8 de junio 2022
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A cinco meses de las elecciones municipales previstas para el 6 de noviembre, el Consejo Supremo Electoral (CSE) continúa retrasando la convocatoria oficial y en los municipios del país no se percibe el mínimo entusiasmo por las votaciones. Tal situación indica que, tras la reforma electoral de mayo pasado, el régimen de Daniel Ortega apuesta por realizar unos comicios "en solo tres meses".
"La gravedad del tema de las elecciones municipales trasciende al retraso de la convocatoria", advierte Olga Valle, directora del observatorio ciudadano Urnas Abiertas. "Lo que se sigue observando es la ausencia de condiciones democráticas" en Nicaragua. Eso implica que "todavía se mantiene un Estado policial de facto, una supresión absoluta de las libertades fundamentales y la detención arbitraria de 182 personas presas políticas", agrega.
Con la reforma a la Ley Electoral de mayo pasado, la Asamblea Nacional —de mayoría sandinista— estableció un proceso electoral exprés. De tal forma que los partidos políticos que participen en la elección solo tendrán cinco días para presentar sus ternas para los Consejos Electorales Departamentales o Municipales y la cantidad de Juntas Receptoras de Votos (JRV) será menor a las 13 459 que funcionaron en las votaciones generales de 2021.
Valle alerta que con la reforma electoral además se redujo el periodo de campaña a solo 20 días, lo que limita las oportunidades de la ciudadanía para "organizarse, fiscalizar y participar plenamente en este proceso".
Para las próximas votaciones municipales se espera una reedición de la “farsa electoral de 2021”, ya que tendrán lugar un año después que el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) eliminó la competencia política y ajustó la Ley Electoral a su medida. El sandinismo además gobierna 137 de los 153 municipios del país, donde se elegirán alcaldes, vicealcaldes y concejales.
Por otro lado, la oposición organizada tras las protestas masivas de 2018 se encuentra desarticulada debido al recrudecimiento de la persecución política por parte del régimen de Ortega, que en el último año electoral encarceló y condenó —a penas de entre ocho y trece años de cárcel por el delito de “traición a la patria”— a siete aspirantes a la presidencia y una cuarentena de líderes políticos y gremiales. Además, impulsó otra ola de nicaragüenses que salieron al exilio para no ser arrestados.
Una Ley Electoral remendada
En los últimos procesos electorales el régimen de Ortega ha ajustado la Ley Electoral a su medida. La última reforma —que fue consultada únicamente con la magistrada Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), y representantes de los partidos políticos que participaron en las votaciones generales de 2021— ocurrió el 5 de mayo pasado, mediante la cual se cambiaron los artículos 16,21, 22, 70, 74, 85, 105, 148 y 158 de dicha ley.
El cambio al artículo 74 redujo de 42 a 20 días el período de campaña electoral, en caso de votaciones municipales, y 30 días para elecciones presidenciales. La reforma no brinda ninguna justificación para dicha reducción, pero la Comisión Especial de Carácter Constitucional —que fue creada para consultar la iniciativa— indicó en su dictamen que “la simplificación de los plazos” es una medida “coherente con la preservación del medioambiente en tanto implica menor uso de propaganda física que genera gran cantidad de residuos”.
La reforma, además, amplió el número de electores por cada Junta Receptora de Votos (JRV), al pasar de 400 a 600 electores. Tal situación fue justificada por los diputados porque supuestamente “permitirá al Estado de Nicaragua y a los partidos políticos reducir los costos de operación y organización durante los procesos electorales en general”.
Para las votaciones generales de 2021, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la oposición organizada tras la Rebelión de Abril de 2018 reclamaban una reforma electoral profunda, que garantizara elecciones libres, justas y transparentes. Pero el régimen de Ortega rechazó abiertamente todas las propuestas y aplicó una serie de cambios superficiales para aparentar legalidad en un proceso poco transparente, en el que finalmente se reeligió sin competencia política.
