26 de diciembre 2020
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1. Pérdida de apoyo político a Ortega y el FSLN
El manejo negligente de la pandemia mermó el apoyo político al régimen. Ciudadanos y empleados públicos han criticado la actitud del Gobierno al intentar imponer una “normalidad” y minimizar el impacto de la crisis sanitaria, convocando a marchas y aglomeraciones, sin cerrar fronteras ni cuarentena.
Dos encuestas de la firma regional CID-Gallup revelaron que una mayoría de nicaragüenses consideran que el país va por rumbo equivocado; mientras que, en unas futuras elecciones, un poco más del 20% de los encuestados votaría por el Frente Sandinista, aunque esto no se traduciría en un triunfo de la oposición por su falta de unidad y de un candidato único.
Ortega se desapareció de la escena pública durante 34 y 38 días, en dos periodos distintos de este 2020; de esta manera el caudillo sandinista rompió su propio récord de ausencias en el cargo, que era de 28 días en 2019.
Su primera ausencia —sin dar explicaciones a nadie— fue entre el 12 de marzo y 15 de abril, cuando reapareció jactándose —sin pruebas— que Nicaragua tenía en Centroamérica, los números más bajos de casos de covid-19, y justificó que un confinamiento obligatorio “afectaría” la economía.
Su segunda desaparición fue entre el 10 de junio y el 19 de julio. El líder sandinista volvió, tras 38 días, para el acto central del 41 aniversario de la Revolución. En esa ocasión, Ortega se mostró públicamente, y por primera vez, usando una mascarilla, aunque en sus posteriores comparecencias ni él ni su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, usaron tapabocas.
El presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta, Rosario Murillo, asistieron al acto central del 19 de julio, protegidos con mascarillas. Foto: Tomada del 19Digital
2. Reforzamiento del estado policial
Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales constataron el reforzamiento del estado policial contra opositores, excarcelados, y familiares de víctimas de la represión. A través de un cerco policial, la dictadura impuso “casa por cárcel” a opositores, excarcelados, y familiares de las víctimas de la represión, para impedirles la libertad de reunión y el derecho de movilización.
En el informe sobre las “Personas privadas de libertad en Nicaragua”, divulgado el dos de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA encabeza sus 27 recomendaciones al Estado de Nicaragua con la demanda de liberar a los 109 presos políticos que se encuentran en las cárceles, por participar o apoyar las protestas sociales que estallaron a partir del 18 de abril de 2018.
El organismo detalla que el régimen Ortega-Murillo ha encarcelado, al menos 1614 personas por su participación o apoyo a las manifestaciones sociales y señala que los presos políticos han sufrido maltrato y tratos crueles, hacinamiento, y violencia sexual, entre otras violaciones a sus derechos humanos en el sistema carcelario.
La liberación inmediata de los presos políticos es una de las demandas urgentes de la oposición en Nicaragua. Foto: Cortesía
3. El tridente de leyes punitivas
La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos —conocida como “Ley Mordaza”— y una reforma constitucional que impone la cadena perpetua por “crímenes de odio”, son un tridente de leyes punitivas aprobadas en la Asamblea Nacional —de mayoría oficialista—para perseguir y controlar a opositores y organizaciones de sociedad civil.
La aplanadora orteguista aprobó el 15 de octubre la Ley de Regulación Agentes Extranjeros, considerada violatoria de los derechos de los nicaragüenses, porque obliga, tanto a organizaciones como personas naturales que reciben fondos del exterior, a registrarse como “agentes extranjeros” ante el Ministerio de Gobernación (Migob), conculcando sus derechos políticos de participación, entre otras libertades públicas.
Una semana después, el 27 de octubre, los sandinistas aprobaron la Ley Mordaza, que busca silenciar a la población, y se constituye como una amenaza directa contra las libertades de expresión y de prensa y el uso de redes sociales.
El 10 de noviembre, la aplanadora sandinista aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que establece la pena de cadena perpetua para quienes cometan crímenes de odio en el país. Esta será ratificada en enero próximo, con el inicio de la siguiente legislatura. Organizaciones, abogados y opositores recurrieron por inconstitucionalidad contra estas leyes ante la Corte Suprema de Justicia.
4. Las divisiones en la oposición
La Coalición Nacional en Nicaragua se convirtió en una realidad el 25 junio, cuando fue constituida por tres movimientos cívicos —la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), y el Movimiento Campesino— y cuatro partidos políticos: el Liberal Constitucionalista (PLC); Restauración Democrática (PRD); Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN); y el indígena regional Yatama, quedando fuera por autoexclusión Ciudadanos por la Libertad (CxL).
La gran alianza nació en crisis: la ACJD condicionó su firma a una reforma de los estatutos, en lo referente a la toma de decisiones. El sector juvenil y universitario estaba dividido entre los que querían firmar —de la UNAB— y quienes —desde la Alianza Cívica— exigían una cuota mayor de representación.
La Alianza Cívica formalizó, el 26 de octubre, su salida de la Coalición para “impulsar una plataforma política y electoral unitaria e inclusiva”. La salida de la Alianza provocó el retiro de líderes de León, Estelí, Madriz, Chontales y otras directivas municipales que decidieron mantenerse dentro de la Coalición.
