28 de junio 2021
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El oficial Julio César Espinoza, el doctor Sergio López, y la doctora Marianela Soto son tres servidores públicos despedidos arbitrariamente por alzar su voz en rechazo al adoctrinamiento del gobernante Frente Sandinista dentro de las instituciones del Estado, en el contexto de las protestas antigubernamentales iniciadas en 2018 y la crisis sanitaria de la covid-19. Y no son los únicos.
Entre 2018 y 2019, la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua (CPDH) atendió más de 200 denuncias y casos judicializados de empleados públicos despedidos ilegalmente por razones políticas.
“Todos los lunes, en la formación, el jefe gritaba ‘Viva el comandante Daniel Ortega’. De esa forma nos van adoctrinando”, relata Espinoza; “La partidización en el sistema de Salud pública ha sido evidente a partir de 2007”, comenta otro de los médicos. CONFIDENCIAL conversó con ellos para conocer cómo vivieron el adoctrinamiento oficialista y las consecuencias que han enfrentado.
“La Policía debe defender al pueblo, no reprimir”
El oficial Julio César Espinoza, excarcelado político de la dictadura y exiliado en Costa Rica, se unió a la Policía Nacional en 2012, y durante seis años fue agente de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), hasta que, el 6 de agosto de 2018, renunció a la institución por no estar de acuerdo con las medidas represivas del régimen de Daniel Ortega en contra de la población que se manifestaba pacíficamente en las calles.
El 18 de abril de 2018, Espinoza fue enviado a contener las protestas en el circuito comercial de Camino de Oriente, en Managua, como parte de un escuadrón de la Policía antidisturbios. “Salimos a contener a las personas (que protestaban) entre Camino de Oriente de la Jean Paul Genie. A las 6:00 pm nos dan la orden de retirarnos, y es cuando entran las turbas (sandinistas)”, relata el exagente. Al día siguiente, el escuadrón de la DOEP al que pertenecía fue enviado a contener las protestas en Masaya, donde sufrió una lesión que lo obligó a ausentarse durante varias semanas.
“A los 15 días de mi alta en el hospital me llamaron para que me presentara, pero les dije que no, porque estaba viendo lo que estaban haciendo”, recuerda el excarcelado. El 6 de agosto, Espinoza presentó su renuncia en el Complejo Policial Faustino Ruíz. Le ofrecieron un ascenso, armas, y un aumento de salario a cambio de su reincorporación, pero él se mantuvo firme en su decisión de no participar de la represión policial. En represalia a su renuncia, fue secuestrado por paramilitares en su casa de habitación el 10 de agosto, y acusado de los delitos de secuestro, lavado de dinero, crimen organizado, torturas y portación de emblema de la Policía Nacional.
Julio César aspiraba a continuar su carrera policial y estudiaba para lograrlo. Cortesía | Confidencial
Durante nueve meses, Espinoza permaneció encarcelado por razones políticas en el Sistema Penitenciario de Tipitapa, conocido como La Modelo, hasta que fue liberado en 2019 bajo la Ley de Amnistía. Durante los seis años que fue agente de la Policía, fue testigo de la partidización de la institución. “Todos los lunes, en la formación, el jefe gritaba ‘Viva el comandante Daniel Ortega’. De esa forma nos van adoctrinando”, denuncia Espinoza, quien también señala al Gobierno de Ortega y Murillo de “premiar la lealtad al FSLN” en las filas de la institución policial.
“Policías que eran suboficiales ahora tienen grado de teniente, cuando son necesarios unos 15 años en la institución para poder obtener ese cargo”, comenta indignado. Pese a la partidización de la institución, Espinoza relata que no todos sus compañeros en la DOEP simpatizaban con el Frente Sandinista. Durante su subsidio, mantuvo contacto con varios de sus compañeros, quienes le informaron que alrededor de otros 30 compañeros también renunciaron. Espinoza asegura no arrepentirse de su decisión de renunciar, porque lo hizo por amor a Nicaragua, y lamenta que la Policía Nacional hoy en día se dedique a reprimir al pueblo.
“Ahora pasan más tiempo en servicio, que en sus casas. Hay policías que están cansados de eso”, asegura sin temor a equivocarse.
“La Medicina no debe ser politizada”
El doctor Sergio López Tórrez, cirujano oncólogo y especialista en laparoscopia, es el primer cirujano de hígado y páncreas y vías biliares de Nicaragua. El 9 de junio de 2020 fue despedido del Hospital Manolo Morales junto con otros colegas por firmar una carta en que lamentaron la “estrategia inaudita e inverosímil del Gobierno nicaragüense ante la pandemia del covid-19”.
