15 de febrero 2023
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Un grupo de 19 organizaciones de víctimas y sus familiares, defensoras de derechos humanos, agremiaciones de periodistas independientes y movimientos sociales —aglutinadas en la Coalición Nicaragua Lucha— demandó a los países de las Naciones Unidas que respalden la renovación del mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) y el mandato al Alto Comisionado en el Consejo de Derechos Humanos (ACNUDH), sobre el monitoreo de la crisis nicaragüense.
“La renovación del mandato del Grupo de Expertos no es solo importante para garantizar la justicia y la rendición de cuentas, es indispensable ante la profundización en los patrones de las vulneraciones a los derechos humanos en el país y ante prácticas que buscan la deshumanización del otro como método de silenciamiento”, explicó el grupo en un comunicado público.
Como testigos y fuentes del trabajo del Grupo de Expertos, “vemos como urgente que se continúe registrando, investigando y descubriendo los posibles perpetradores del terrorismo de Estado en Nicaragua para encontrar un camino hacia la justicia y el restablecimiento del estado de Derecho en el país”, continúan.
Entre las organizaciones que integran la Coalición se encentra el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua, Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos, Asociación de Madres de Abril, Organización de Víctimas de Abril, Acción Penal, Unidad de Defensa Jurídica, Unidad de Registro, Popol Na, Articulación de Movimientos Sociales, Nicaraguan American Human Rights Alliance, Nicaragüenses en el Mundo, Movimiento Autónomo de Mujeres, Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua y el Instituto de Liderazgo de Las Segovias.
El Grupo de Expertos fue creado el 31 de marzo de 2022 por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el mandato de investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Nicaragua entre 2018 y 2022. En mayo de 2022 fueron nombrado los tres miembros independientes del grupo y, un mes después, el régimen de Daniel Ortega rechazó de forma rotunda su solicitud para ingresar al país.
El Grupo de Expertos tiene una duración inicial de un año y deberán formular “recomendaciones con vistas a mejorar la situación de los derechos humanos” en el país y presentar un informe al Consejo de Derechos Humanos en su 52° período de sesiones de febrero a marzo de 2023, durante un diálogo interactivo.
Un año es muy poco tiempo
Para las organizaciones, que integran la coalición, “la complejidad en el trabajo de documentación” que realiza el Grupo de Expertos, ante un Estado que no cumple ninguno de sus compromisos internacionales, “hace necesaria la exigencia unísona del pedido de renovación de su mandato”.
Coalición .@_NicaraguaLucha
Ningún espacio multilateral sin nosotros: Exigimos la renovación del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre #Nicaragua #GHREN#DerechosHumanos
ℹ️ Lee nuestro #ComunicadoConjunto 👇🏾https://t.co/Pl4SWyw1M6— Colectivo de Derechos Humanos "Nicaragua Nunca +" (@ColectivoNunca) February 15, 2023
El tiempo de mandato “resultó demasiado corto para la masividad y sistematicidad de los derechos humanos vulnerados en el país”, advirtieron las organizaciones. En necesario seguir investigando y documentando los hechos “para terminar con la impunidad que permite el avance del Gobierno represor hacia el control absoluto de todas las esferas de la vida, cuyo autoritarismo se afianza en el autoaislamiento del país, con un nulo cumplimiento de sus obligaciones internacionales”.
Señalaron, además, la necesidad de “ampliar las temáticas y el tiempo para la recopilación de más pruebas y testimonios”, lo que permitirá demostrar que “el Gobierno de Daniel Ortega sostiene un régimen autoritario, con control absoluto sobre todos los poderes del Estado y las fuerzas de seguridad”.
De la renovación del Grupo de Expertos depende también “continuar documentando la indefensión de las personas presas políticas, la falta de debido proceso con audiencias clandestinas a puertas cerradas sin opción de defensa nombrada, o con abogados defensores de derechos en constante amenaza”, valoraron las organizaciones.
Además, apuntaron las organizaciones, es necesario registrar “las prácticas de vigilancia, amedrentamiento, acoso a los familiares de las víctimas, defensores de derechos, miembros del clero y hasta del cuerpo diplomático” que se intensificaron en 2022.
