Relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua bajo la administración Trump

Los nicaragüenses abrimos el año con el continuismo del régimen de Ortega, impuesto por una farsa y un fraude electoral.  En los Estados Unidos se ha instalado un nuevo gobierno que está trastocando la política sostenida respecto a América Latina y al resto del mundo.

Nos enfrentamos al desafío de avanzar para cerrar el capítulo autoritario de la familia Ortega Murillo, para enrumbar al país por una senda de democracia, pero también estamos de cara a cambios importantes en la relación entre los Estados Unidos y Nicaragua que podrán afectar la economía nacional y la vida de miles de compatriotas.

Este boletín pasa revista por los riesgos y las amenazas actuales más importantes derivados de esas realidades.

Comercio y migración  

Desde el 20 de enero, fecha de la toma de posesión de la administración republicana del presidente Donald Trump en los Estados Unidos, las noticias han estado inundadas de las iniciativas del nuevo gobierno y las reacciones internas y mundiales a ellas. El presidente Trump, haciendo política exterior desde la red social Twitter, ha dominado la agenda de los medios de comunicación y de las cancillerías en todas partes. Aunque hay quienes piensan que su actuación es errática, el conjunto de sus declaraciones y acciones parecen tener una lógica articuladora.

Trump ha desatado una ofensiva para poner a la defensiva a aliados y adversarios. Es una maniobra de ablandamiento previa a fijar los nuevos términos en que, según la administración,deberá expresarse el poder de los Estados Unidos para reubicarse como potencia hegemónica en la escena internacional. La política de Trump, ultraconservadora, aislacionista y proteccionista, ha abierto múltiples frentes internos y externos.

Para el continente, dos son de especial importancia: la migración y los acuerdos de libre comercio.  Como efecto demostrativo del alcance de su voluntad política, Trump escogió inicialmente a México como blanco preferido de sus ataques, anunciando la construcción de un enorme tramo de muro en la frontera común y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el que también es socio Canadá.  Estos no serían unos anuncios especialmente preocupantes si no estuvieran precedidos y acompañados de una retórica profundamente hegemonista, agresiva, despectiva y racista por parte del presidente Trump.

Sería un error considerar que el discurso de Trump está exclusivamente referido a México y a los mejicanos en los Estados Unidos. Ese posicionamiento es una advertencia general de la política para América Latina, que aún no hace explícita el Departamento de Estado, pero que ya está en marcha.

En materia comercial, hay que asumir que el gobierno de los Estados Unidos promoverá la renegociación de los tratados y acuerdos vigentes con países de América Latina, además del TLCAN.

Para no pecar de ingenuos, los gobiernos centroamericanos, las cámaras empresariales y las organizaciones sindicales y gremiales están obligados a prepararse, comenzando por analizar el impacto de una eventual revisión del TLCAN sobre los acuerdos de libre comercio existentes entre los distintos países centroamericanos y México.

Una preparación adecuada debería incluir la valoración de los posibles efectos de la política comercial de Trump sobre elAcuerdo de Libre Comercio entre la Republica Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), suscrito en 2005.  Para Nicaragua, implica ponderar los escenarios probables para la producción en las zonas francas, las inversiones y el comercio de productos agrícolas, para mencionar algunas áreas de interés. Construir una posición nacional y centroamericana en relación a esas circunstancias es ahora una prioridad.

Trump ha dicho claramente que todo acuerdo comercial que considere desventajoso será renegociado, sin precisar su apreciación sobre las relaciones comerciales establecidas con los países del continente, con la excepción de México y Canadá.  Ese anuncio es más que suficiente para que los países comiencen a actuar en consecuencia.

En cuanto a migración, las agresivas expresiones de Trump ya han alcanzado a los países de la región. Como se conoce, la llegada de centroamericanos a los Estados Unidos ha sido creciente y en los últimos años ha habido grandes oleadas migratorias, en especial desde los países del Triángulo del Norte, incluyendo la de menores de edad.

Durante la campaña electoral el candidato Trump culpó de ello a los políticos corruptos de la región, afirmando que él se encargaría de llevarlos a las cárceles de máxima seguridad en los Estados Unidos.  El 25 de enero, recién pasado, al firmar la orden ejecutiva relativa al muro en su frontera sur, afirmó que “discutiremos con México la mejor forma para coordinarnos para hacer frente a la inmigración desde Centroamérica, para desmantelar a los carteles de la droga, combatir el tráfico de las drogas y frenar el dinero del narcotráfico”. Luego de iniciadas las redadas de febrero, el presidente Trump las reivindicó como el cumplimiento de su política de deportar a migrantes delincuentes.

