2 de septiembre 2022
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La cancelación de la deuda histórica del Estado con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) —que habría de suceder en algún momento del primer semestre de 2023— no extinguirá la obligación constitucional de garantizar Seguridad Social a los ciudadanos, por lo que no hay duda en que el Gobierno tendrá que seguir transfiriendo cuantiosos recursos para mantenerlo a flote. La pregunta es cómo, y con base en qué.
En 2014, luego de varios años de negociaciones y desencuentros, la Administración de Daniel Ortega fijó en 500 millones de dólares el tamaño de la ‘deuda histórica’ con el INSS, y decidió pagarla en 50 cuotas anuales de diez millones de dólares cada una, a cancelarse en 2063, pero el futuro llegó antes.
El Presupuesto General de la República para 2022, muestra el compromiso estatal de transferir al INSS, 1086.9 millones de córdobas en 2022, equivalente a treinta millones de dólares, de las cuotas 47, 48 y 49, con lo que la cuota 50 debería ser pagada en algún momento del próximo año, mientras crece la necesidad del INSS de recibir mayores recursos para cuadrar sus cuentas.
La cuota 47 (unos 358.6 millones de córdobas al cambio en su momento), fue pagada en el segundo trimestre de este año, según lo muestra el Informe de Ejecución Presupuestaria del primer semestre de 2022, elaborado y publicado por el Ministerio de Hacienda.
Dos expertos que hablaron bajo anonimato con CONFIDENCIAL detallaron algunas de las iniciativas que puede implementar la administración del Instituto —o el Gobierno de Ortega— para oxigenar las finanzas del Seguro Social, a partir de una verdad incontrovertible: si bien el INSS es una suerte de ‘club privado’ que solo tiene obligaciones con sus afiliados, por otra parte, el Estado está obligado a proveer Seguridad Social a los ciudadanos.
El artículo 61 de la Constitución Política de Nicaragua señala que “el Estado garantiza a los nicaragüenses el derecho a la Seguridad Social para su protección integral frente a las contingencias sociales de la vida y el trabajo”, mientras que el 105 dice que “los servicios de… Seguridad Social, son deberes indeclinables del Estado, que está obligado a prestarlos sin exclusiones, a mejorarlos y ampliarlos”.
Otra vez las reformas paramétricas…
“La Constitución dice que el Gobierno tiene que cubrir los déficits del Seguro Social cuando este ya no tenga cómo resolver. Por eso, durante mucho tiempo los organismos financieros multilaterales le dijeron ‘si no querés tener que pagar, buscá cómo resolver’”, dijo un experto que conoce las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial, hicieron a Nicaragua durante muchos años.
“El Gobierno tendrá que pagar cualquier déficit que tenga el INSS, para que pueda cumplir sus obligaciones con la ciudadanía”, reiteró.
Este experto dijo que él y otros conocedores del tema, vislumbran tres decisiones de política que podrían ‘aflojar la soga’ que ahora ahoga las finanzas del Seguro Social, mencionando en especial, la absolutamente impopular propuesta de hacer reformas paramétricas, amparado en la tesis de que “cuando hay déficit: o paga el Estado, o pagan empleadores y trabajadores”.
La imposición unilateral de reformas paramétricas en abril de 2018, aceleró una explosión cívica popular de la sociedad nicaragüense en contra del régimen, que se mantiene en el poder gracias a la fuerza de las armas, y la continua comisión de fraudes y farsas electorales.
La propuesta del experto parte de determinar cuánto dinero necesita el INSS para garantizar su estabilidad financiera, y con base en eso, decidir en qué porcentaje habrá que aumentar las cotizaciones laborales y patronales, lo que incluye que los afiliados más jóvenes tengan que jubilarse hasta que cumplan 65 años, y no a los 60, como ocurre en la actualidad.
Pero un economista que ausculta regularmente la situación financiera del Instituto, difiere de la propuesta del experto, al señalar que “lo que hacen las [reformas] paramétricas es dejarte con menos cobertura de Seguridad Social. La ‘parametría’ es para hacer ajustes de corto plazo, no de largo plazo”.
En vez de eso, señala: para que el INSS pueda satisfacer la demanda de Seguridad Social de los habitantes del país, el Gobierno necesita crear las bases para que la economía fortalezca a la institución, de cara a responder a esa demanda. De lo contrario, “seguirán los problemas”, reiteró.
Volver a una solución del pasado
Otra de las propuestas del experto es cambiar a un sistema de ‘cuentas individuales’, un plan que ya se adoptó —y descartó— durante el mandato del presidente Enrique Bolaños. “Era una ley copiada de Chile —que también copiaron otros países— y contemplaba que se cotizara el 10% del salario de cada trabajador, cuando debía ser entre 15% a 20% para que fuera rentable, y en este momento ya se superó ese rango”, señaló.
Pensando en que haya más gente cotizando más, el experto dice que el Gobierno debe crear condiciones favorables para que nacionales y extranjeros inviertan en el país, y vislumbra que, ante esa imposibilidad, pudieran obligar a las empresas privadas a contratar a “dos por ciento, cinco por ciento, y hasta diez por ciento adicional, del personal que tienen en planilla, para no aumentar las cotizaciones, lo que generaría un nuevo flujo de dinero”, aseguró.
El economista explica que, después que se pague la cuota número 50 de la deuda histórica, el Estado tendrá que seguir transfiriendo fondos a la entidad, sea de forma directa, a través de bonos o concediendo préstamos. “En todas partes, el Estado apalanca a su sistema de Seguridad Social, porque todos operan con déficit, excepto los escandinavos”.
“La situación del INSS depende del crecimiento de la actividad económica que genere el país a largo plazo, pero si sigue basado en una economía informal, el Seguro Social se cae. Hay que hacer crecer la economía reduciendo la informalidad, y elevando la calidad del empleo, para hacer crecer a la clase media”, graficó.
Al reiterar que nuestra economía no tiene capacidad para impulsar un crecimiento sostenido que genere salarios y empleos de calidad, por lo que mucha gente busca mejores horizontes en otros países, recordó que las remesas que envían “los que se van, generan consumo e impuestos, pero no nuevos ingresos al INSS. La población seguirá envejeciendo sin que el INSS pueda estabilizar su situación financiera de tal modo que siempre habrá déficit, aunque sean pocos los que tengan derecho a una pensión”.
