28 de enero 2022
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Los familiares de al menos 38 reos de conciencia pidieron este viernes 28 de enero, a través de una carta pública, la anulación de los juicios y la liberación inmediata e incondicional de 170 personas que se encuentran en esa condición y demandaron también el restablecimiento de las garantías a los ciudadanos.
La propuesta se conoce un día después que el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) endosó la petición de un grupo inicial de 27 familiares que propusieron la liberación sin condiciones de los presos políticos, a lo que los privados sumaron un diálogo con el régimen de Daniel Ortega.
Un familiar de esta nueva comunicación explicó que no se trata de un respaldo a la propuesta de diálogo realizada por los empresarios, aunque entienden que todo tendría que desembocar en una negociación. Lo que ellos demandan como punto prioritario es la libertad de sus familiares, a quienes han encontrado en condiciones deplorables durante las visitas que les han permitido.
“Acogemos, saludamos y manifestamos nuestra decisión de trabajar en pro de cualquier iniciativa en aras de aunar esfuerzos por la preciada libertad de cada uno de los 170 presos políticos”, dice el pronunciamiento, firmado por los familiares de los exprecandidatos presidenciales de la oposición, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Miguel Mora.
Otros de los suscriptores del documento son los familiares del banquero Luis Rivas Anduray y los del gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, pero también se suman los de los líderes de UNAMOS, la excomandante Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila, Suyén Barahona, Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco.
En el pronunciamiento también está los familiares del ex embajador de la OEA, Edgar Parrales, los del ex empleado de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Marcos Fletes (que igual firmaron la carta que respaldó el COSEP), los del abogado Manuel Urbina Lara, los de Irving Larios, entre otros.
A medida que crece la demanda por la libertad de los presos políticos, el sistema de justicia controlado por Ortega decidió reactivar los casos a siete de los presos políticos, ya se dio la primera condena por ciberdelitos, la ley que castiga las supuestas noticias falsas y es uno de los instrumentos represivos del régimen, mientras se mantiene el estado policial que impide a los ciudadanos ejercer su derecho.
