23 de noviembre 2022
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Poco menos de un mes después de anunciar que consideraban “poco probable” que las sanciones estadounidenses contra la industria minera del país tuvieran “algún impacto” en sus operaciones en Nicaragua, la compañía Condor Gold, de capital inglés, decidió poner a la venta sus inversiones en el país, la más valiosa de las cuales es la Mina La India, en León.
“Condor Gold… anuncia que luego de un estudio de factibilidad financieramente robusto y económicamente atractivo, también conocido como estudio de factibilidad en el tajo abierto La India, ha designado a Hannam and Partners para buscar un comprador” para sus activos, dijo la compañía en un comunicado colgado en su sitio web.
Aunque el anuncio no pareció afectar el valor de las acciones de la compañía en el mercado bursátil londinense —presumiblemente, porque se conoció ya tarde— sí lo hizo en la Bolsa de Valores de Toronto (Canadá), donde perdió un centavo y medio de dólar canadiense, luego de iniciar operaciones al precio de 35 centavos de dólar, para cerrar en 33.5 centavos, acumulando una pérdida de 4.29% en la jornada, y de 33% desde que se hizo el anuncio.
El 24 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, amplió los alcances de la orden ejecutiva 13851 —firmada por su antecesor en el cargo, Donald Trump—, para dictar nuevas sanciones contra la industria minera nicaragüense, después que, para ese momento, ya había sancionado a dos presidentes de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), así como a la empresa en sí.
La rúbrica del presidente Biden dejaba abierta la posibilidad de incluir a otros sectores de la economía nacional, aun cuando, previamente, Estados Unidos impuso sanciones en contra de funcionarios del sector energético nicaragüense, obligando a la dictadura a hacer cambios en sus estructuras administrativas para poder seguir operando una industria que este año podría exportar unos USD 950 millones, en línea con la meta de exportar USD 1000 millones.
Al conocerse la ampliación de la orden ejecutiva 13851, un experto del sector aurífero que accedió a hablar con CONFIDENCIAL desde la seguridad del anonimato, advirtió que “esto puede inducir al cierre o retiro de algunas de esas empresas. Es definitivo que algunas tratarán de irse. Este anuncio podría llevar a que ni siquiera puedan vender sus activos y tengan que dejarlos en abandono, pasando al control de ‘otros’, que ya deben estarse frotando las manos”, advirtió.
Tranquilos… no pasa nada
El comunicado de Condor Gold, informando que ponían a la venta su propiedad en Nicaragua, pareció contrastar notablemente con la reacción de la industria, que con palabras muy similares, indicó en distintos momentos que no creían que la ampliación de la orden ejecutiva 13851, pudiera afectarles.
La primera fue Calibre Mining Corp, que el martes 25 informó desde Vancouver, Canadá, que haría consultas con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, para entender los alcances de esas sanciones. Dos días después informó que luego de discutirlo con sus asesores, confirmaba que las sanciones no tienen un impacto material en sus operaciones, por lo que los complejos La Libertad y Mina El Limón seguirían operando según lo planeado, manteniendo su plan para producir entre 220 000 a 235 000 onzas de oro en el presente año.
Ese mismo día, Condor Gold dijo desde Londres que, luego de revisar sus operaciones actuales y futuras, y consultar con sus asesores, el directorio de la empresa concluyó que “es poco probable” que la orden ejecutiva 13851, o las sanciones impuestas a la Dirección General de Minas, “tengan algún impacto en sus operaciones actuales en Nicaragua”.
Luego, el 31 de octubre, Akiba Leisman, CEO de Mako Mining Corp, dijo que la empresa -que también tiene su sede en Vancouver- efectuaba una revisión interna del impacto de las medidas estadounidenses en sus operaciones en Nicaragua, en coordinación con sus asesores estadounidenses y canadienses, sin prever “ningún cambio material en sus operaciones en Nicaragua”.
Un empresario que conoce el funcionamiento de la industria minera nicaragüense, y también pidió mantener su identidad en reserva, dijo a CONFIDENCIAL que, a pesar de lo que decían los comunicados, “a todas les afectó, pero en lo bursátil, o sea, en el precio de sus acciones”.
“Lo que trataron de decir es que su continuidad operativa se mantenía intacta, porque no había ninguna sanción específica en contra de ellas, sino que eran contra la Dirección General de Minas, como antes habían sancionado a Eniminas, al BanCorp, o a la Policía Nacional, pero ellos seguían operando normal, aunque quedara abierta la posibilidad de sancionar las importaciones y las exportaciones del sector”, reconoció.
Un profesional que presta servicios a otra compañía de ese mismo sector, hizo notar que, en realidad, Condor Gold tiene bastante tiempo de estar buscando comprador sin lograrlo. “Lo de Condor no es por las sanciones. Ellos llevaban años buscando inversionistas y nada, porque poner una planta de procesos es muy cara”, señaló.
Contrastado con esa versión, el empresario citado antes dijo que “todos los proyectos mineros son así: van buscando inversiones para financiar diferentes etapas de su desarrollo”, aunque sin negar que esta decisión estuviera ligada a una posible profundización de las sanciones, o al castigo que los mercados pudieran darle a sus acciones, por causa del daño reputacional.
Según información disponible en el sitio web de la empresa, Condor Gold es dueña del 100% de la propiedad de quince concesiones en cuatro áreas del proyecto, y también posee la concesión denominada “Estrella”, ubicada a unos 20 kilómetros al suroeste de Siuna, y la concesión “Río Luna”, en Boaco.
