona, presidenta de la Unión Democrática Renovadora (Unamos, antes MRS), condenada a ocho años de cárcel; Miguel Mendoza, cronista deportivo y bloguero, condenado a nueve años de cárcel; y la opositora Nidia Barbosa, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), condenada a once años de prisión. Todos ellos —además— quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos.

Los presos políticos fueron condenados por supuesta conspiración para cometer menoscabo” en perjuicio de la sociedad y el Estado de Nicaragua en base a la “Ley de Soberanía”.  Barbosa también fue condenada, a manos del juez orteguista William Howard López, encargado del Juzgado de Distrito Penal de Masaya, por supuestamente “propagar noticias falsas”, bajo la “Ley Especial de Ciberdelitos”.


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