4 de junio 2022
AA
Representantes y expertos en materia de microfinanzas, esperan que se imponga la sensatez entre los personeros del Gobierno de Daniel Ortega, de tal forma que el proceso de “ordenamiento” anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, no signifique una nueva contracción del sector.
A mediados de mayo, en una entrevista retransmitida por el Canal Parlamentario, Porras anunció el inicio de un proceso de “ordenamiento” de las financieras y microfinancieras que se encuentran registradas como organismos sin fines de lucro ante el Ministerio de Gobernación (Migob).
No es la primera vez que el régimen apunta en contra de las instituciones de microfinanzas. En marzo, cuando el régimen solo había cancelado a 114 oenegés, llegó a la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional, un proyecto de decreto para cancelar a otras 25 entidades más, incluyendo a la Asociación Fondo de Desarrollo Local (FDL).
La Asociación FDL es una entidad sin ánimo de lucro, que aparece como dueña de la Fundación Fondo de Desarrollo Local (FFDL), que es una empresa dedicada a la actividad de microfinanzas. Al final, ni la Asociación, ni la Fundación fueron incluidas en la lista de oenegés que sí fueron canceladas.
La razón, según un economista que conoce cómo funciona este sector, es que “primó la sensatez entre los asesores de Ortega”.
“Cuando dijeron que iban a cerrar al FDL, la Superintendencia de Bancos (Siboif) y la Comisión de Microfinanzas (Conami), se dieron cuenta de que lo que se venía era un riesgo sistémico que podría afectar a 350 000 clientes, y acelerar el retiro del fondeo internacional fuerte, que supera los 300 millones de dólares”, detalló la fuente.
“En el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y el gabinete económico vieron el riesgo y se lo advirtieron al Ministerio de Gobernación (Migob), a la Asamblea Nacional”, y a los asesores de Ortega, logrando detener el caos que se anunciaba, porque “no era solo FDL, sino muchas otras que están reguladas por la Conami, por ser oenegés”
El régimen mantuvo su intención de meter mano al sector, pese a que entiende su importancia, como lo demuestra el anuncio de Porras, quien prometió que “cuando el documento esté listo será consultado con los organismos reguladores del sistema financiero, y con los socios de las financieras y microfinancieras que serán afectadas, para que estén tranquilos”, decidiendo aplicarles la misma “solución” que a los clubes sociales.
“Lo que van a hacer es cancelar los registros de estas oenegés en el Migob, para dejarlas funcionando bajo criterios mercantiles. Si no fueron más allá, es por la importancia económica que tiene el sector, no porque sean buena gente, sino porque ellos saben que no hay quien lo sustituya. Ni siquiera el [gubernamental] programa Usura Cero”, añadió.
Impacto en el financiamiento
Más allá de las palabras con las que Porras pretende tranquilizar a los ejecutivos de las empresas de microfinanzas, así como a sus fondeadores internacionales, el economista Julio Ricardo Hernández considera que el Gobierno pretende colocar a sus incondicionales en las juntas directivas de las oenegés que planea cancelar.
Este experto presume que parte de los recursos de las instituciones de microfinanzas (IMF) que aún trabajan en el país están en el extranjero, pero “los préstamos vigentes quedan como activos que podrían pasar a control del Mefcca, para ‘animar’ a las IMF a seguir dándole vuelta al dinero”.
Se refiere a una estrategia surgida a partir de 2018, cuando la recesión económica y la alta mora, llevaron a la quiebra a varias empresas, por lo que las sobrevivientes se adecuaron reduciendo su tamaño, eligiendo mejor a sus clientes, acompañando a sus deudores, renegociando o reestructurando préstamos, etc.
El problema es que “eso afectó la calificación de sus carteras, con lo que la floreciente industria de microfinanzas de Nicaragua dejó de ser atractiva para los fondeadores”, que retirando sus recursos de forma paulatina, ante lo cual, las IMF quedaron “dándole vuelta” a dinero, o sea, recuperando cartera y volviéndola a colocar, explicó Hernández.
“Al cerrar las oenegés, el Gobierno nombrará a sus propios funcionarios para que otorguen préstamos a quienes ellos quieran, haciendo clientelismo político, e iniciando así una sobrepolitización de la actividad de microfinanzas. Y no es que los fondeadores van a salir corriendo: es que ya se fueron. Los que quedan son muy pocos, porque Nicaragua dejó de ser una opción interesante para invertir”, destacó.
“La tendencia que veo es que las IMF se pondrán dóciles con el Gobierno, porque a falta de fondeadores externos, tendrán que buscar fondos con el Banco de Fomento a la Producción, o que Ortega aproveche su palanca con el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica), para que coloque fondos en fideicomiso en un banco comercial, para financiar a la microempresa”, concluyó.
