24 de junio 2021
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Para Ryan Berg, investigador del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS por sus siglas en inglés), la comunidad internacional debe “pensar varias formas de presionar” al Gobierno nicaragüense, porque “este régimen de Ortega y Murillo solo responde a la fuerza, no responde a la política suave”.
“Hay que presionarlos con muchas herramientas y sanciones”, dijo Berg en referencia a la iniciativa de Ley Renacer, aprobada esta semana en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. La propuesta amplía los motivos para sancionar a funcionarios del régimen y solicita al presidente estadounidense, Joe Biden, revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-Cafta).
Durante una entrevista con el programa Esta Noche, el analista destacó que las “sanciones no son un plan total para salir de la crisis (sociopolítica), son una herramienta para poner un poco de presión contra un régimen dictatorial”
Desde 2018, el Gobierno de EE. UU. ha sancionado a una treintena de funcionarios orteguistas, señalados de actos de corrupción y violaciones contra los derechos humanos de los nicaragüenses. Entre ellos hay ministros, diputados, jefes militares y miembros de la familia presidencial: la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, y sus hijos Rafael, Laureano, Camila y Juan Carlos Ortega Murillo. La lista además incluye a nueve instituciones públicas o entidades mixtas, entre ellas la Policía Nacional.
Las sanciones de la Ley Renacer
La Ley Renacer establece que serán sujetos a sanciones económicas las “personas extranjeras que obstruyan directa o indirectamente el establecimiento de las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua”.
El documento detalla que los posibles sancionados incluyen a funcionarios del Gobierno y familiares de Ortega; miembros de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, y del Consejo Supremo Electoral (CSE). Así como “miembros del partido y funcionarios electos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y sus familiares”.
El proyecto de ley propone también que la Administración de Biden haga “gestiones diplomáticas” con los Gobiernos de Canadá, la Unión Europea (UE) y países de Latinoamérica y el Caribe “para imponer sanciones selectivas” contra los ciudadanos que obstruyan las elecciones nicaragüenses.
Entre 2019 y 2020, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido y Suiza han seguido los pasos de Estados Unidos, al sancionar a algunos funcionarios del régimen, acusados de corrupción y violaciones contra los derechos humanos.
En pocas semanas será ley
Berg adelantó que, “en unas semanas”, la iniciativa se convertirá en ley, “porque el nivel de represión (en Nicaragua) facilita el paso de la ley por el Senado y la Cámara de Diputados”.
Lamentó que “el tiempo” de aprobar la Ley Renacer, era hace “dos meses atrás”, aunque actualmente “es un enfoque” para meter más presión al régimen.
El proyecto bipartidista de ley será enviado al pleno del Senado, donde será sometido a otra votación. Para esta, sin embargo, aún no hay fecha establecida.
La propuesta también tendrá que recorrer otro camino en la Cámara de Representantes del Congreso de EE. UU., donde fue introducida en abril pasado, también de manera bipartidista de demócratas y republicanos.
Dentro del Congreso, la Ley Renacer está en el Subcomité del Hemisferio Occidental, que debe aprobarla y enviarla al Comité de Asuntos Exteriores, que igualmente tendrá que avalarla y remitirla al pleno de la Cámara de Representantes, donde enfrentará una última votación.
Una vez aprobada por los plenos del Senado y la Cámara de Representantes, la iniciativa de Ley Renacer será enviada a la Casa Blanca para que sea firmada por el presidente Biden, y así entre en vigencia.
Berg destacó que “la Administración de Biden está enfocada en el Triángulo Norte de Centroamérica” —Honduras, El Salvador y Guatemala—, por el tema de la crisis migratoria en la frontera sur con México.
“Nicaragua no tiene el enfoque que merece con la crisis y el nivel de presión dentro del país”, apostilló.
Armas rusas
El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú aseguró que Nicaragua, Venezuela y Cuba necesitan “ahora más que nunca” el apoyo de Rusia, para enfrentar “amenazas”. Estos tres países son los principales aliados de los rusos en Latinoamérica.
Durante una conferencia de seguridad internacional en Moscú, el alto mando militar dijo que “históricamente hemos establecido relaciones de asociación con Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros países. Ellos han estado resistiendo diversas formas de presión, hasta la amenaza del uso abierto de la fuerza militar durante muchos años”.
Según medios internacionales y agencias oficiales rusas, Shoigú detalló que estos países requieren el “abastecimiento del armamento más moderno y preparación de los militares para la actividad militar en las condiciones bastante complejas”.
El proyecto de Ley Renacer ordena que el Departamento de Estado elabore informes de inteligencia sobre la influencia y las actividades del Gobierno de Rusia en Nicaragua.
Estos informes deberán contener detalles sobre la cooperación de personal militar entre Rusia y Nicaragua; servicios de inteligencia, fuerzas de seguridad y contratistas privados de seguridad rusos; las telecomunicaciones y navegación por satélite. Así como “las amenazas y riesgos que tales actividades plantean a los intereses nacionales de los Estados Unidos y su seguridad”, según el documento.
“Es la parte geoestratégica (de la ley)”, afirmó Berg, quien explicó que Estados Unidos le interesa conocer cuál es la “situación” rusa en Nicaragua, tomando en cuenta que el país centroamericano es “una plataforma para la participación y presencia de Rusia en nuestro barrio compartido”.