En el imaginario confeso de la nueva administración, migración es igual a amenaza de seguridad y de crimen organizado. Centroamérica ya está siendo directamente afectada por esa voluntad política.

De acuerdo a la CEPAL, en 2012, unos 408,261 nicaragüenses se encontraban en los Estados Unidos. Según el censo demográfico de 2010 realizado en ese país, la mayoría de los nicaragüenses vivían en Florida, California, Texas y Nueva York.  También había población nicaragüense en cantidad menor en Nueva Jersey, Maryland, Virginia, Luisiana, Carolina del Norte y Georgia.

El peso de esa comunidad en la economía nicaragüense es elevado. Según información publicada por el Banco Central de Nicaragua, del total de los cerca de 1,200 millones de dólares que entraron al país el año pasado, en concepto de remesas familiares, poco más de la mitad procedía de los Estados Unidos. La CEPAL, en su informe “Evolución económica en 2015 y perspectivas para 2016–Balance Preliminar”, estima que las remesas familiares representaron el 12.3% del Producto Interno Bruto de Nicaragua y en promedio, el 7.6% del PIB de los países centroamericanos.

Las comunidades de migrantes centroamericanos están viviendo con un elevado grado de incertidumbre.  La decisión de recurrir a deportaciones masivas, puede afectar a todos aquellos que no poseen un estatus migratorio legal.  De acuerdo al especialista Manuel Orozco, del total de deportados en los años pasados, aproximadamente la mitad procedía de Centroamérica. Él estima que, entre los indocumentados en Estados Unidos, aproximadamente un 35% son centroamericanos.

La política migratoria de la administración Trump, supone el fortalecimiento de todo tipo de controles fronterizos y el incremento de barreras a la migración hacia los Estados Unidos. La emigración, entre otros países, hacia Estados Unidos ha servido de válvula de escape a Nicaragua, en donde el desempleo sigue siendo el problema más sentido por la población. Así mismo ha funcionado para la emigración de Guatemala, Honduras y El Salvador, causada principalmente por la elevada condición de inseguridad y violencia que padece la población en esos países. Si se detiene o disminuye el flujo migratorio de centroamericanos hacia los Estados Unidos y se elevan las deportaciones, la región, inevitablemente, sufrirá un impacto social considerable en el corto plazo, consecuencias que necesitan ser evaluadas desde ahora.

En el plano económico, la disminución de las remesas familiares afectaría uno de los flujos de divisas más importante para el país y la economía de miles de familias que dependen de los envíos de dinero por parte de sus parientes en los Estados Unidos. Estudios recientes realizados por el FIDEG han mostrado que existe una correlación directa entre el ingreso de remesas y la reducción de pobreza en el país.

Preocupados por la situación, los gobiernos de los países del Triángulo del Norte se están vinculando a México para trabajar una posición conjunta frente a estos problemas.  Lo sorprendente, en el caso de Nicaragua, es la total inmovilidad y parálisis del régimen de Ortega.  Nicaragua no está participando de la construcción de una estrategia centroamericana, ni el gobierno está trabajando en medidas para auxiliar y proteger a nuestros conciudadanos en los Estados Unidos.

Es posible que el silencio y la anomia institucional del régimen de Ortega respecto a los temas comerciales y migratorios en la relación con los Estados Unidos se deban a una gestión cautelosa hacia la administración Trump, para no estimular contradicciones tempranas, mientras busca el camino de un entendimiento con ella.

Democracia y seguridad

Antes del fin de la administración Obama, el rápido proceso de aprobación en la Cámara de Representantes de la iniciativa conocida como Nica Act, sorprendió al gobierno inconstitucional de Daniel Ortega.  La iniciativa tenía como objetivo mandatar a la administración a ejercer su veto a los préstamos que el gobierno de Nicaragua solicitase a las instituciones financieras internacionales, con la excepción de aquellos destinados a satisfacer las necesidades básicas de la población o a promover la democracia, mientras no se asegurara un proceso electoral libre.

Aunque el trámite de la Nica Act no se pudo seguir en el Senado por las circunstancias de las elecciones en los Estados Unidos, en una reacción característica, Ortega ordenó la contratación de una oficina de abogados vinculados al partido demócrata, para que cabildearan a su favor en el Congreso, el Departamento de Estado y otras instancias del gobierno de los Estados Unidos. Era una apuesta ejecutada con precipitación antes de las elecciones, con la certeza que Hillary Clinton saldría victoriosa de ellas y por tanto, los cabilderos contratados estarían en la mejor posición posible como interlocutores.