Cada año atendía a aproximadamente 60 pacientes con cáncer de hígado en el Hospital Manolo Morales, con el propósito de brindarles tratamientos para salvar sus vidas. Por esa razón, para el doctor López, los pacientes que atendía y la población nicaragüense, son los más perjudicados ante los despidos arbitrarios de trabajadores de la Salud de los hospitales públicos y centros de salud.
“En Nicaragua hay un médico especializado por cada 10 000 habitantes en promedio. El personal médico especializado y la enfermería especializada son el capital social en materia de salud más importante del país”, reflexiona el oncólogo.
Ilustración: Confidencial
Desde que era estudiante de Medicina, López identificó deficiencias en el sistema de Salud nicaragüense, pero asegura que el problema principal es la politización.
En los hospitales públicos del país, asegura, todas las órdenes “vienen de arriba”, incluso los tratamientos que se brindan a los pacientes deben ser previamente aprobados por las autoridades. En varias ocasiones, los médicos del hospital tuvieron la intención de coordinar la llegada de brigadas de médicos extranjeros al país, pero no fue posible, debido a las “restricciones políticas de las autoridades sanitarias”, relata el especialista.
“Existen varias alternativas de tratamientos, pero no llegan a los pacientes porque existe una barrera entre los funcionarios, los trabajadores de la Salud y los tomadores de decisiones”, explica el médico.
El doctor Sergio López expresa que muchos médicos que trabajan en el sistema de Salud pública en Nicaragua, experimentan un sentimiento de impotencia al tener que ejercer la Medicina bajo un ambiente de amenaza y persecución. “Eso no abona el desarrollo de la medicina en el país. “Ellos deben reflexionar muy bien, porque los médicos no somos enemigos de la patria, no tenemos partido político”, insiste.
“Cuando sos contrario al régimen, te hostigan”
De acuerdo con un informe publicado por la Unidad Médica Nicaragüense, en un año de pandemia en Nicaragua, 50 médicos fallecieron como consecuencia de la inadecuada respuesta del Gobierno ante la pandemia de la covid-19.
La doctora Marianela Soto era anestesióloga en el Hospital Lenín Fonseca. Al igual que el doctor Sergio López, fue despedida de forma arbitraria el 9 de junio de 2020, por solicitar al Gobierno tomar medidas para prevenir la pandemia de covid-19. Ha denunciado durante años el control partidario del FSLN sobre el Ministerio de Salud y los hospitales públicos del país, a través de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud), dirigido por Gustavo Porras Cortés, también presidente de la Asamblea Nacional.
“La partidización en el sistema de Salud pública ha sido evidente a partir de 2007. El sindicato Fetsalud ha servido como un brazo político y represivo (del FSLN). Ellos toman las decisiones relacionadas a la contratación y despidos de trabajadores de la Salud”, asegura Soto, quien también perteneció al extinto Movimiento ProSalario, un sindicato independiente de trabajadores de la Salud.
Dentro de las instituciones hospitalarias los trabajadores de la Salud no expresan su desacuerdo con la estrategia del Gobierno para hacer frente a la pandemia, por temor a que Fetsalud tome represalias en su contra. “La gente tiene miedo, y tienen temor a ser despedidos porque se sabe que cuando sos contrario al régimen, te hostigan”, señala la anestesióloga.
José Antonio López, experto en Derecho Laboral y abogado defensor de trabajadores públicos despedidos, expone que la ola de despidos se extiende a 29 instituciones del Estado. Sin embargo, el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Educación (Mined), son las dos instituciones estatales mayormente afectadas por la “cacería” que el régimen de Ortega y Murillo ha desatado en contra de los servidores públicos críticos del Gobierno.
Desde marzo de 2020, tras la llegada de la pandemia de covid-19 a Nicaragua, 28 médicos han sido despedidos sin justificación, de acuerdo con cifras de la Unidad Médica Nicaragüense. Para el abogado López, estos despidos son ilegales, debido a que no se ajustan a la Ley de Carrera Sanitaria, y tampoco cumplen con los procedimientos de la Ley 476 o Ley de Servicio Civil ni de la Carrera Administrativa.
“Hubo muchas irregularidades en los casos. Aunque se demostró que los casos no encajaban con lo establecido en la ley, —expone— los jueces y magistrados dictaron su sentencia”.
