1 de marzo 2022
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El ejercicio de la libertad de prensa en Nicaragua continuó deteriorándose en el último año, debido a la escalada represiva del régimen Daniel Ortega y Rosario Murillo. Medios de comunicación allanados y confiscados por la Policía, periodistas convertidos en presos políticos o forzados al exilio, son solo algunos de hechos que muestran las graves violaciones a los derechos elementales de los nicaragüenses.
Frente a este escenario hostil, el ejercicio del periodismo independiente ha sido más necesario para fiscalizar el poder y empoderar a la ciudadanía, al tiempo que resiste las embestidas de un régimen que busca callar las voces críticas.
Este primero de marzo, en ocasión del Día Nacional del Periodista, CONFIDENCIAL realiza un recuento de los hechos que marcaron el ejercicio del periodismo en el último año.
Segunda confiscación a CONFIDENCIAL
La Policía del régimen orteguista allanó el 20 de mayo de 2021 el estudio de grabación de los programas Esta Semana y Esta Noche, dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro, que se había instalado provisionalmente en un pequeño espacio del centro corporativo Invercasa, tras el asalto y confiscación de la Redacción de CONFIDENCIAL, en diciembre de 2018. Un miembro del equipo de Esta Semana y CONFIDENCIAL, el camarógrafo Leonel Gutiérrez (q.e.p.d.), fue retenido ilegalmente durante seis horas en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), en Managua.
Un mes después del asalto, la noche del 21 de junio de 2021, Chamorro anució que salió de Nicaragua por segunda ocasión, tras confirmarse que la Policía allanó su vivienda con la intención de arrestarlo. Ni el director de CONFIDENCIAL ni su esposa, Desirée Elizondo, se encontraban en la vivienda al momento del asalto policial. El allanamiento a la casa de Chamorro formó parte de la escalada represiva del régimen Ortega-Murillo contra periodistas, opositores y líderes políticos bajo el paraguas de una serie de leyes punitivas aprobadas en 2020, de cara a las votaciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega se reeligió sin competencia política para un cuarto período presidencial consecutivo.
Persecución contra extrabajadores de la FVBCh
Tras el nuevo asalto a CONFIDENCIAL, el Ministerio Público inició el 24 mayo de 2021 una serie de interrogatorios contra los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), que promovía la libertad de prensa en Nicaragua, pero que el régimen Ortega-Murillo señala por el supuesto delito de lavado de dinero. Los primeros en ser cuestionados por la Fiscalía fueron: Cristiana Chamorro, expresidenta de la Fundación y aspirante presidencial; Walter Gómez, Marcos Fletes, Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano.
Los interrogatorios en la Fiscalía fueron seguidos por los arrestos ilegales de Walter Gómez, exadministrador; y Marcos Fletes, excontador; ocurridos el 28 de mayo de 2021. Ambos se encuentran acusados por el supuesto delito de lavado de dinero y permanecen incomunicados en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El Chipote”.
Allanamiento y arresto domiciliar de Cristiana Chamorro
La precandidata presidencial y exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro, rechaza señalamientos del Ministerio de Gobernación (Migob) sobre supuestas "inconsistencias" en reportes financieros de la oenegé. Foto: EFE
A Cristiana Chamorro, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) y aspirante a la candidatura presidencial, el régimen le impuso arresto domiciliario la tarde del 2 de junio de 2021. La Policía allanó su vivienda minutos antes de que diese una rueda de prensa para expresar su rechazo al bloqueo judicial de su candidatura presidencial. Al día siguiente la Fiscalía la acusó por supuesto lavado de dinero junto a Walter Gómez y Marcos Fletes.
La embestida del régimen contra la libertad de prensa continuó tres semanas después, el 25 de junio de 2021, con el arresto del exdiputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hijo mayor de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro, y del Mártir de las Libertades Públicas, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Aunque la Policía dijo en un primer momento que la detención se produjo en el marco de la “Ley de Soberanía”, finalmente fue acusado por gestión abusiva y apropiación y retención indebida en la causa contra su hermana Cristiana Chamorro. El juicio político contra los extrabajadores de la FVBCh está previsto para este 3 de marzo.