Al orteguismo no le simpatizaba la candidata Clinton, quien desde su posición de  Secretaria de Estado había favorecido y ejecutado el cese del programa de cooperación denominado “Cuenta Reto del Milenio”, como una represalia por el fraude electoral cometido en las elecciones municipales de 2008. El gobierno de los Estados Unidos había otorgado a Nicaragua unos 150 millones de dólares, la mayor parte utilizados en infraestructura vial y apoyo a productores del occidente del país. Al tiempo de la suspensión del programa, quedaban pendientes de ejecutarse unos 65 millones de dólares.

La victoria de Trump acompañada del holgado control republicano en ambas cámaras del Congreso, supuso una sorpresa para el régimen de Ortega preparado para otro escenario.

Hasta ahora, el Departamento de Estado no ha anunciado ajustes a la relación con el gobierno de Nicaragua.  Pero, el nuevo Secretario de Estado, Rex Tillerson, ya ha tenido noticias cercanas del país, pues como director ejecutivo de la Exxon Mobil Corporation, fue obligado, por el régimen de Ortega, a ceder en alquiler las instalaciones que poseían en Nicaragua a la empresa Petronic, para facilitar el procesamiento del petróleo importado de Venezuela.  Luego, en 2011, la Exxon salió del país, vendiendo a Puma Energy sus instalaciones y operaciones, como parte de una negociación que incluía otros países centroamericanos. Por otra parte, el nombramiento del funcionario que estará a cargo de Centroamérica está aún pendiente.

En el Congreso, los representantes y senadores demócratas y republicanos que impulsaron y movieron la aprobación de la Nica Act, se reeligieron, lo que vuelve probable la reactivación de esa iniciativa.

El régimen de Ortega tratará de sacar partido de tres temas del interés de la nueva administración estadounidense: la relación común con Vladimir Putin, el control de la migración y el enfrentamiento al crimen organizado.

Tanto Ortega, como Trump y su Secretario de Estado, poseen un vínculo cercano con el presidente ruso Putin.  Aunque en el Congreso de los Estados Unidos, la cordial relación de Trump con Putin es mal vista, lo cierto es que hasta ahora, no ha habido ningún gesto del gobierno estadounidense que moleste a los rusos. Ortega, por su parte, ha cultivado una relación amplia y profunda con el gobierno ruso, destacándose la colaboración en materia militar, policial y de seguridad.

El régimen de Ortega ha mantenido una política dura, con participación policial y militar, incluso gravemente violatoria de los derechos humanos, para frenar los flujos migratorios desde el sur del continente, el Caribe y África, hacia los Estados Unidos.  La frontera nicaragüense se ha convertido en una muralla virtual al servicio de los intereses migratorios de los Estados Unidos.  Además, la colaboración con las agencias estadounidenses para enfrentar el crimen organizado y en particular, el narcotráfico, ha sido sistemática y bien valorada por ellas.

Ortega tratará de persuadir a la administración de Trump de las ventajas de elevar una relación de colaboración en estos asuntos, a cambio de que vuelva la vista en otra dirección y no se detenga a valorar su autoritarismo, la creciente violación a los derechos políticos y los fraudes electorales.  La promoción de la democracia no es, según se ha visto, un tema de particular relevancia para Trump, como si lo es el de seguridad y migración.  Esa es la expectativa del oficialismo.

En la configuración de la política hacia Nicaragua, también pesarán los intereses de los congresistas republicanos para quienes la situación de Cuba, Venezuela y Nicaragua deben ser homologadas, en cuanto a la reacción de los Estados Unidos.  Del balance entre esos intereses y la oferta de Ortega, dependerá el futuro de la relación entre los Estados Unidos y Nicaragua. En todas las variantes, en los distintos escenarios, los migrantes nicaragüenses pueden ser sacrificados para apuntalar la tranquilidad política del orteguismo.

El diálogo del régimen con la OEA

La actuación del Secretario General de la OEA en relación a la situación de Nicaragua, fue aupada por la administración Obama que veía en los instrumentos multilaterales una oportunidad para mostrar una política exterior menos intervencionista.  Está por verse si la administración Trump continuará respaldando la gestión que Almagro ha venido realizando en su diálogo con el régimen de Ortega.

Tal como habían anunciado en el acuerdo preliminar, el 20 de enero se publicaron los acuerdos suscritos entre la misión técnica de la oficina del Secretario General Almagro y la cancillería nicaragüense.

