17 de julio 2022
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Las millonarias transferencias de recursos que ha hecho el Gobierno de Daniel Ortega al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) —que suman 410 millones de dólares entre 2018 y 2021— son insuficientes para resolver el problema de las finanzas de esa entidad, mientras no se generen “más empleos de mejor calidad” en Nicaragua, valoran expertos consultados por CONFIDENCIAL.
Tres estadísticas refrendan la precisión de esa sentencia. La primera es que, entre 2018 y 2021, el INSS reportó un déficit acumulado de 13 951.2 millones de córdobas, pese a haber recibido, en ese mismo período, transferencias por 14 146.6 millones de córdobas (410 millones de dólares), a veces, financiadas con recursos de la cooperación externa.
La segunda es que, con las tres cuotas transferidas al INSS en el primer trimestre de este año, el Gobierno ya completó 49 de las 50 cuotas de la deuda histórica, lo que significa que tendrá que buscar otro mecanismo para seguir lanzando un salvavidas financiero a la entidad, a sabiendas de que “dejarlo caer” no es una opción real, ni desde el punto de vista económico, político o social.
La tercera estadística es que los 757 548 afiliados que reportó el INSS en 2021, (dato que equivale al empleo formal), “ni siquiera se acerca al dato de 2016, que fue de 857 219 empleos formales, o sea que hay un rezago de al menos cinco años”, precisa el catedrático Marco Aurelio Peña.
El dato de 2021 es inferior, incluso, a los 773 400 afiliados activos reportados en 2015, con lo que el rezago sería aún mayor. La proyección de 806 700 afiliados con que esa estadística podría cerrar 2022, según un economista que pidió mantener su nombre en reserva, es un paliativo que tampoco sirve para dar un respiro significativo a la situación financiera del Instituto.
En todo caso, cualquiera de esos números se acerca a la mitad del total de afiliados que necesita el INSS para manejar sus finanzas en negro, pero siempre al borde del abismo. “El INSS debería tener 1.5 millones de asegurados activos, y con ese número, todavía estaría cerca de caer en déficit”, opina un experto en temas de la Seguridad Social nicaragüense, que también pidió omitir su nombre.
Asegurarlos a todos no resuelve nada
En referencia a los 410 millones de dólares transferidos al INSS por orden del Ejecutivo, desde 2018 a 2021 (que se eleva a 490 millones de 2014 hasta el primer trimestre de 2022), el experto en temas de Seguridad Social asevera que “el Gobierno puede abonar todo lo que debe (ya solo falta una cuota de diez millones de dólares), pero el Seguro cae en déficit al día siguiente, porque sus ingresos son insuficientes para atender la demanda” de sus afiliados, pensionados y jubilados.
La razón se ha repetido hasta el cansancio, y es que “mientras la economía nica no genere suficientes empleos de mayor productividad, este problema seguirá”, reitera el experto.
Menciona que se podría pensar que atraer miles de empleos más, en el sector de zonas francas, podrían ser el inicio de la solución. Él va más allá, y señala que asegurar a todo el personal del campo, a todas las domésticas, a los que atienden en las pulperías, los que conducen caponeras, los vendedores de los mercados, los taxistas… nada de eso serviría de mucho.
La razón es que, aún si los afiliaran a todos en este mismo momento, su ingreso a la Seguridad Social comenzaría a aumentar el déficit casi de inmediato, porque el aporte de estos trabajadores no cubre ni siquiera el costo de sus cuidados médicos. “Afiliarlos ayudaría al inicio, pero cuando comiencen a demandar servicios se pierde lo ganado, porque se trata de cotizaciones muy bajas, originadas en salarios muy bajos”, explica.
Su tesis es que “no hay solución, mientras la situación socioeconómica y política sigan igual. Para crear tantos empleos, se requiere mucha inversión nacional y extranjera, pero mientras el país no genere la suficiente confianza, esa inversión no ocurrirá. El cierre de oenegés empeora las cosas, porque aumenta la desconfianza, además de lanzar a más gente al desempleo”, subraya.
A mayor migración, menos cotizantes
El economista explica que el Gobierno está empeñado en reducir el hueco financiero del INSS recortando beneficios, aumentando sus ingresos, y haciendo ajustes financieros, porque “las perspectivas económicas del país son inciertas, y le será más difícil localizar y obtener recursos externos en los próximos periodos”.
“El problema de fondo es que la población que aporta al Seguro, no crece porque no hay crecimiento del empleo formal, pero sí del empleo informal, que no genera ingresos al Estado. La migración también debilita al INSS, porque significa menos aportantes. El problema de fondo es que la situación estructural del INSS se ha complicado, y no creo que ese hueco pueda ser resuelto en el mediano plazo”, asegura.
Este economista opina que para que el INSS logre detener y revertir su situación, debe aumentar el número de sus cotizantes 200 000 por año, a lo largo de cinco años, pero “en 2021 solo hubo 85 000 aportantes nuevos, y en 2022, posiblemente el aporte sea de 94 000”.
Poca inversión, poco empleo
El catedrático Peña complementa que “el INSS seguirá dependiendo de las transferencias que le haga el Gobierno Central”, y vaticina que “si las cosas siguen igual, la inversión privada —nacional y extranjera— seguirá teniendo un comportamiento modesto; que las remesas sean mayores en 1000 millones a la inversión extranjera es inusual”, porque significa que la gente está saliendo masivamente del país.
“Un crecimiento lento de la inversión extranjera se traduce en una lenta recuperación del empleo formal, lo que genera menos ingresos al INSS. No olvidemos que el seguro facultativo también está castigado. Con la erosión del poder adquisitivo, el estancamiento de los salarios nominales y el declive del salario nominal promedio, los trabajadores no van a destinar una parte importante de sus salarios para pagar el facultativo”, advierte.
La necesidad del INSS, de que el Gobierno le siga transfiriendo recursos, implica un mayor endeudamiento gubernamental, o una reducción del presupuesto de otras instituciones, para cubrir al menos los pasivos financieros, tales como las prestaciones económicas, la atención médica y los medicamentos.
Dado que el Seguro Social tiene menor cantidad de asegurados activos cotizantes, mientras sigue constante la cantidad de jubilados y pensionados, “solo les queda reducir la calidad de las prestaciones de atención médica y medicamentos”, detalla Peña.
