31 de mayo 2021
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La Unidad de Análisis Financiero (UAF), indicó a los representantes de ‘sujetos obligados’ que proveen servicio de remesas, que le reporte cualquier transacción que tenga un monto “igual o superior” a los 500 dólares, argumentando que “en los últimos meses” han detectado un incremento de operaciones sospechosas en las que se envían pequeñas cantidades, a lo que se denomina ‘pitufeo’.
Aunque la ley enlista como ‘sujetos obligados’ (a presentar reportes constantes a la UAF, cuando concurran determinadas circunstancias), a los profesionales de numerosas actividades económicas, la comunicación denominada UAF-CE-1171-2021, está dirigida específicamente a las empresas que se dedican de al pago y envío de remesas, lo que también incluye a la banca comercial que presta ese servicio.
La UAF también vigila las transferencias electrónicas de 5000 dólares a más, amparada en un supuesto intento de prevenir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, y a la proliferación de armas de destrucción masiva, aunque en Nicaragua se complementa con otras leyes como la de Agentes Extranjeros, para combatir a la oposición, a las oenegés que ni están plegadas al régimen, así como al periodismo independiente.
Entre 2018 y 2019, en el marco de las protestas sociales con las que la ciudadanía mostró su rechazo en contra del régimen, este amplió las facultades legales de la UAF con la excusa de luchar contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y de las armas de destrucción masiva, decisión que en su momento fue considerada como un arma política.
Que hayan elegido la suma de 500 dólares como el límite mínimo para encender las alarmas, es una razón más para suponer que la razón es más política que financiera o legal. “Es una cifra antojadiza… un monto que ellos eligieron vigilar, para combatir el lavado de activos, pero también para vigilar el fondeo de la actividad política”, dijo un experto financiero que eligió hablar desde el anonimato.
El monto de 500 dólares como una base para comenzar a reportar actividades sospechosas “no existe a nivel internacional, donde solo se exige que los ciudadanos justifiquen el origen de los fondos, cuando su monto excede los 10 000 dólares, remarcó la fuente.
“Quinientos [dólares], es un número viable de constituirse en una donación política, como lo fue durante las campañas electorales de Arnoldo Alemán, y después de Enrique Bolaños, así que lo que quieren es controlar eso, pensando en poder perseguir a alguien que pudiera recibir remesas por ese monto para financiar algún tipo de activismo político”, analizó.
El documento de la UAF –en rigor, una ‘Circular Externa’- argumenta que “en los últimos meses” han detectado un incremento de operaciones sospechosas de constituir el delito denominado ‘lavado de activos’, y que funciona enviando pequeñas sumas de dinero, en el supuesto que no serán detectadas por el sistema, lo que en la jerga del gremio se denomina pitufeo.
Más dificultades para operar
“El pitufeo se da no solo en las remesas, sino también por medio del depósito de pequeños montos en una determinada cuenta bancaria, pero los sistemas lo detectan, y en ese caso, se le puede pedir al cliente que justifique el origen de los recursos”, explicó la fuente.
Aunque la ley enlista como ‘sujetos obligados’ (a presentar reportes constantes a la UAF, cuando concurran determinadas circunstancias), a los profesionales de numerosas actividades económicas, la comunicación denominada UAF-CE-1171-2021, está dirigida específicamente a las empresas que se dedican al pago y envío de remesas, lo que también incluye a la banca comercial que presta ese servicio.
Las empresas de microfinanzas que pagan remesas no están sujetas a las regulaciones que impone la Circular Externa, por cuanto su papel en ese esquema es el de ser subconcesionarios, de modo que los sujetos obligados son empresas como AirPak (que trabaja con la franquicia de Western Unión), o Moneygram, explicó un experto en microfinanzas que también pidió el anonimato.
En el caso de los bancos –y las remesadoras- “esto viene a ser una carga administrativa mayor, porque si a un sistema financiero como el nuestro, que ya está sobrerregulado, le imponés más controles, el banco buscará recuperar ese mayor costo que se le impuso, y lo hará vía tasas de interés, o recortando gastos, y todo eso va en contra de la bancarización del país”, explicó el experto financiero.