Para la oposición a Ortega y amplios sectores de la sociedad nicaragüense, incluyendo líderes sociales, medios de comunicación y obispos de la iglesia católica, los acuerdos resultaron, por decir lo menos, decepcionantes.

La Secretaría General no solamente no ha publicado el informe sobre el proceso electoral de 2016, sino que además en su acuerdo con el gobierno, no menciona una palabra sobre la violación a los derechos humanos y políticos cometidos por el régimen.  El texto omite mencionar la enorme abstención en las votaciones del 6 de noviembre que puso en relieve el colapso de un sistema electoral carente de la confianza ciudadana y no alude, en absoluto, al evidente fraude electoral cometido, concediendo, en la práctica, un reconocimiento a sus resultados. La posición de la Secretaría General, expresada en ese documento, ha sido contrastada con la que ha mantenido con Venezuela, pues ha aparecido complaciente frente a las mismas transgresiones a la Carta Democrática Interamericana que ha calificado como inaceptables en ese último país.

Aunque la oposición ha visto deficiente e insuficiente el acuerdo logrado por la OEA, tampoco ha sido celebrado por el régimen. Sus razones son importantes.

Contrario a sus deseos y forzado por su debilitamiento político interno, Ortega se ha visto obligado a someterse a un proceso dentro de un circuito internacional que tiene otros participantes y testigos. Su experiencia durante la década de los ochenta, le dice que difícilmente se puede salir airoso de un mecanismo de ese tipo sin hacer concesiones significativas a los intereses y aspiraciones de la contraparte. Y ha firmado un plazo de tres años, que son vistos por la oposición como una especie de amnistía electoral, pero que para el régimen son, también, un plazo fatal para realizar ajustes medianamente satisfactorios a las expectativas del Secretario General.

El tiempo corre. La Secretaría General aceptó “acompañar” las elecciones municipales sin que aún se hayan establecido las condiciones y el alcance de tal misión.  Almagro tendrá que decidir si abre un nuevo capítulo o busca definir los términos del “acompañamiento” sobre la base de las recomendaciones de la misión electoral de la OEA en 2011.  Para el régimen de Ortega, lograr que no se repita el repudio ciudadano de las elecciones nacionales en las municipales, es imprescindible.  Para ello, debe concretar un arreglo con una fuerza que pueda ser vista como oposición real, condición que no satisfacen los partidos “zancudos” que actualmente disfrutan de sus asignaciones en la Asamblea Nacional.

La concesión de la personalidad jurídica a Ciudadanos por la Libertad obedece a esa necesidad. El Consejo Supremo Electoral ha bloqueado la solicitud del Movimiento de Unidad con Dignidad que preside Edgard Matamoros y activado, con toda amplitud, la de Ciudadanos por la Libertad, a fin de lograr que cumplan con los requisitos establecidos para lograr que se decidan a participar en las elecciones municipales, aún con cambios mínimos en el sistema electoral, lo que constituiría un acto de legitimación de la farsa y el fraude electoral de noviembre pasado.

El acuerdo con la OEA, no obliga a la realización de cambios significativos previos a las elecciones municipales, pues se definió el plazo de tres años para realizar “las tareas específicas a llevar a cabo en materia de: seguimiento de las elecciones municipales  de noviembre de 2017, continuación del proceso de perfeccionamiento del sistema de representación política y mecanismos que lo fortalezcan jurídicamente”, mismas que serán detalladas en el Memorándum de Entendimiento previsto a hacerse público el 28 de febrero, en el que seguramente el régimen tratará de diferir lo más posible cualquier alteración a su dominio sobre el sistema electoral que pueda poner en riesgo su hegemonía en las municipalidades del país.

De cualquier forma y contrario a lo que se esperaba aún en medios oficialistas, la relación entre el Secretario General de la OEA y el régimen de Ortega no ha conducido al establecimiento de un diálogo nacional. Hasta ahora, la sociedad nicaragüense en sus diversas expresiones no ha estado involucrada en la construcción de los acuerdos y por lo mismo, no está comprometida con ellos.  En ese grave déficit reside su debilidad y fragilidad.

La misión de la Secretaría General de la OEA está, ciertamente, comenzando y tiene el reto de situarse frente a la sociedad nicaragüense, no solamente frente al gobierno, pues la aplicación de la Carta Democrática Interamericana es de interés y competencia directa de la ciudadanía.

Pero, es claro, que solamente el empuje ciudadano, la consistencia opositora, la denuncia y la movilización, lograrán los cambios que el país requiere y que la mayoría de los nicaragüenses están demandando.