28 de septiembre 2022
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La promesa para dotar al país de un puerto de aguas profundas en el Caribe (la ubicación varía entre Monkey Point y Bluefields), sigue sin tener una fuente de financiamiento, a pesar que el proyecto fue retomado a partir de 2018, y que incluso en julio de 2020, el ministro de Transporte e Infraestructura, general en retiro, Óscar Mojica, lo presentó ante Organismos No Gubernamentales con presencia en el país y ante los embajadores de Nicaragua en el mundo.
Esta semana, el presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, dijo que estaban explorando opciones para renovar el puerto de Bluefields, pero el modelo de financiamiento propuesto, y la falta de inversionistas ante el clima de inestabilidad predominante en Nicaragua, no despejó la incertidumbre.
Mossi dijo que se podría usar la figura de arriendo (en la que un inversionista construiría el puerto, y lo entregaría al país para que lo use y le pague la inversión con las ganancias que genere), o fideicomiso (una persona, empresa o país le entrega a una instancia como el BCIE el dinero que cuesta construir un puerto, para que este se asegure que se haga la obra sin que el dinero se pierda en el proceso, y luego le cobre a Nicaragua), para desarrollar la obra, sin elevar la deuda pública del país.
En el caso del fideicomiso, “estoy seguro que están pensando en (la República Popular China”, que tiene suficiente plata para dársela al BCIE, (sin necesidad de ser socio), y darle indicaciones para que se asegure que se construya el referido puerto en Bluefields, detallando las características de la obra, los términos y comisiones a aplicar, así como los plazos y las tasas para recuperar el dinero”, dijo un catedrático en economía que conoce de los planes de Nicaragua por construir esa obra.
“China podría cobrarles o no, diciéndole al BCIE que se asegure de que el dinero no se use mal”, añadió.
Sin embargo, un experto en temas de logística considera “difícil” la opción China, porque ese país no está soltando plata al régimen, y si bien es cierto, aprobó USD 60 millones para un proyecto de viviendas, recuerda que a Costa Rica le dieron 300 millones hace 15 años, “pero eso fue lo único que le dieron, en una época en que andaban repartiendo plata, y ya no están en ese plan”.
Este experto considera más plausible que se trate de implementar un proyecto público privado, y aunque reconoce que eso también es difícil -porque habría que encontrar quién quiera asociarse con el régimen, y confiarle varios centenares de millones de dólares- insiste en que “más bien creo que están hablando de eso”.
¿Arriesgar al BCIE para favorecer a Ortega?
En el mundo de las finanzas, un fideicomiso es básicamente una figura contable, que se implementa cuando un país tiene limitaciones de endeudamiento, lo que muchas veces lleva aparejado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En ese caso, ni siquiera se necesita que lo autorice el Legislativo, porque “la obra misma es la garantía del crédito”, dijo el economista y profesor universitario costarricense, Ottón Solís.
La forma de operar es que “el fideicomiso adquiere una deuda, construye la obra, y se la alquila al operador público, o sea, al Gobierno”, con lo que se logra aislar el tema financiero de la institución pública, mientras que la obra queda como garantía del crédito que recibió el fideicomiso, dijo el experto.
Su opinión es que “un banco comercial no le prestaría a Nicaragua, pero es más probable que sí lo haga una entidad multilateral”, que diluye el riesgo al ‘compartirlo’ con otros países. Dado el tamaño de la cartera de préstamos del BCIE -que se acerca a los 12 000 millones de dólares- una entidad como esa puede prestar los 400 millones que podría costar el puerto, porque incluso en caso de pérdida total, eso no pone en riesgo al Banco.
El economista Julio Ricardo Hernández consideró que “mal hacen el BCIE y el Gobierno de Ortega en llegar a los extremos de endeudar al país por encima de lo que razonablemente debe endeudarse. Porque esa es la razón por la que están buscando mecanismos alternos. Es malo para la solidez del Banco. Ese favor de Mossi para Ortega, resultaría irresponsable con su propio Banco”.
¿Quién se arriesga a invertir en Nicaragua?
En julio de 2021, el presidente de la Federación Centroamericana de Cámaras Agropecuarias y Agroindustriales (Fecagro), Nils Leporowski, declaró a CONFIDENCIAL que “ningún inversionista está loco para invertir en este momento en Nicaragua”.
Poco más de un año después, la situación no ha cambiado mucho, y si lo ha hecho, es para empeorar, razón por la que las fuentes dudan de que haya inversionistas en occidente dispuestos a arriesgar su dinero en el país.
“Si estamos hablando de un inversionista privado, la opción de invertir en Nicaragua es cero, porque no creo que quieran arriesgarse en un país donde no hay seguridad jurídica, garantías, o confianza de que recuperará su inversión. ¿Quién le garantiza nada a ese hipotético inversionista, si este Gobierno es capaz de arrestar a cualquiera y desconocerlo?”, expresó el catedrático.
El régimen pasó de arrestar a líderes empresariales, a expropiar empresas. Entre ellas Tomza, (empresa de origen guatemalteco, que comercia gas para cocinar); la compañía de seguridad Delta, propiedad nicaragüense; la minera Plantel Los Ángeles, de capital nica y estadounidense); además de miles de hectáreas de tierras productivas que fueron invadidas por simpatizantes del régimen, incluyendo una plantación de aguacates, por la que hay un juicio de USD 590 millones en contra del país, o la confiscación de la casa de empeño Prisa.
Con base en eso, las fuentes económicas concluyen que la única forma de atraer a un inversionista es que sea chino, sea una persona natural, una empresa, o el Gobierno mismo, porque “ahí hay mucha gente que tiene dinero, pero si es un estadounidense, no lo creo, por las restricciones que les pone su Gobierno”, señaló el asesor empresarial.