La contrarreforma electoral de Ortega prohibió, entre otras cosas, que los aspirantes a cargos públicos reciban cualquier tipo de financiamiento proveniente del extranjero, incluso de nicaragüenses que residen en otros países. De hacerlo, los candidatos pueden ser inhibidos y el partido político perdería su personería jurídica. En cambio, los partidos colaboracionistas con el régimen gobernante tienen derecho al financiamiento del Estado para la campaña aunque no logren ni el 4% de votos válidos en las urnas.
Votaciones en un contexto de represión
En la antesala de la convocatoria a votaciones municipales, Nicaragua se encuentra inmersa en una crisis sociopolítica prolongada desde hace cuatro años. Luego que el Ejecutivo se negó en 2018 a adelantar las elecciones como salida a la crisis provocada tras la represión y matanza orteguista contra la Rebelión de Abril. Protestas multitudinarias contra el Gobierno fueron sofocadas violentamente, dejando 325 asesinados entre abril y septiembre de ese año, decenas de desaparecidos, miles de heridos, más de un millar presos políticos, de los cuales 180 continúan en prisión, y más de 100 000 exiliados que huyen de la persecución política.
El régimen de Ortega —que controla todos los poderes del Estado— está señalado, además, de cometer crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas contra los derechos humanos, según amplios informes de defensores nacionales e internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al que el régimen expulsó en diciembre de 2018, previo a la presentación del informe en el que confirmaron que el Estado cometió crímenes de lesa humanidad.
Las víctimas de la represión y sus familiares no han obtenido justicia y exigen cambios profundos en el sistema político del país. Pero en la antesala del proceso electoral el régimen intenta normalizar un estado policial de facto, que anula las libertades democráticas y los derechos constitucionales.
En septiembre de 2018 el Gobierno declaró ilegales las protestas ciudadanas y después, en la contrarreforma electoral de 2021, la Asamblea Nacional trasladó a la Policía Nacional la potestad de autorizar o no los mítines políticos. Desde entonces, todo intento de protesta ha sido negado, sofocado o reprimido, mientras decenas de nicaragüenses, son asediados en sus viviendas o perseguidos por policías o simpatizantes del régimen.
La “farsa electoral” de 2021
En el contexto del proceso electoral de 2021, el régimen de Ortega encarceló a siete aspirantes a candidatos presidenciales opositores, que se perfilaban como sus principales rivales en las urnas. Además, dos aspirantes más —Luis Fley y María Asunción Moreno— tuvieron que exiliarse para no ser arrestados.
Los precandidatos Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena, permanecen en las celdas del complejo carcelario Evaristo Vásquez, conocido como “el nuevo Chipote” y Cristiana Chamorro Barrios, Noel Vidaurre y Arturo Cruz Sequeira están bajo arresto domiciliario.
El Consejo Supremo Electoral, controlado por el gobernante Frente Sandinista, también canceló la personería a los partidos Restauración Democrática (PRD) y Ciudadanos por la Libertad (CxL), ambos eran considerados los vehículos electorales de la oposición. Además, el régimen anuló la personería jurídica del Partido Conservador (PC).
En las elecciones no estuvieron los observadores de la OEA, ni de la Unión Europea, ni del estadounidense Centro Carter, porque el régimen los considera non gratos, y en la contrarreforma electoral el partido de Gobierno sustituyó la observación electoral por la figura de “acompañantes”, cuyas funciones no están completamente claras.
La escasa participación en las votaciones generales de 2021 fue tal que las únicas aglomeraciones se dieron cuando los centros de votación aún no abrían las puertas, antes de las 7:00 a. m. No hubo filas porque la población no salió a votar. El observatorio independiente y multidisciplinario Urnas Abiertas ubicó el porcentaje de abstención en 81.5% de la población habilitada para votar.
Gobiernos de diferentes países de Latinoamérica, la Unión Europea y la OEA denunciaron que las votaciones en Nicaragua no cumplieron con “garantías mínimas” de transparencia, aunque el CSE asignó al binomio familiar de Daniel Ortega y Rosario Murillo el 75.92 % de votos, en unos comicios en los que supuestamente votó el 65.34% de los empadronados.
