Race & Equality
22 de abril 2022
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En el cuarto aniversario del inicio de la crisis socio política y de derechos humanos de Nicaragua, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos entrevistó al representante de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Alberto Brunori, sobre el rol de las Naciones Unidas en la situación que atraviesa el país desde 2018, la negativa del Estado de Nicaragua a cumplir las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) y otros órganos internacionales de protección, y el papel del Mecanismo de investigación y rendición de cuentas establecido en la 49 sesión del CDH.
El Mecanismo de investigación y rendición de cuentas adoptado por el Consejo es un pedido de las organizaciones de la sociedad civil tales como el Colectivo 46/2, conformado por Raza e Igualdad y otras veinte organizaciones de derechos humanos han realizado desde el año 2021, luego de confirmar el deterioro progresivo de la situación y la absoluta falta de voluntad del Estado nicaragüense para cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas. Este Mecanismo estará conformado por tres personas expertas en derechos humanos que, durante un año, investigarán de forma exhaustiva e independiente, establecerán los hechos y las circunstancias, recopilarán, preservarán y analizarán las pruebas, y —cuando sea posible— identificarán a los responsables de las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril del año 2018.
Para Brunori, este grupo de personas expertas en derechos humanos tiene un mandato “inédito” y “supone un paso adelante hacia la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua”.
Nicaragua lleva más de cuatro años inmersa en una profunda crisis de derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos la ha analizado y ha emitido cuatro resoluciones. ¿Cómo ha sido la posición del Estado de Nicaragua ante estas recomendaciones? ¿Qué acciones ha llevado a cabo el Gobierno? ¿Cuál es la valoración de la Oacnudh al respecto?
Me preocupa que, a lo largo de los últimos cuatro años, el Gobierno no haya mostrado la intención de implementar las recomendaciones emitidas, tanto por el Consejo de Derechos Humanos, como por la Oficina del Alto Comisionado y otros mecanismos del Sistema Regional (OEA) y Universal de Derechos Humanos (ONU). El año pasado la Oficina publicó un boletín donde se establecen los escasos avances en este sentido. En septiembre de este año (2022), la Oficina presentará, por requerimiento del Consejo de Derechos Humanos, un informe actualizado y exhaustivo donde se analizará la implementación de las recomendaciones emitidas por los mecanismos de derechos humanos del sistema de la ONU hasta 2022.
Recientemente, en su 49 sesión, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución que incluye el establecimiento de un mecanismo de investigación y rendición de cuentas para Nicaragua. ¿Cuál es el mandato de este mecanismo? ¿Qué características deben tener las personas expertas que lo conformarán? ¿Cuál será el rol de la OACNUDH en este?
La Resolución 49/3 refleja la preocupación existente en la comunidad internacional y en la sociedad civil nicaragüense. La creación del grupo de tres personas expertas en derechos humanos supone un paso adelante hacia la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua.
Su mandato, como reza la resolución, consistirá en realizar investigaciones exhaustivas e independientes de las violaciones de los derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018, establecer los hechos, reunir pruebas e identificar a los responsables, de manera que esta información pueda utilizarse también en futuras iniciativas de rendición de cuentas. También deberá formular recomendaciones que contribuyan a mejorar la situación de derechos humanos en el país y presentar un informe escrito al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2023, entre otras tareas.
Cabe resaltar que el mandato ha destacado las posibles dimensiones de género de los abusos y violaciones, así como sus causas estructurales.
Las tres personas expertas serán elegidas por el presidente del Consejo de Derechos Humanos, por lo que confiamos en su criterio para identificar los mejores perfiles que puedan llevar a cabo el mandato de manera exitosa. Estoy convencido de que se tratará de profesionales con conocimiento del país y la región, con un profundo dominio del derecho internacional de los derechos humanos, y con la experiencia necesaria para afrontar una tarea delicada que contribuya a que las víctimas de violaciones a sus derechos humanos en Nicaragua obtengan justicia y reparación.
La Oficina del Alto Comisionado, por su parte, seguirá cumpliendo su mandato de monitoreo regular de la situación de derechos humanos en el país. En tal sentido, la Resolución 49/3 refuerza el papel de la Oficina en el ámbito del monitoreo, de los informes y del análisis normativo, de manera independiente respecto al mandato del Grupo de Expertos.
Actualmente existe un Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) que fue establecido a partir de junio 2018 para darle seguimiento a las recomendaciones realizadas por la CIDH y el GIEI. ¿Cuáles son las principales diferencias entre ambos mecanismos? ¿Cuáles son los puntos fuertes del Mecanismo de Naciones Unidas? ¿Contemplan trabajar de la mano?