Firma de la Coalición Nacional el 25 de junio de 2020. // Foto: Nayira Valenzuela
También dejaron la alianza los principales representantes de la sociedad civil y el sector académico: Ernesto Medina; Carlos Tünnermann, coordinador general de la organización; el padre José Alberto Idiáquez, rector de la UCA; la abogada constitucionalista Azahálea Solís, y Juan Carlos Gutiérrez,
El 30 de noviembre, la Coalición suspendió indefinidamente al PLC, señalado de estar bajo el “control e influencia” del orteguismo.
5. La competencia por la organización territorial
Acosadas y agredidas por la Policía y paramilitares, las organizaciones opositoras —por separado— se lanzaron por la organización en los departamentos y municipios. La Coalición estableció once consejos en igual número de departamentos; la UNAB tiene nueve comités departamentales; y la Alianza Cívica posee tres delegaciones. Sin embargo, en Managua y las regiones de la Costa Caribe Norte y Sur, ninguna de las tres cuenta con alguna representación establecida.
En el caso de los municipios, las únicas con representación son la UNAB y la Alianza Cívica. La Unidad Nacional tiene 113, y la Alianza Cívica organizó 132 directivas o “equipos de trabajo”, como les define esta organización.
6. Más sanciones internacionales
El cinco de marzo, el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a la Policía Nacional, así como a los comisionados generales Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ); Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), y el comisionado mayor Juan Alberto Valle Valle, jefe de la Dirección Brigada de Tránsito Managua.
EE. UU. acusó a la Policía de “ser responsable o cómplice, o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”.
El cuatro de mayo, la UE sancionó a seis altos funcionarios del régimen: el director de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz, así como los comisionados generales Pérez Olivas, Urbina y Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional. La lista la completan el asesor presidencial, Néstor Moncada Lau, y la exministra de Salud, Sonia Castro.
El 22 de mayo, EE. UU. sancionó al jefe del Ejército de Nicaragua, el general Julio César Avilés Castillo, y al ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta.
El 17 de julio, el Departamento del Tesoro sancionó a Juan Carlos Ortega Murillo, y al testaferro de la familia presidencial, José Mojica Mejía. Además, incluyó en la lista las empresas Difuso Comunicaciones, administrada por los hijos de Ortega y Murillo, y Mundo Digital.
La fiscal general de la República Ana Julia Guido, el ministro-secretario privado para Políticas Nacionales, Paul Oquist Kelley, y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional RL (Caruna) ingresaron el nueve de octubre a la lista de funcionarios orteguistas sancionados por Estados Unidos.
La lista de sancionados de EE. UU. creció a 27 personas el pasado 21 de diciembre cuando sancionó al diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, promotor de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros; al jefe de la Policía en el departamento de León, comisionado general Fidel Domínguez, señalado de cometer actos de abuso de autoridad y dirigir la represión contra los opositores en esa ciudad, y al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Marvin Aguilar.
7. La demanda de reformas electorales
Un memorándum de entendimiento para un acuerdo electoral—firmado entre el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y Ortega, con vigencia de tres años, prorrogables— que establecía acuerdos de cooperar en las áreas político-electoral e institucional venció el 28 de febrero.
Por ello, el 20 de octubre la Asamblea General de la OEA aprobó la resolución denominada “Restableciendo las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua, a través de elecciones libres y justas”, que establece mayo de 2021 como plazo para que el Gobierno de Ortega implemente las reformas electorales necesarias para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en noviembre próximo.
La Coalición Nacional acordó una propuesta de reformas electorales y constitucionales, elaborada por el Grupo Promotor de Reformas Electorales (GPRE), que establece, entre otros puntos, la necesidad de establecer la no reelección en la Constitución Política, así como la prohibición de la candidatura del cónyuge de quien ejerce en la Presidencia.
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8. Las “reformas” de Ortega en 2021
Fuentes vinculadas al partido Frente Sandinista revelaron a CONFIDENCIAL que Ortega creó un grupo de trabajo para diseñar un proyecto de reformas a la Ley Electoral, enfocado estrictamente en aspectos de “orden técnico”.
“El presidente dio algunas orientaciones específicas sobre lo que debe contener la reforma”, dijo la fuente, y especificó que esta debe centrarse en aspectos técnicos de la ley, como el padrón electoral, la composición de las Juntas Receptoras de Votos, y el papel de los fiscales. El proyecto oficial será presentado en la Asamblea Nacional en los primeros meses de 2021.
Por más de año y medio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Contraloría General de la República (CGR) han funcionado con sus máximos dirigentes con los períodos constitucionales vencidos, sin que esto haya supuesto un problema para el régimen orteguista; sin embargo, fuentes vinculadas al FSLN revelaron a CONFIDENCIAL que, en los próximos meses, se avecinan reemplazos en la cúpula de estos poderes del Estado, después que la Asamblea Nacional apruebe la reforma electoral ordenada por Ortega.
