6 de marzo 2023
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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló la personería jurídica de 18 cámaras del sector privado más la de la cúpula empresarial representada en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), por su puesto incumplimiento de sus obligaciones conforme ley, ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, del Ministerio de Gobernación, bajo control orteguista.
La decisión ilegaliza a las organizaciones más representativas del sector privado nicaragüense, y se constituye en un nuevo golpe en contra del motor de la economía nacional, desde la reforma tributaria de 2019, la reforma a la ley del seguro social de 2019, los chantajes tributarios realizados por medio de la Alcaldía de Managua, la Dirección General de Ingresos y la de Servicios Aduaneros o, más recientemente, la encarcelación de varios de sus líderes.
En los decretos publicados en el Diario Oficial La Gaceta número 41 de este lunes seis de marzo, la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, hace efectiva la cancelación de:
- Asociación Cámara Minera de Nicaragua (Caminic)
- Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y Confección (Anitec)
- Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (Cadur)
- Cámara Nicaragüense de la Construcción
- Asociación Cámara de la Pesca de Nicaragua (Capenic)
- Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (Excan)
- Asociación Nicaragüenses de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (Anifoda)
- Cámara de Microfinancieras (Asomif)
- Cámara de Energía de Nicaragua (CEN)
- Asociación Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic)
- Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua
- Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin)
- Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (Apen)
- Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos (Anapa)
- Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Vehículos Automotores (Andiva)
- Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Productos Farmacéuticos (Andiprofa)
- Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur)
- Cámara de Productores y Procesadores de Palma Africana (Capropalma)
- Asociación Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep)
El golpe de la dictadura orteguista contra el sector privado ha sido paulatino. Inició con la decisión de que las Cámaras del Cosep debían pasar del control del Ministerio de Gobernación al del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, para luego regresar al de Gobernación.
En ese proceso, el Mific fue atrasando la entrega de las cartas de cumplimiento, o simplemente, se negaba a recibir la documentación que ellos mismos solicitaban, para hacer caer a las cámaras en situación de incumplimiento.
La cancelación de esas cámaras es la culminación de un proceso de ‘divorcio’ entre Ortega y Murillo, por un lado, y el gremio empresarial por el otro, que comenzó en abril de 2018, cuando la directiva del Cosep en pleno, rechazó la matanza, respaldó el paro nacional, y hasta llegó a declarar que Ortega debía renunciar a la Presidencia de la República, lo que en la práctica, significó la cancelación del ‘Modelo de Diálogos y Consensos’, con los que el sector privado llegó a cogobernar el país durante una década.
Al igual que el arresto del presidente y vicepresidente de la cúpula gremial -Michael Healy y Álvaro Vargas respectivamente- que en ese momento se sumaban a la detención del expresidente del Cosep, José Adán Aguerri, y a la del banquero Luis Rivas.
Estos golpes levantaron una ola de solidaridad empresarial regional y continental, la cancelación de estas 19 entidades está generando ese tipo de reacciones, dentro y fuera del istmo centroamericano.