Persecución judicial contra periodistas en la Fiscalía
La causa judicial en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) implicó también interrogatorios a 55 periodistas y dueños de medios de comunicación, según Periodistas Comunicadores de Nicaragua (PCIN). La Fiscalía cuestionó a los hombres y mujeres de prensa por su relación con la organización que apoyaba al periodismo independiente y al mismo tiempo acusó a muchos de infringir la Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada en octubre de 2020. Los fiscales indagaron además sobre el funcionamiento de los medios de comunicación independientes y señalaron a varios de los periodistas que estaban siendo interrogados en calidad de testigos del caso.
Arresto a Miguel Mora, fundador de 100% Noticias
La noche del 20 de junio de 2021 la Policía recapturó al periodista Miguel Mora Barberena, quien aspiraba a la candidatura presidencial de la oposición, convirtiéndolo —una vez más— en preso político del régimen Ortega-Murillo. El 4 de febrero de 2022 fue declarado culpable del delito de “menoscabo a la integridad nacional” por la juez orteguista Nadia Camila Tardencilla, en una audiencia hermética a la que solamente asistió su esposa, la también periodista Verónica Chávez.
El periodista fue condenado a 13 años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, el pasado 9 de febrero de 2022. Las pruebas en su contra fueron, una entrevista que ofreció en 2018 a “The Grayzone” y cuatro publicaciones en su cuenta de Twitter. En tres comparte notas periodísticas de 100% Noticias, medio del que es fundador.
Arresto a Miguel Mendoza, bloguero y cronista deportivo
El cronista deportivo y bloguero Miguel Mendoza también fue capturado por el régimen Ortega Murillo, el 21 de junio de 2021, la misma noche del allanamiento a la casa del director de CONFIDENCIAL, Carlos F. Chamorro. La Policía lo señaló de infringir la “Ley de Soberanía” solo por ser una voz crítica en las redes sociales, donde acumulaba más de 117 000 seguidores en Facebook y más de 27 000 en Twitter.
El periodista fue condenado a nueve años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, en un juicio político donde las únicas pruebas en su contra fueron testimonios de policías encubiertos, unos treinta tuits y un par de publicaciones de Facebook, en las que el cronista deportivo ejercía su derecho a la libertad de expresión. Desde que fue capturado, Mendoza ha permanecido en una celda de castigo, ha perdido mucho peso y se desconoce cuál es el estado real de su salud.
Ortega, depredador de la libertad de prensa
Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a Daniel Ortega, como uno de los 37 “depredadores de la libertad de prensa” a nivel mundial, en su lista 2021 sobre jefes de Estado que “imponen una masiva represión contra la libertad de prensa”. El “método de depredación” que usa el régimen de Ortega contra la prensa independiente de Nicaragua -según RSF- es el de la “asfixia económica y la censura judicial”.
La organización señaló que -desde 2016- los medios y periodistas independientes “viven una verdadera pesadilla, bajo una opresión constante del Gobierno de Ortega y sus simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que intentan silenciar a las voces críticas”.
Allanamiento y confiscación de La Prensa
Las instalaciones del diario La Prensa fueron tomadas por la Policía el 13 de agosto pasado. Foto: Confidencial
El 13 agosto de 2021 el diario La Prensa imprimió su último ejemplar al quedarse sin papel para continuar circulando a nivel nacional, debido a que la Dirección General de Aduanas (DGA) secuestró en un almacén fiscal la materia prima del último rotativo nicaragüense. Horas después, la Policía se tomó las instalaciones de La Prensa, retuvo durante dos horas a un grupo de trabajadores y arrestó al gerente general del diario, Juan Lorenzo Holmann.