El Meseni y la Oficina vienen colaborando de forma estrecha en el monitoreo de la situación de derechos humanos en Nicaragua, de manera que realizamos reuniones de análisis e información, y emitimos comunicados conjuntos para expresar las preocupaciones que comparten tanto el Sistema Interamericano como el Sistema Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, el mandato de investigación, establecimiento de los hechos y circunstancias de las violaciones, e identificación de responsables que el Consejo le da al grupo de personas expertas es inédito para Nicaragua, y precisamente ahí radica su fortaleza. El grupo de personas expertas, además de informar a la comunidad internacional sobre lo sucedido en el país, reunirá pruebas que ayuden a llevar ante la justicia a los autores de las graves violaciones cometidas.
Por último, cabe agregar que el marco de colaboración establecido por el Consejo de Derechos Humanos en su Resolución 49/3, prevé también que el Grupo pueda relacionarse con otros organismos de derechos humanos.
En múltiples ocasiones la alta comisionada Michelle Bachelet ha instado al Gobierno de Nicaragua permitir el reingreso de su Oficina. En su último informe lo solicita nuevamente. ¿El Estado de Nicaragua ha respondido a alguna de estas comunicaciones? ¿Qué acciones realizará la Oficina para lograr un “sí” por parte del Estado? ¿Qué expectativas tiene de esta visita?
El Gobierno no ha contestado a las múltiples peticiones de la Oficina de acceso al país, de las que se han hecho eco también numerosos Estados miembros y organismos internacionales. Por nuestro lado, seguiremos reiterando nuestra petición, tanto en nuestros informes públicos como de manera bilateral.
Tener acceso al país nos permitiría tener un conocimiento aún más profundo sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Podríamos, además, tener la oportunidad de visitar a las personas arbitrariamente detenidas y contribuir a la mejora urgente de su situación. Igualmente, podríamos establecer una interlocución franca y directa con el Gobierno, que no resulta posible cuando el intercambio se reduce a comunicaciones bilaterales que no son respondidas y, cuando son públicas, contienen consideraciones políticas sin entrar al fondo de las cuestiones de interés para los derechos humanos. La presencia en el país también nos permitiría llegar y dar aliento a tantas personas defensoras de derechos humanos que están realizando su labor en una situación de extrema precariedad, y bajo la constante amenaza de la prisión o el exilio.
De no recibir una respuesta positiva del Gobierno de Nicaragua para trabajar en el terreno, ¿Cuáles son las oportunidades y desafíos que podrían enfrentar estas personas expertas al trabajar a distancia?
La ONU cuenta con amplia experiencia en el monitoreo remoto, tanto debido a situaciones de conflicto e inseguridad donde no resulta posible el acceso físico a un determinado territorio, como (más frecuentemente) por la objeción de los Gobiernos a permitir la entrada de oficiales de derechos humanos de la misma. Los Gobiernos deben saber que bloquear el acceso de los y las investigadoras puede entorpecer su trabajo, pero finalmente no va a detener los avances hacia la rendición de cuentas. Por medio de entrevistas (físicas y virtuales) con víctimas y testigos, y el análisis de documentación, puede realizarse una labor exhaustiva de investigación. Pero, en todo caso, no debemos adelantarnos sobre este punto, pues, deberán ser las y los propios expertos los que valoren la situación en su momento.
Ante la falta de verdad y justicia en Nicaragua, ¿Qué mensaje le enviaría a las víctimas de la represión y a la ciudadanía nicaragüense? ¿Cuál es su llamado al Gobierno de Nicaragua?
Ante las víctimas y todas las personas que han sufrido violaciones de derechos humanos, incluyendo a familiares que han perdido a sus seres queridos, o quienes llevan meses e incluso años en prisión de manera injusta, solo puedo extender mi solidaridad. Admiro profundamente la resiliencia que han mostrado y el trabajo que siguen realizando, tanto dentro de Nicaragua como en el exilio, por mejorar la situación en el país. Esta crisis se está extendiendo ya por demasiado tiempo, y espero que no pierdan la esperanza por lograr que se haga justicia, se libere a todas las personas que están detenidas arbitrariamente y en situaciones inhumanas, y se tomen las medidas que aseguren que estas violaciones no vayan a repetirse.
Al Gobierno le diría ante todo que, más allá de toda la serie de recomendaciones que ha recibido por parte de los organismos de derechos humanos, escuche y dé la voz a los y las nicaragüenses. Las profundas desavenencias que pueden existir sobre el modelo de sociedad que desean para Nicaragua y sobre su papel en el mundo, no pueden jamás justificar la privación de la vida y de la libertad, las torturas ni la exclusión de la vida social y política. El Gobierno debe saber que de esta crisis solo puede salir cesando inmediatamente la persecución contra aquellos sectores de la sociedad con los que discrepa, e incorporándolos al debate y a los ámbitos de decisión políticos.