Las instalaciones de La Prensa continúan ocupadas por la Policía y su gerente general permanece detenido en la Dirección de Auxilio Judicial, donde ha presentado serios problemas de salud, que incluyen severo daños en su vista. Holmann fue acusado por la justicia del régimen por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos y su juicio político está pendiente.
Cancelación transmisión de programas críticos en la radio
Dos programas radiales críticos con el régimen orteguista, Confidencial Radio y Onda Local, fueron suspendidos por Radio Corporación, en la que eran transmitidos, bajo el argumento que estaban relacionados a un caso de lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh).
“La emisora que habla el lenguaje de su pueblo ha tomado la difícil decisión de suspender todas las transmisiones y programas que son dirigidos o pagados por personas señaladas y acusadas de ‘lavado de dinero’ por el Ministerio Público”, informó Radio Corporación, en su página web.
Onda Local fue suspendido el 29 de agosto de 2021, cinco días después que Radio Corporación le notificó a Carlos Fernando Chamorro, director de CONFIDENCIAL y Esta Semana, que dejarían de transmitir el programa Confidencial Radio.
Dos semanas después, el 11 de septiembre de 2021, la Dirección General de Ingresos (DGI) embargó las instalaciones de Nicavisión Canal 12, los vehículos de ese medio de comunicación y hasta la casa de su propietario, Mariano Valle, por un reparo fiscal de 21 millones de córdobas.
Ese año también salió del aire Radio Universidad, aunque la noticia del cierre definitivo se conoció públicamente hasta febrero de 2022.
Nueva ola de periodistas exiliados
La escalada represiva del régimen también impulsó una segunda ola de periodistas exiliados. Según un monitoreo de la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) una veintena de periodistas salió del país entre mayo y julio de 2021, luego de haber sido interrogados por la Fiscalía o ser amenazados con la aplicación de la Ley de Ciberdelitos.
Mientras tanto, en el interior del país continuó el asedio a periodistas y medios de comunicación. Varios reporteros denunciaron que les fue impuesta la medida de restricción migratoria y fueron sometidos a revisiones exhaustivas cuando intentaban dar cobertura a actividades políticas. Kalúa Salazar, de la radioemisora La Costeñísima, fue una de las periodistas más vigiladas por la Policía.
Hackeo a cuentas sociales de medios de comunicación
Las cuentas de Whatsapp de CONFIDENCIAL, Bacanalnica y Canal 10, fueron usurpadas la noche del 6 de enero de 2022 por personas ajenas a estos medios de comunicación. En las cuentas de CONFIDENCIAL y Bacanalnica, los usurpadores difundieron información obscena y también propaganda política a favor del FSLN.
También el medio de comunicación Artículo 66 advirtió, ese mismo día, un intento de hackeo a su número de Whatsapp y el 29 de ese mismo mes fue hackeada la cuenta de Twitter de 100% Noticias, que fue recuperada horas después.
Condenas por "Ley Mordaza"
Donald Alvarenga se convirtió el 13 de enero de 2022 en el primer nicaragüense condenado por la Ley Especial de Ciberdelitos o "Ley Mordaza" y la “Ley de Soberanía”. A él la justicia del régimen lo condenó a siete años de cárcel en un juicio político donde no fueron tomados en cuenta las pruebas de la defensa. Un mes después el nicaragüense Douglas Cerros Lanzas fue condenado a 12 años de cárcel por los supuestos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas.
También el campesino Santos Bellorín fue condenado a 11 años de cárcel: seis años por el supuesto “delito de menoscabo a la integridad nacional (conspiración)”, y cinco años por presuntamente propagar noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Aunque el hombre no poseía un teléfono inteligente, ni redes sociales. Decenas de presos políticos en el sistema penitenciario y las celdas de El Chipote, también son procesados y condenados bajo la "Ley Mordaza", que atenta contra la libertad de prensa y expresión en Nicaragua.
